nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMISIÓ

C.A de Santiago Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Juan Carlos Silva Q., en representación de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exentas N° R-01-UNAAD-19368-2023 de 13 de febrero de 2023, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s, 69329517-3, 73468708-1, extendidas por un total de 180 días, a contar del 21 de abril de 2022 y en la Resolución Exenta N° 01-UME-27904-2023 de fecha 28 de febrero del 2023, la cual también confirma el rechazo de la licencia médica N° 77458759-4 extendida por un total de 90 días a contar del 18 de octubre del 2022, por considerar que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encuentra justificado, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en los numerales 1 y 24 en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso expone que, con fecha 28 de febrero de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social, emite la última resolución en cuanto a la solicitud efectuada el actor con fecha 28 de diciembre de 2022, reclamando por cuanto la COMPIN confirmó rechazo de licencias médicas argumentando que el reposo no se encontraba justificado. Asimismo, la SUSESO enfatizó en señalar que dicho argumento se justifica en que la dolencia en cuestión del recurrente le produce una “incapacidad permanente no crónica, no susceptible de revertir con el reposo”.

Menciona que, al recurrente desde el año 1994 lo aqueja una insuficiencia renal, la que se agravó durante el año sufriendo una crisis por la cual fue hospitalizado y quedó sometido a Diálisis, requiriendo un trasplante de órganos, que a la fecha de presentación del recurso no se concreta.

Sostiene que, al contrario de la última resolución citada en el año 2020, la SUSESO (en resolución de fecha 06 de enero del año 2020), momento en el cual se produce el primer rechazo de licencias médicas, señaló: “Que, se sometieron los antecedentes acompañados a la revisión de los profesionales médicos de esta Superintendencia, quienes concluyeron que en base a los antecedentes disponibles, dentro de otros, el correspondiente certificado de la Unidad de Trasplante del Hospital Dr. Sotero del Río, que da cuenta de la situación clínica del paciente, en orden a que se encuentra en estudio para trasplante renal, el reposo a este indicando en la singularizada licencia médica, se encuentra justificado.” Con lo cual la SUSESO resuelve y ordena a la Comisión Médica proceder en la situación y modificar la pertinente resolución del rechazo”.

Arguye que, si bien los argumentos de la SUSESO se basan en la extensión prolongada en el tiempo del subsidio por enfermedad, a su vez, argumenta que la incapacidad que aqueja al actor se trata de una “incapacidad crónica, no susceptible de revertir con el reposo, configurándose una incapacidad permanente por lo cual no corresponde la autorización de nuevas licencias médicas por igual diagnóstico”.

Indica que, con fecha 23 de diciembre del año 2022, el recurrente recurre nuevamente a la SUSESO, solicitando se reconsidere el dictamen R-01-UME-175265- 2022 que confirma el rechazo de licencias médicas n°69329517-3, 73468708-1 por un total de 180 días a contar del 21 de abril del año 2022 nuevamente por reposo no justificado. La SUSESO rechaza la solicitud de reposición de la resolución exenta antes mencionada y mantiene el rechazo de licencias médicas.

Asimismo, según Resolución Exenta N° R-01-UME27904-2023 de fecha 28 de febrero del presente año, la cual también confirma el rechazo de la licencia médica n° 77458759-4 extendida por un total de 90 días a contar del 18 de octubre del 2022 también por reposo no justificado.

Indica que, si bien los argumentos de la SUSESO se basan en la extensión prolongada en el tiempo del subsidio por enfermedad, a su vez, argumenta que la incapacidad que aqueja al actor se trata de una “incapacidad crónica, no susceptible de revertir con el reposo, configurándose una incapacidad permanente por lo cual no corresponde al autorización de nuevas licencias médicas por igual diagnostico”, entonces, sostiene que, tanto la SUSESO como la COMPIN establecen y sentencian al actor a no revertir su condición, ignorando además la espera para someterse a un trasplante de riñón, decretan su condición de salud y cierran la posibilidad de la evolución favorable.

Menciona la falta de fundamentación en los argumentos esgrimidos por la recurrida, sin otorgar una solución viable y cuestionando el actuar de los médicos, indicando además que el estado en el que se encuentra su representado es condenatorio en su estado de salud, lo cual considera altamente grave como argumento de una institución pública, que por lo demás, no ofrece garantías y cuestiona el actuar del paciente Expresa que mientras no exista un Seguro de invalidez que proteja su representado, no es factible negar el pago de licencias médicas sin que el acto administrativo se encuentre plenamente fundado.

Afirma que, todo lo anterior altera y transgrede los derechos fundamentales del recurrente.

Hace presente que las licencias médicas del señor nombre reservado tienen su origen en un hecho real y natural, como lo es una enfermedad física; y es que, ante la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones económicas, no ha podido tener un tratamiento optimo, adecuado y humano frente a una enfermedad costosa y que no permite tener un estilo de vida adecuado a su edad.

En cuanto a la arbitrariedad, refiere que tal como ha expuesto con anterioridad tanto la SUSESO como la COMPIN argumentan su rechazo en una causal sin fundamento plausible, ignorando la normal legal y rechazando de plano licencias médicas válidas de emitir bajo el contexto en que se encuentra su representado, por lo que no da razón de su actuar real, para posterior a ese error emitir resoluciones sin fundamento suficiente para el rechazo.

Asimismo, indica que el acto recurrido es ilegal ya que infringe los artículos 3, 30 y 41 de la Ley N° 19.880 y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria, por considerar que el reposo no se encuentra justificado, infringiendo así la normativa referida a la fundamentación de los actos administrativos.

Así las cosas, por su parte, las resoluciones que por este acto se recurren, se limitan a transcribir los parámetros a considerar, sin indicar cómo en el caso concreto uno u otro afectan a la determinación de la decisión acordada y que en definitiva rechazó -por parte del COMPIN- y a la vez mantuvo -SUSESO- el rechazo de las licencias médicas ya indicadas por reposo médico y cuyo origen se justifica en los hechos descritos precedentemente.

Afirma que, conforme a los antecedentes que fueron aportados aparece que la decisión de las recurridas de rechazar las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado por el médico tratante, no se encuentra justificado, carencia que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se niega el derecho a dicho reposo.

En cuanto a los fundamentos de derecho, arguye que, el ejercicio de la potestad administrativa se encuentra sometido al deber general de fundamentación extraído del artículo 41 de la Ley Nº 19.880, exigencia que en la especie figura incumplida, al no resultar explicado razonablemente por qué la autoridad administrativa -recurridas- han rechazado las referidas licencias médicas. De este modo, indica que se debe tener presente lo dispuesto por los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

En ese sentido, esgrime que, conforme a los antecedentes que fueron Aportados aparece que la decisión de las recurridas de rechazar las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado por el médico tratante, no se encuentra justificado, carencia que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se niega el derecho a dicho reposo.

Agrega que la excesiva demora en dar respuesta a los reclamos ha significado para su representado un serio daño económico ya que las licencias médicas rechazadas, ninguna de ellas fueron efectivamente pagadas, lo que constituyen deudas en la actualidad, debiendo cubrirse costos para de alimentación y vivienda de forma íntegra y personal con recurso propios, respecto de lo anterior, hace hincapié en que los órganos del estado deben responder a los requerimientos de los usuarios con celeridad, además actuando por iniciativa propia en la iniciación del procedimiento y en su prosecución, removiendo cualquier obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión. Al respecto, existe mandato legal expreso en el artículo 7° de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Asimismo, conforme a la normativa relacionada la COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL pueden recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual en el presente caso no se realizó en ninguna de las etapas que fueron parte y elaboraron su respuesta final actuando el ente administrativo sin justificación alguna, teniendo en cuenta que no existe otro antecedente relevante que lleve a estimar improcedente la orden de reposo, ni se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que reitera, sin duda alguna, torna en arbitraria la actuación de las recurridas y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, entre otras garantías constitucionales, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

Así las cosas, el actuar de las recurridas, infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. Expresa que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica, suple a la remuneración del trabajador que se encuentra afectado con una determinada incapacidad laboral, y que, en definitiva, su rechazo implica que el dependiente que ha hecho uso de la licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos según la patología que padece, comprometiendo y conculcando de esta forma, su derecho a la vida e integridad física y psíquica.

Que además el actuar de la recurrida representa una vulneración al número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Lo anterior, ya que mantener el rechazo de las referidas licencias médicas, constituye una privación de la remuneración monetaria a la cual tiene derecho el suscrita, esta situación afecta consecuencialmente, el derecho de propiedad de su representado.

También el acto recurrido es ilegal ya que infringe los artículos 3 y 30 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas reales y efectivas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria, solo mencionado fundamentos vagos e imprecisos, y erróneos argumentos carente de fundamentación comprobable y debidamente acreditada.

Por todo lo anterior, previas citas legales, pide declarar arbitraria e ilegal la resolución administrativa recurrida; ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar las licencias médicas rechazadas, como asimismo al Compín; y adoptar las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto o, en subsidio de todo, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, comparece nombre reservado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), señala que, analizados los antecedentes de la recurrente en la base de datos del sistema Fonasa, se desprende que COMPIN R.M., resolvió rechazar las Licencias Médicas N°s 77458759-4, 69329517-3, 73468708-1, reclamadas.

Respecto del rechazo de la Licencia Médica N° 77458759-4, indica que se presenta sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo y rol terapéutico En cuanto al rechazo del recurso de reposición impetrado en contra del rechazo de la Licencia N° 77458759-4, refiere se adjuntó informe médico emitido por medico nefrólogo, de fecha agosto/2022, del cual no se pueden desprender argumentos para prolongar reposo.

En el caso de las Licencias Médicas N°s 3-69329517 y 3-73468708, se rechazan toda vez que no presenta antecedentes médicos que justifiquen prolongación y rol terapéutico de la Licencia Médica. No se adjunta informe médico actualizado, plan de recuperabilidad, certificado de lista de espera, informe de especialista ni antecedentes que permitan justificar prolongación de reposo o que este cumpla un rol terapéutico.

Refiere que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Sostiene que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Finalmente, hace presente que el caso del presente recurso ya ha sido analizado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas.

TERCERO: Que, en representación de SUSESO, informando el recurso comparece el abogado don nombre reservado, quien solicita se declare la extemporaneidad en el ejercicio de la acción, fundándola en que la recurrente ejerció acción constitucional con fecha 8 de marzo de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compín de los formularios en comento, en virtud de la presentación que realizó con fecha 13 de agosto de 2022, respecto de las licencias reclamadas.

Explica que el rechazo de esta licencia médica fue dispuesto por la referida COMPIN más de 6 meses atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 8 de marzo de 2023.

Por esas consideraciones, solicita el rechazo del recurso, por extemporáneo, con costas.

Luego, en subsidio, solicita se declare improcedente el recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo de la acción deducida expone el marco legal aplicable a las licencias médicas, su procedimiento de autorización, las facultades de la SUSESO en la materia y finalmente, controvierte la existencia de un derecho indubitado en la recurrente, ya que su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Sostiene respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo de la actora en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dicha Resolución Exenta, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Argumenta que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el acto recurrido, puesto que se dio cumplimiento con todas las normas legales y reglamentarias que regulan la materia. De la misma forma, señala que el derecho a licencia médica no reúne la condición de un derecho preexistente e indubitado, por lo que desborda el límite de aplicación de la acción de protección. Añade que no ha existido vulneración ni amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Por lo anterior, solicita que se rechace la presente acción, por improcedente, en subsidio, atendidas las alegaciones de fondo, sea desestimada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que se confirmó el rechazo de las licencias médicas del recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resoluciones Exentas N° R-01-UNAAD-19368-2023 y N° R-01-UME-27904-2023, de 13 y 28 de febrero de 2023, respectivamente, con las que se puso término a los procedimientos en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 8 de marzo de 2023, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.

SÉPTIMO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de la seguridad social como alega una de las recurridas.

OCTAVO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente los expedientes administrativos en los que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-19368-2023, de 13 de febrero de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la solicitud de reposición de la Resolución Exenta N° R-01-UME-175265-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA , en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 69329517-3, 73468708-1, extendidas por un total de 180 días a contar del 21 de abril de 2022, por reposo no justificado.

En efecto, la Resolución Exenta en comento señala: “Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes.

Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador.”.

Asimismo, contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-27904-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° 77458759-4, extendida por un total de 90 días a contar del 18 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En la misma se señala “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 77458759-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el período de reposo transcurrido de más de 2390 días por la patología sin que haya logrado la recuperación de su salud y el reintegro laboral y los antecedentes evaluados entre los que se encuentran el Maestro Histórico de Licencias Médicas de la entidad previsora de salud y los antecedentes que acompañan la actual presentación, permiten establecer que la dolencia en cuestión le produce una incapacidad para trabajar crónica, no susceptible de revertir con el reposo, configurándose una incapacidad permanente no correspondiendo la autorización de nuevas licencias médicas por igual diagnóstico.

Cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará su capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral.”.

NOVENO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DÉCIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”.

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”.

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”.

DUODÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico- cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO TERCERO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no existe razón alguna que permitan sustentar dicha variación, ya que mantiene el diagnóstico del médico tratante y que se encuentra en espera para trasplante renal con decaimiento y malestares generales, y lo mismo se indica en los dos informes citados de profesionales de la Superintendencia que provienen de revisión de ficha médica del paciente.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza las licencias ya indicadas, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la COMPIN y de la SUSESO, se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar fundadas en los mismos antecedentes, máxime si su estado de salud no ha variado.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, por no especificar los fundamentos de su determinación, y carece de razonabilidad al exigir al actor para efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes, en circunstancias que padece una enfermedad renal crónica.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, y tales antecedentes son los mismos que previamente sí lo respaldaron.

En atención a lo expuesto, la ausencia de justificación, lleva a considerar que la decisión de la COMPIN y la SUCESO carece de fundamento toda vez que no ha cambiado el diagnóstico del recurrente ni su historial clínico.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de actor quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad II.- Se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta a favor de nombre reservado.

III. Se deja sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-19368-2023, de 13 de febrero de 2023, y se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social, disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente modifique la pertinente resolución de rechazo de las licencias 69329517-3, 73468708-1, extendidas por un total de 180 días a contar del 21 de abril de 2022, con el objeto de que se pague el correspondiente subsidio por incapacidad laboral a que tiene el derecho nombre reservado.

IV.- Se deja sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-27904-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, debiendo la recurrida Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente modifique la pertinente resolución de rechazo de la licencia N° 77458759-4, extendida por un total de 90 días a contar del 18 de octubre de 2022, con el mismo objeto el numeral III de lo resolutivo de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (S) señora Soledad Orellana.

Protección Rol N° 2228 – 2023 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Paola Danai Hasbun Mancilla e integrada, además, la ministro (S) señora Soledad Orellana Pino y el abogado integrante señor Oscar Torres Zagal. No firma la ministra señora Hasbún, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.