nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingeniera industrial, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (AFP Modelo), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo y/o detención de la tramitación de su solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, notificado mediante comunicación de fecha 24 de septiembre de 2025.

La recurrente expone que cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156 para eximirse de la obligación de cotizar y retirar sus fondos, a saber: ostentar la calidad de técnico o profesional, tener un contrato de trabajo con cláusula de mantenimiento de afiliación extranjera y encontrarse afiliada a un régimen de seguridad social fuera de Chile. Señala que acompañó su título profesional apostillado, contratos de trabajo, cédula de identidad y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Sostiene que la recurrida exige arbitrariamente que dicha constancia del IVSS se encuentre apostillada o legalizada, requisito que, a su juicio, no está contemplado en la ley y que resulta de imposible cumplimiento debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Argumenta que la constancia electrónica cuenta con un código de verificación QR y alfanumérico validable en línea, lo que acreditaría fehacientemente la cobertura. Estima vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República), solicitando que se ordene a la recurrida dar curso a la devolución de sus fondos.

SEGUNDO: Que evacuó informe don nombre reservado, en representación de AFP Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala que su representada no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, sino en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Explica que la solicitud fue rechazada principalmente por dos motivos:

1) La recurrente presentó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" simple, sin firma de autoridad competente y carente de legalización o apostilla, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones impartidas por el ente regulador (Oficios N° 3141/2024 y N° 12954/2025), los cuales establecen que las certificaciones extranjeras deben cumplir con las formalidades legales para tener validez en Chile.

2) La recurrente registra cotizaciones con el empleador "Logística, Transporte y Servicio LTS Ltda." desde noviembre de 2017 a la fecha, y se verificó que la actora ya había realizado un retiro de fondos bajo la Ley N° 18.156 anteriormente con el mismo empleador. Sostiene que, al continuar cotizando tras un primer retiro, se entiende producida la reafiliación al sistema chileno (DL 3.500), lo que impide una nueva devolución salvo que se acredite una nueva exención con los requisitos íntegros, lo cual no ocurre en la especie.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen. Para que esta acción prospere, es requisito sine qua non la existencia de un derecho incuestionable y la constatación de una conducta de la recurrida que carezca de fundamento legal o racional.

CUARTO: Que el asunto controvertido se circunscribe a determinar si la negativa de AFP Modelo S.A. a cursar la devolución de fondos previsionales solicitada por la actora se ajusta a derecho o si, por el contrario, adolece de ilegalidad o arbitrariedad al exigir la legalización o apostilla de la documentación previsional extranjera y al considerar la situación previsional previa de la afiliada.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que permite a los técnicos extranjeros la devolución de sus fondos previsionales siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Al respecto, la Superintendencia de Pensiones, órgano fiscalizador cuyas instrucciones son obligatorias para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500, ha instruido reiteradamente —y ratificado en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025— que la acreditación de la afiliación extranjera debe efectuarse mediante documentos oficiales que cumplan con las formalidades del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, esto es, debidamente legalizados o apostillados. La autoridad administrativa ha sido clara en señalar que las impresiones de constancias electrónicas que no cumplen con estas formalidades, o que solo contienen declaraciones genéricas de cobertura, no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito legal.

SEXTO: Que, en la especie, es un hecho no discutido que la documentación presentada por la recurrente consistente en la constancia del IVSS no se encuentra apostillada ni legalizada. Si bien la recurrente alega dificultades diplomáticas para la obtención de dichas legalizaciones, tal circunstancia fáctica no faculta a la entidad administradora recurrida para eximirse del cumplimiento de las normas de orden público que rigen la validez de los instrumentos públicos extranjeros en Chile. La AFP, como entidad fiscalizada, carece de potestad para validar documentos que no se ajustan a la legalidad vigente instruida por su regulador. En consecuencia, al exigir las formalidades legales, la recurrida no ha actuado por capricho, sino en obediencia al marco normativo que la rige, lo que descarta la ilegalidad y la arbitrariedad en este punto.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento y tal como consta en el informe de la recurrida, existe un antecedente sustancial que impide acoger la acción. La AFP Modelo S.A. ha informado que la actora ya habría efectuado un retiro de fondos bajo la Ley N° 18.156 con anterioridad, manteniendo posteriormente la continuidad de sus cotizaciones con el mismo empleador por un largo periodo. Conforme a la normativa del sector y la jurisprudencia administrativa (Oficio N° 24.472 de 2015 de la Superintendencia de Pensiones), si un trabajador extranjero retira sus fondos y posteriormente continúa cotizando o autoriza el entero de cotizaciones, se entiende que ha operado una reafiliación al sistema previsional chileno (D.L. 3.500). Esta situación jurídica controvierte el derecho de la recurrente a un nuevo retiro bajo la misma causal sin acreditar fehacientemente una nueva situación de exención, transformando el derecho reclamado en uno de naturaleza discutida, lo que escapa al ámbito de competencia de esta acción cautelar.

OCTAVO: Que, en virtud de lo razonado, no se vislumbra ilegalidad en el actuar de la Administradora, pues su decisión se funda en la Ley N° 18.156, el D.L. N° 3.500 y las instrucciones vigentes de la Superintendencia de Pensiones. Tampoco se observa arbitrariedad, toda vez que la exigencia de documentos apostillados y la revisión del historial de cotizaciones para verificar la reafiliación son medidas de resguardo de los fondos y de cumplimiento normativo, y no actos antojadizos.

Al no existir un derecho indubitado que cautelar, y no habiéndose acreditado el cumplimiento íntegro de los requisitos legales exigibles para la devolución de fondos en la forma prescrita por la ley, la presente acción no puede prosperar.

NOVENO: Que, finalmente, el rechazo de esta acción no impide que la recurrente, una vez que logre obtener la documentación con las formalidades legales exigidas o subsane las observaciones respecto a su historial previsional, pueda someter nuevamente su solicitud a la consideración de la entidad previsional o reclamar ante la autoridad administrativa correspondiente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sin costas, por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-22287-2025.