ASEO URBANO Y AREAS VERDES TRANSFICH LTDA. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 3 de abril de este año comparece doña nombre reservado, representante legal de Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Limitada, quien en tal calidad deduce acción de protección en contra de la Municipalidad de Pudahuel, alegando como acto ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N° 000890, de 20 de marzo pasado, que pronunciándose respecto de un recurso de apelación deducido en contra de una sanción impuesta a su parte el 30 de noviembre de 2016 por un Inspector Técnico de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, rechazó dicho arbitrio y dejó a firme la multa ascendente a 18 UTM.

Expone que su representada se adjudicó la licitación denominada Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Parques Pudahuel Norte, Sectores 1, 2, 3 y 4, contrato que se mantiene vigente desde el mes de enero de 2015.

Explica, en lo pertinente, que en el numeral II letra b) de las Bases Administrativas que regulan la licitación se estableció expresamente que la unidad municipal que actuaría como Unidad Técnica del contrato sería la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, entidad a quien correspondería, además, nombrar funcionarios de su dependencia para que actuasen como Inspectores Técnicos del servicio.

En este contexto, hace presente que en el numeral IX de la aludida reglamentación se indica que las multas se aplicarán por la Unidad Técnica, es decir, por la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, pudiendo colegirse de lo expuesto que corresponde únicamente al jefe de la Unidad Técnica respectiva cursar y aplicar las multas y no a un funcionario de grado inferior.

Señala que el día 30 de noviembre de 2016 un funcionario de rango menor perteneciente a dicha unidad cursó a su parte una multa ascendente a 18 UTM, en circunstancias que carecía de atribuciones legales para ello y que, apelada dicha sanción, se dictó el decreto alcaldicio que se impugna, el cual rechazó el mencionado recurso y mantuvo la aludida penalidad.

Indica que la sanción que se reclama obedeció supuestamente a dos infracciones, por incumplimiento oportuno de instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del servicio y por “no cumplir la carta Gantt o Programa de Trabajo”, -6 y 1 UTM, respectivamente-, la que fue indebidamente aumentada por cada uno de los días en que se mantuvieron vigentes las pretendidas inobservancias.

Sostiene, enseguida, que la actuación es también ilegal y arbitraria por cuanto no se respetaron las Bases de Licitación y con ello el contrato actualmente vigente, vulnerándose consecuentemente el artículo 1545 del Código Civil, el numeral VI de las Bases Administrativas y el artículo 82 letra a) del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.

Afirma, a continuación, que no es efectivo que su representada haya incurrido en las infracciones que se le atribuyeron puesto que, en relación a la primera de ellas, lo cierto es que se le sancionó por entregar la información en forma tardía, en circunstancias que el plazo que se le otorgó, no es de carácter fatal y, respecto de la segunda, toda vez que la carta Gantt no tendría, en su concepto, aplicación en materia de riego.

Sostiene, finalmente, que la actuación de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de su parte, consagrado en el numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto si no desembolsa el valor de la multa igualmente se le descontará de la cantidad que la municipalidad le adeuda por los servicios prestados, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho y con tal finalidad se deje sin efecto el decreto alcaldicio impugnado;

SEGUNDO: Que mediante resolución de 25 de abril de este año se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la institución recurrida;

TERCERO: Que con fecha 12 de junio pasado informa la Municipalidad de Pudahuel solicitando el íntegro rechazo del recurso de protección, con costas.

Alega, en primer lugar, que de un análisis sistemático del punto II de las definiciones de las Bases, en concordancia con el punto 6.1, relativo al Inspector Técnico del servicio; 6.3 referente a sus atribuciones; y numeral IX, concerniente a las multas, es posible colegir que el Inspector Técnico se haya facultado para imponer sanciones al contratista.

Explica, inmediatamente después, que es obligación del contratista, de conformidad al punto 7.2 de las Bases, letra e), dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico, quien se encuentra facultado para disponer que aquéllas se verifiquen dentro de un plazo determinado y que, en ese contexto, su contraparte no tiene atribuciones normativas que le permitan cumplir las instrucciones fuera de dicho término.

Sostiene que no existe infracción a las garantías constitucionales que se acusan amagadas, puesto que la relación existente entre las partes se inserta dentro del marco de un contrato administrativo, conforme al cual la municipalidad se halla facultada, en caso de no pago de la multa, para descontarla al contratista del siguiente estado de pago;

CUARTO: Que con fecha 16 de junio de 2017 se trajeron finalmente estos autos en relación. El 27 de junio del año en curso se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que en la línea de lo que se viene reflexionando y conforme es posible colegir del mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo cierto es que la recurrida ha justificado la legalidad de la actuación que por esta vía se objeta en la facultad sancionatoria que le reconocen a los Inspectores Técnicos dependientes de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente los puntos II, 6.1, 6.3 y IX de las Bases Administrativas y, específicamente, la última de las reglamentaciones precedentemente citadas, la que indica expresamente que “Las decisiones de la ITS que impongan sanciones al contratista serán apelables ante el Sr. Alcalde”.

Por su parte, la penalización de las dos situaciones fácticas que fueron consideradas incumplimientos del recurrente se ampara en los puntos 7.2 y 6.3 de la aludida normativa y el monto y envergadura de la multa, en el punto IX de la misma regulación, la cual, en relación al reproche que objeta la agravación de la sanción asignada a la falta por cada día de atraso en dar cumplimiento al deber contractual, señala expresamente en el acápite primero que “Se considerará un porcentaje de multa diaria por incumplimientos a las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato o de las presentes bases”;

OCTAVO: Que, así las cosas, en el escenario anteriormente definido ciertamente la decisión que se reclama se encuentra encuadrada dentro del marco contractual que regula la ejecución y el cumplimiento del contrato que vincula a las partes, no pudiendo advertirse la vulneración de la garantía constitucional que se denuncia amagada a consecuencia de una ilegalidad o arbitrariedad de envergadura tal que amerite el ejercicio de las facultades tutelares de emergencia propias del recurso en análisis.

Sin perjuicio de que la circunstancia precedentemente apuntada determina ineludiblemente que la presente acción constitucional se vea impedida de prosperar, corresponde asimismo tener en cuenta que el presente recurso es un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, los que no pueden llegar a constituirse ni a declararse por esta vía;

NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Limitada, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 22.237-2017.- Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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