nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazó de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que importaría la afectación de las garantías establecidas en los N°2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se acoja el presente recurso y que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Expone que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana y Licenciado en Administración, con residencia definitiva en Chile, ha prestado servicios profesionales en el país, durante los cuales se le han descontado cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía, manifestando en los diversos contratos expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros.

En este contexto, el recurrente presentó una solicitud ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales, de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada ley, acompañando la documentación requerida por la ley, a saber, contratos de trabajo y/o anexos con cláusula de exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros con residencia definitiva, y constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela.

Posteriormente, habría recibido una comunicación de fecha 16 de septiembre de 2025, que indicaba que su solicitud había sido anulada, bajo el argumento de que el certificado de afiliación debía estar debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante esta situación, el recurrente elevó un reclamo a la Superintendencia de Pensiones, el cual fue respondido por la AFP Planvital el 22 de septiembre de 2025, reiterando la anulación de la solicitud.

Argumenta el recurrente que la anulación no es una forma válida de resolución según la normativa, la cual exige una respuesta de aceptación o rechazo.

Aduce que la recurrida basa su decisión en la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige que la documentación sea emitida por la institución previsional competente y presentada debidamente apostillada o legalizada, y sostiene que la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva.

Afirma que el recurrente señala que cumplió con todos los requisitos solicitados, salvo la apostilla de la constancia de afiliación al sistema venezolano, lo que atribuye a una imposibilidad material por la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile, calificándolo como un caso fortuito conforme al artículo 45 del Código Civil.

En este sentido, agrega que la constancia de afiliación de seguro social es verificable ingresando a la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) con la cédula de identidad venezolana, lo que permite constatar su validez y vigencia. Además, indica que la constancia de afiliación evidencia que el régimen previsional venezolano otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, cumpliendo así con los requisitos del artículo 1 de la Ley N°18.156.

Conforme lo anterior, afirma que el rechazo de su solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política y del artículo 11 de la Ley N°19.880.

Sostiene que la constancia electrónica de afiliación emana de un organismo público, es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana y se acompaña junto a una declaración jurada legalizada.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, indica que la conducta de la AFP vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, al exigir requisitos no establecidos y realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, conculcando el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales.

Afirma que los fondos previsionales son propiedad individual del afiliado y que las limitaciones a su acceso deben ser legales, razonables y proporcionales y que el actuar de la recurrida genera un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución con documentos similares, y priva al recurrente del ejercicio legítimo de su propiedad sobre sus fondos previsionales sin justificación legal alguna Finalmente, denuncia la afectación del derecho previsto en el N°26 del artículo 19 de la Constitución, al afectarse los derechos en su esencia e imponerse condiciones que impiden su libre ejercicio, toda vez que se detiene el retiro de los fondos de pensión del recurrente, siendo estos de su exclusiva propiedad y cumpliendo con los requisitos de la Ley N°18.156.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada por el recurrente, procediendo la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. a seguir con la tramitación de su solicitud y a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 16 de septiembre de 2025, don nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, la cual fue rechazada y comunicada el 17 de septiembre de 2025, debido a que los documentos presentados, específicamente una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento', adolecen de problemas.

En efecto, señala que el Oficio Ordinario N° 12.954, de 15 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, indica que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el trabajador debe acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, haber contado con cobertura por todos los riesgos exigidos durante su permanencia en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada conforme al Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil. Este oficio establece la ineficacia de las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos, así como de las declaraciones juradas del afiliado, por no emanar de la autoridad previsional competente. Concluye el oficio que los documentos venezolanos deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela.

A continuación, hace presente que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de tres requisitos: a) calidad de 'técnicos', b) afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y c) manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo.

Conforme lo anterior, sostiene que el rechazo no fue ilegal ni arbitrario, fundándose en las normas legales que regulan la materia y las administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, específicamente el artículo 1°, letra a) de la Ley N° 18.156, y los artículos 2° y 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, que otorgan a la Superintendencia de Pensiones la función de interpretar la legislación y reglamentación, impartir normas obligatorias para las Administradoras y velar por su cumplimiento.

Reitera que la aplicación del Oficio Ordinario N° 12.954 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones es obligatoria para Plan Vital y afirma que su actuar ha sido razonado y en igualdad de trato con sus afiliados, sin arbitrariedad.

Agrega que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a la devolución, siendo un acto administrativo subsanable, como lo ha establecido la Excma. Corte Suprema, permitiendo al recurrente presentar nuevamente los documentos.

Finalmente, sostiene que la acción de protección no es el medio idóneo para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible derechos fundamentales, y que el recurrente cuenta con otros mecanismos para plantear su situación.

Por lo anterior, estima que su representada no ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

NOVENO: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°22.292-2025.