nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS HÉROES

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 27 de marzo de este año, comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por haber realizado descuentos a su remuneración de manera ilegal.

Señala que trabaja en la empresa Falabella Retail S.A. como asistente comercial y que el 5 de marzo pasado, se percató que existía un descuento en su liquidación de remuneración, bajo el título “C.C. Los Héroes cuota P”, por una suma de $168.845 y lo que acontecía desde junio de 2017.

Explica que tales descuentos se deben a que en su anterior trabajo solicitó un crédito de consumo de $6.347.114, el cual fue respaldado por un pagaré que suscribió el 25 de mayo de 2011, obligándose a pagar 60 cuotas de $168.845; sin embargo, no pudo seguir pagando desde octubre de 2011, por lo cual la recurrida interpuso una demanda ejecutiva en su contra ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, juicio que se encuentra terminado en la actualidad, pues se declaró el abandono del procedimiento. Hace presente que en mismo juicio, opuso excepción de prescripción, la cual no alcanzó a ser resuelta, por haberse decretado el abandono.

Sostiene que la recurrida pretende cobrar siete años después, una deuda que se encontraría prescrita, mediante los descuentos ilegales que aduce.

En cuanto al derecho, indica que se han vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo cual solicita que se acoja la presente acción, ordenando que se le reintegren todas las sumas descontadas de sus remuneraciones con los intereses respectivos y que la recurrida se abstenga de realizar por sí o mediante terceros, los descuentos de sus remuneraciones, con costas.

Al informar, compareció nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción, en primer lugar, por cuanto el artículo 3° de la Ley N° 18.833, establece el objeto de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, cual es la administración de prestaciones de seguridad social. De esta manera, estas obligaciones se encuentran sometidas a las normas de cobranza previsional, establecidas en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, igual que instituciones como el Instituto de Previsión Social, Fonasa, AFP y Mutuales. Así, el empleador está obligado a descontar la cuota, conforme al artículo 58 del Código del Trabajo. Además, las instrucciones de descuento están contenidas en la Circular de la SUSESO N° 2052, de abril de 2003.

En segundo lugar, sostiene que la actora pagó sólo 4 cuotas y no ha desmentido la deuda. En todo caso, expone que la deuda no se encuentra prescrita, pues esto no ha sido declarado mediante ninguna sentencia judicial, ya que, en el juicio ejecutivo seguido en contra de la recurrente, no se alcanzó a resolver la excepción de prescripción que opuso, pues optó por solicitar el abandono del procedimiento, en vez de propender a que se resolviera dicha excepción.

En tercer lugar, aduce que el recurso es extemporáneo, pues la recurrente indica que los descuentos se efectúan desde junio de 2017.

Asimismo, indica que no existe acto ilegal o arbitrario alguno y que no se ha vulnerado ninguna garantía fundamental, sino que, por el contrario, se ha dado cumplimiento a la normativa legal de descuento.

Por lo anterior, solicita el rechazo de la presente acción por ser extemporánea, y en subsidio, por no existir acto arbitrario o ilegal alguno, con costas.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: En lo que importa a los fines del recurso se encuentra establecida la existencia del acto que lo motiva, esto es, que desde el mes de junio de 2017 la recurrida descontó- cada mes- de la remuneración de la actora la cuota correspondiente al crédito social Nº 100236903, por la suma total de $ 6.607.813, crédito del que sólo había pagado 4 de las 60 cuotas en que se encontraba dividido. La mora de la referida obligación se produjo a contar de la cuota que vencía en octubre del año 2011. La Caja de Compensación presentó demanda ejecutiva de cobro de pagaré el 22 de agosto de 2013 y la ejecutada en dicho juicio- actual recurrente- opuso excepción de prescripción, respecto de la que no hubo pronunciamiento al declararse el abandono del procedimiento.

En cuanto a la extemporaneidad:

Cuarto: Al no existir constancia cierta en autos que la recurrente haya tomado conocimiento del acto en una época distinta a la que invoca, esto es en el mes de junio de 2017, la alegación de extemporaneidad debe ser rechazada, pues el auto acordado que regula la materia, establece que el plazo ha de contarse- en lo que importa al caso que se examina- “desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

En cuanto al fondo:

Quinto: Si bien el artículo 22 de la Ley 18.833.- establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, lo que aconteció en el caso de autos es que la Caja respectiva, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayéndolo así del ámbito extrajudicial que ahora ejerce, retomando los descuentos de dicho crédito- obtenido en el año 2011, en el mes de junio de 2017, lo que conduce a calificar de caprichosa dicha actuación, al pretender revivir un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en el caso de autos, considerando que desde marzo del año 2014, la trabajadora trabaja para un mismo empleador, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que cuenta con otras acciones para perseguir el pago de la obligación respectiva.

Sexto: La sujeción a la Constitución y las leyes y el respeto del principio de igualdad ante la ley, proscribe la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida conducirse motivada y racionalmente, tal como se ha dicho por el máximo Tribunal en los autos rol 6157-2018 “no simplemente potestativo e intempestivo, encontrándose obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones a la afectada, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa de la trabajadora de percibir sus remuneraciones de forma íntegra…”

Séptimo: Constatada la arbitrariedad del acto, de ella deriva la afectación de los derechos de igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la recurrente, en tanto se le priva extemporáneamente de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, no obstante prestar un servicio público asistencial, especialmente en casos como este al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo.

En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, disponiéndose el reintegro y devolución de las sumas descontadas y la abstención por parte de la recurrida de ordenar los descuentos que motivan el presente recurso.

Se previene que el Abogado Integrante señor Decap para el rechazo de la extemporaneidad tiene además presente que aun de estimarse que tuvo noticias del acto desde el mes de junio de 2017, atendida la naturaleza del acto impugnado, esto es “descuentos mensuales”, estima que el plazo ha de contarse cada mes en que se verifica el descuento respectivo.

Acordado lo anterior contra el voto en contra de la Ministra Ravanales quien estuvo por rechazar el recurso de autos, tanto por las razones formales como las de fondo que a continuación se expresan:

1º En cuanto a la forma: Estima la disidente que el recurso fue presentado extemporáneamente, desde que no resulta razonable que se haya tomado solo conocimiento del acto en marzo del año 2018, en circunstancias que los descuentos se venían realizando desde el mes de marzo del año 2017, considerando que se trata de cuotas de $165.845, y que según consta de los documentos acompañadas por la propia trabajadora su remuneración promedio desde junio de 2017 ascendía aproximadamente a la suma de 900.000.- lo que descarta que no haya podido percatarse de los descuentos que ahora reclama, permitiendo establecer, de acuerdo a las normas de la sana critica, que tomó conocimiento con el primer descuento realizado considerando la incidencia del descuento en su remuneración.

2º En cuanto al fondo: Reconocido como está en el libelo que lo que se cobra tiene su origen en un crédito que la recurrente solicitó en mayo del año 2011 a la Caja de Compensación Los Andes, obligándose a su pago en 60 cuotas mensuales, del que sólo pagó hasta la cuota de septiembre de 2011, y que, demandada ejecutivamente, opuso excepción de prescripción que no se resolvió, por decidirse antes el abandono del procedimiento incidentado por la recurrente, no se está en presencia de un acto que pueda calificarse ni de ilegal ni de arbitrario.

En efecto la facultad legal para los descuentos respectivos emana de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833.- y la forma de proceder de la recurrida encuentra fundamento en la naturaleza del crédito solicitado y la finalidad designada en la Ley a las Cajas de Compensación, en cuanto atañen a aspectos de índole social, siendo responsables de cautelar fondos sociales.

La forma y tiempos transcurridos para los cobros que se han efectuado del crédito de autos, se explican en razón del cambio de empleador de la actora, según se desprende de su propio relato, y de la tramitación de la causa Rol Nº 11.961-2013 del 14 Juzgado Civil de Santiago, que, iniciada en el año 2013, se terminó por decisión de abandono del procedimiento, recién el 23 de enero de 2018, quedando-por dicho motivo- sin resolver la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada. De este modo, estima quien disiente, que la actuación de la recurrida encuentra habilitación legal y circunstancial , y que si lo que se objeta es la exigibilidad de la obligación que se cobra, el recurso de protección no constituye la vía idónea para ello, en atención a su naturaleza breve y sumaria, que ante un caso -con las particularidades que han podido conocerse de los autos- no permite la adecuada comprensión y prueba de los elementos que conducen a su establecimiento, más aún, cuando en materia de derecho privado, la prescripción que podría afectar a la obligación debe ser declarada, y no puede serlo de oficio.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Ravanales.

No firma la Ministra (s) señora Riesco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N°Protección-22.271-2018.-