nombre reservado con AFP PROVIDA S.A

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece María Angélica Brown Oropeza, abogada, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, amparada en la Ley N°18.156. Estima que dicho actuar vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la decisión recurrida y se ordene dar curso a la devolución de sus fondos.

Expone que el recurrente es Licenciado en Contaduría Pública y que, cumpliendo con los requisitos de la Ley N°18.156, solicitó a la recurrida la devolución de sus cotizaciones. Señala que acompañó contratos de trabajo, anexos, título profesional apostillado y el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). No obstante, la AFP rechazó la solicitud mediante comunicación de 6 de octubre de 2025, indicando que el certificado de afiliación debía estar apostillado o legalizado.

Argumenta que cumple cabalmente con las exigencias de los artículos 1° y 7° de la referida ley. Sostiene que la exigencia de la AFP desconoce la validez de la documentación electrónica emitida por el IVSS y pasa por alto la imposibilidad material de obtener apostillas o legalizaciones consulares debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela y el consecuente cierre de la embajada. Alega que esta situación de fuerza mayor hace imposible el cumplimiento de la formalidad exigida, por lo que la negativa de la AFP, basada en una interpretación restrictiva y formalista, constituye un acto arbitrario que le impide disponer de su propiedad y lo discrimina frente a otros solicitantes.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, comparece doña Ana María Herrera Brümmer, abogada, en representación de AFP Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Sostiene, en primer término, la improcedencia de la acción cautelar para resolver materias de lato conocimiento que requieren un juicio contradictorio, como es la determinación de la validez de documentos extranjeros no legalizados y la interpretación de normas de seguridad social. En cuanto al fondo, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario. Reconoce haber rechazado la solicitud del actor, fundamentando su decisión en que el "Certificado de Afiliación" del IVSS presentado no se encontraba apostillado ni legalizado, requisito indispensable para que los documentos públicos extranjeros tengan valor probatorio en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Haya sobre la Apostilla.

Destaca que la AFP debe someterse estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. En este sentido, invoca el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, emitido por dicho organismo fiscalizador, el cual instruye expresamente que, tras el cierre de la Embajada de Venezuela, las certificaciones electrónicas (Constancias de Cotizaciones) que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad competente venezolana, y que no se encuentren firmadas por quien las emite, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Concluye que la administradora se ha limitado a cumplir la normativa vigente y las instrucciones de su regulador, por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la controversia se centra en determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por parte de AFP Provida S.A., fundado en la falta de apostilla o legalización del certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS), constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías del recurrente.

QUINTO: Que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que permite a los técnicos y profesionales extranjeros eximirse de la obligación de cotizar en Chile o retirar sus fondos, siempre que acrediten, entre otros requisitos, estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El artículo 7° de la misma ley condiciona la devolución de fondos al cumplimiento de los requisitos del artículo 1°.

Al tratarse de una norma de excepción al régimen general de seguridad social chileno, su interpretación debe ser estricta, y la acreditación de los requisitos habilitantes debe ser fehaciente.

SEXTO: Que, para acreditar la afiliación al sistema extranjero, el recurrente acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida supuestamente por el IVSS. Sin embargo, no se discute en autos que dicho documento carece de la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sobre el particular, el ordenamiento jurídico nacional, específicamente los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Convenio de la Haya sobre la Apostilla, exige que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean legalizados o apostillados para tener valor en juicio o ante autoridades nacionales. Esta exigencia no es una mera formalidad, sino el mecanismo legal para certificar la autenticidad y vigencia de documentos emanados de autoridades foráneas.

SÉPTIMO: Que, respecto a la alegación de imposibilidad material o fuerza mayor por el cierre de la representación diplomática, si bien esta Corte comprende las dificultades expuestas por el actor, no puede soslayarse que la recurrida, AFP Provida S.A., es una entidad fiscalizada que debe obrar conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

En este sentido, consta en el proceso el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emanado de la Superintendencia de Pensiones. Dicho acto administrativo aborda específicamente la situación de los afiliados venezolanos tras el cierre de la embajada y establece categóricamente que: "las certificaciones electrónicas... emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana... no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156".

OCTAVO: Que, en consecuencia, al rechazar la solicitud de devolución de fondos, la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal, pues ha actuado en estricto apego a las normas procesales sobre validez de documentos extranjeros y a las instrucciones obligatorias impartidas por el órgano regulador competente. Tampoco puede calificarse su actuar de arbitrario, toda vez que la decisión no obedece a un mero capricho, sino que se sustenta en un fundamento racional y normativo, cual es la falta de certeza jurídica sobre la autenticidad y vigencia de la cobertura previsional extranjera, requisito esencial para proceder a la entrega de los fondos que tienen un fin constitucionalmente protegido, como es la seguridad social.

NOVENO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, dado que la exigencia de legalización o apostilla es una norma general aplicable a todo documento extranjero, sin distinción de nacionalidad, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Así entonces, en tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22283-2025.