nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, denunciando como acto ilegal y arbitrario los descuentos efectuados en sus remuneraciones por concepto de un crédito social contratado el 16 de abril de 2021, por un monto de $5.057.594.

Expone que, tras incurrir en mora, la recurrida dedujo en su contra demanda ejecutiva ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-1-2023, por lo que estima que aquélla optó por la vía judicial para obtener el pago de la deuda.

Señala que, no obstante ello, desde noviembre de 2025 comenzaron a practicarse descuentos en sus remuneraciones, afectando su situación económica y la de su grupo familiar.

Alega que dicha conducta es ilegal y arbitraria, al constituir dichos descuentos una forma de autotutela y un doble cobro de la obligación, pues la acreedora mantiene vigente una acción judicial destinada al cobro del mismo crédito, vulnerando con ello su derecho de propiedad sobre las remuneraciones percibidas por su trabajo, trasgrediendo además el artículo 58 del Código del Trabajo.

Cita, por último, en apoyo de su pretensión diversa jurisprudencia relativa a descuentos efectuados por Cajas de Compensación respecto de créditos sociales.

Por todo ello, solicita que se deje sin efecto el descuento por planilla, se restituyan las sumas descontadas desde noviembre de 2025 y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al informar, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el recurrente contrató con fecha 16 de abril de 2021 el crédito social N°181CON102302075 y que, producto de la mora en su pago, reprogramó la deuda el 22 de septiembre de 2023, encontrándose actualmente vigente, exigible y sin declaración judicial de prescripción.

Añade que el inicio de la cobranza judicial obedeció al cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social y no a una decisión discrecional de la Caja, por tratarse de un crédito moroso de más de 100 Unidades de Fomento, agregando que la Circular N°3894, de 13 de noviembre de 2025, que modificó el Compendio de Normas de las Cajas de Compensación, permite compatibilizar la existencia de un juicio ejecutivo con el reinicio de descuentos por planilla, debiendo imputarse las sumas descontadas a la deuda perseguida judicialmente.

Sostiene que el descuento por planilla constituye un mecanismo legal de pago propio de los créditos sociales regulados por la Ley N°18.833, obligatorio para el empleador y distinto de una gestión de cobranza extrajudicial, agregando que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que no ha ocurrido en la especie.

Niega la existencia de una vulneración al derecho de propiedad, afirmando que los descuentos se fundan en una obligación legal respecto de un crédito vigente y exigible, cuyo reinicio sólo requiere comunicación previa al deudor.

Finalmente, sostiene que no existe doble cobro, puesto que las sumas enteradas mediante descuentos deben imputarse a la deuda en la liquidación del respectivo juicio ejecutivo, citando diversa jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que habría rechazado acciones constitucionales deducidas en situaciones análogas.

Así, concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a su parte, que afecte los derechos fundamentales del recurrente, por lo que pide se desestime la acción constitucional deducida en su contra.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes aparece que la controversia planteada dice relación con la procedencia de los descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente por concepto de un crédito social otorgado por la recurrida, respecto del cual ésta sostiene que se encuentra vigente y exigible, mientras que el primero afirma que, habiendo la Caja iniciado previamente acciones de cobro judicial, carecía de facultades para reanudar los descuentos por planilla.

Así, fluye que la cuestión debatida supone determinar el alcance de las facultades de cobro previstas en el artículo 22 de la Ley N°18.833, la compatibilidad entre el descuento de remuneraciones y la existencia de un procedimiento ejecutivo pendiente, la vigencia y exigibilidad de la obligación, así como la eventual procedencia de alegaciones relativas a la prescripción o imputación de pagos, materias que requieren un examen de fondo y una actividad probatoria incompatible con la naturaleza cautelar y de cognición restringida propia de esta acción constitucional.

QUINTO: Que, en tales condiciones, no se advierte la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que pueda estimarse actualmente vulnerado en los términos exigidos para la procedencia de la acción de protección, motivo por el cual el arbitrio intentado no puede prosperar y será rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Acordado lo anterior, con el voto en contra del ministro señor Rivera, quien estuvo por acoger el recurso y disponer el cese de los descuentos y ordenar la devolución de las sumas retenidas, teniendo presente para ello los siguientes argumentos:

1° Que, el mecanismo de descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 está concebido para el cobro oportuno y periódico de cuotas de créditos sociales, y no para la satisfacción de una obligación cuya exigibilidad total ha sido previamente reclamada en sede judicial, como ocurre en la especie. En efecto, al haber la recurrida ejercido la acción ejecutiva y acelerado el crédito, este dejó de estar representado en parcialidades, deviniendo en puro y simple, de modo que, al momento de disponerse los descuentos impugnados, no existían cuotas vigentes susceptibles de ser cobradas por esta vía especial, lo que torna improcedente su utilización.

2° Que, así las cosas, el actuar de la recurrida deviene en ilegal y arbitrario, desde que, tras haber acudido a la vía jurisdiccional para obtener el pago íntegro de su acreencia, pretende posteriormente reactivar su cobro mediante descuentos unilaterales de la remuneración del trabajador, desconociendo los efectos de su propia actuación procesal. Tal conducta importa, en los hechos, una forma de autotutela no permitida por el ordenamiento jurídico.

3° Que, en consecuencia, a juicio de quien diside, el proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al afectar ilegítimamente el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándolo de parte de ellas sin fundamento legal suficiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 2.228-2026.