nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, once de mayo del año dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece, nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Caja de Compensación La Araucana, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que en el mes de marzo del año 2012 pidió un préstamo a la Caja de Compensación Los Andes, por la suma de $1.576.484. y en el mes de diciembre del mismo año, pidió otro por la suma de $834.210, con el objeto de solventar una serie de gastos generados por la enfermedad de su hijo menos de edad. En esa época se encontraba trabajando en el Casino Enjoy de Los Andes, hasta el mes de abril del año 2013, fecha en la cual fue despedida, después de estar unos meses sin trabajo, por lo que, no pudo pagar las cuotas de los préstamos. En el mes de octubre del año 2013 empezó a trabajar en las Farmacia Galénica, pero su remuneración era mucho menor que la que tenía, y dichos créditos los pagó hasta el mes de diciembre del año 2016. En el mes de febrero del año 2018 se le informa por medio de una carta, que se le descontaría la suma de $ 91.320., por la Caja de Compensación La Araucana, señalando que no es deudora de dicha caja. Indica que el acto realizado por la Caja de Compensación La Araucana, es un acto ilegal y arbitrario, ya que, sin previo aviso se le descontó de su remuneración dicha suma de dinero. Y dicho acto ilegal y arbitrario vulnera el derecho a la propiedad sobre su remuneración, previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por todo lo expresado, solicita que se acoja el presente recurso de protección, declarando que los actos realizados por la Caja de Compensación La Araucana son ilegales y arbitrarios, ya que no se le puede descontar de su remuneración un crédito del año 2012, cuyo pagaré se encuentra prescrito, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, el que contesta el recurso de protección interpuesto en su contra, solicitando que sea rechazado. Indica que efectivamente, la recurrente mantiene deudas con la institución, originadas en dos operaciones de crédito, las cuales se encuentran actualmente vigentes en virtud de reiteradas reprogramaciones efectuadas por la Sra. nombre reservado. La Caja de Compensación, el 26 de marzo de 2012, otorgó a nombre reservado, un crédito por la suma de $1.585.110, pagadero en un plazo de 60 meses, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de abril de 2012. La empresa Casino Rinconada durante el periodo del 10 de mayo de 2012, al 10 de mayo de 2013, pagó las cuotas de los meses de abril de 2012 a abril de 2013, cuotas Nº 1 a Nº13. Las cuotas de los meses de mayo, junio y julio de 2013, Nº 14 a Nº 16, se pagaron a través del seguro de cesantía. Posteriormente, y debido a que la Sra. nombre reservado no pagó en forma oportuna las cuotas de los meses de agosto de 2013 a julio de 2014, se interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré, la cual recayó en el 29° Juzgado Civil de Santiago con el rol C-13719-2014, la cual no fue notificada a la demandada, encontrándose actualmente archivada. A raíz de lo anterior, y con el fin de regularizar su situación, con fecha 11 de julio de 2014, la Sra. nombre reservado reprogramó su deuda por la suma de $1.782.271, se pactó en un plazo pagadero de 84 meses, con una cuota de $51.278, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de agosto de 2014. De esta reprogramación, la señora nombre reservado, durante el periodo del 5 de septiembre de 2014 al 5 de junio de 2015, pagó en forma directa las cuotas de los meses de agosto de 2014 a marzo de 2015, cuotas Nº 1 a Nº8. De igual forma, con fechas 6 de octubre de 2015, 21 de marzo y 7 de diciembre de 2016, pagó las cuotas de los meses de abril a junio de 2015, cuotas Nº 9 a Nº11. Sin embargo, nuevamente la recurrente no pagó las cuotas de los meses de julio de 2015 a diciembre de 2016, cuotas Nº12 a Nº29, por lo que, con fecha 13 de diciembre de 2016, reprogramó la deuda por la suma de $2.516.173. El monto reprogramado por $2.516.173, quedó en un plazo pagadero de 84 meses, con una cuota de $66.813, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2017. La cuota del mes de enero de 2017, Nº1, se pagó con fecha 27 de marzo de 2018, a través del proceso integrado denominado “Proyecto Intercajas”. La deuda por esta operación de crédito, al 23 de abril de 2018, asciende a la suma de $3.533.453. La Caja de Compensación, con fecha 21 de diciembre de 2012, otorgó a nombre reservado el crédito código 230459973-4, por la suma de $842.125, a una tasa de interés nominal mensual de 2.01%, pagadero en un plazo de 26 meses, con una cuota de $46.404, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2013. La empresa Casino Rinconada, durante el periodo del 10 de marzo al 10 de mayo de 2013, pagó las cuotas de los meses de enero a abril de 2013, cuotas Nº 1 a Nº4. La cuota de los meses de mayo, junio y julio de 2013, cuotas Nº5, Nº6 y Nº7, se pagaron a través del seguro de cesantía. Debido a que la Sra. nombre reservado no pagó las cuotas de los meses de agosto de 2013 a julio de 2014, cuotas Nº 8 a Nº 19, con fecha 11 de julio de 2014, reprogramó la deuda por la suma de $766.877, valor que se determinó según lo siguiente. El monto reprogramado por $766.877, se pactó en un plazo pagadero de 60 meses, con una cuota de $23.781, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de agosto de 2014. De esta reprogramación la señora nombre reservado, durante el periodo del 7 de octubre de 2014 al 28 de agosto de 2015, pagó las cuotas de los meses de agosto de 2014 a abril de 2015, Nº1 a N°9. También en forma directa, con fecha 16 de Noviembre de 2015 pagó la cuota del mes de mayo de 2015, cuota Nº10; con fecha 11 de enero de 2016 pagó la cuota de los meses de junio y julio de 2015, Nº 11 y 12 y, con fecha 7 de diciembre de 2016, pagó la cuota del mes de agosto de 2015, cuota Nº13. Nuevamente la recurrente no pagó la cuota de los meses de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, Nº 14 a N° 29, a raíz de lo cual fue interpuesta demanda ejecutiva ante el 24° Juzgado Civil de Santiago. Ante ello y para regularizar su situación, con fecha 13 de diciembre de 2016 efectuó una nueva reprogramación de deuda por la suma de $971.753, se pactó en un plazo pagadero de 84 meses, con una cuota de $24.507, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2017. La cuota del mes de enero de 2017, cuota Nº1, se pagó con fecha 27 de marzo de 2018, a través del proceso integrado de recaudación denominado Proyecto Intercajas. El saldo de la deuda de esta operación de crédito, al 23 de abril de 2018, asciende a la suma de $1.328.560, cuotas de los meses de febrero de 2017 a marzo de 2018. Indica que las Cajas de Compensación, el día 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social. Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador Sinacofi, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador Sinacofi, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la Suseso, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que, se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de Sinacofi y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos. En el contexto normativo antes descrito, y como bien ha descrito la propia recurrente en su escrito, Caja Los Andes, a través de Caja de Compensación La Araucana, que en este caso actúa como diputada para recibir el pago, ha informado al empleador de la recurrente la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2 de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Respecto a la supuesta vulneración al artículos 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, relativo al derecho de propiedad, pues no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiara como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han intentado por el recurrente de marras, el cual pretende obtener dicho beneficio en un procedimiento inidóneo para tal efecto como es la acción cautelar de protección.

Solicita en definitiva, que se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas TERCERO: Que, comparece, Tomás Rodríguez Monreal, abogado por la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Señala que nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, esta entidad ha procedido a efectuar el descuento por el cual recurre la Sra. nombre reservado, en razón de las operaciones de crédito de dinero N° 23.RUT reservado y N° 23.RUT reservado, remesando estos fondos a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G., cuyo origen y finalidad se explicará en esta presentación.

Expresa que la Superintendencia de Seguridad social, Organismo Fiscalizador de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, indica a través del Dictamen N° 029526, de fecha 9 de mayo de 2012, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la Caja de Compensación acreedora, las sumas de dinero que su trabajador adeude por concepto de crédito social, conforme al citado artículo 58 del Código del Trabajo y al artículo 22 de la ley N° 18.833. Así las cosas, en cumplimiento de este mandato, su representada, actuando en calidad de mandataria de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, le comunica al empleador de la recurrente la existencia de sus créditos sociales impagos, y solicita que se le efectúen los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a esta entidad, para que finalmente fueran enviados a la Caja Los Andes para pagar su respectivo crédito. Este acto no tiene el carácter de ilegal o arbitrario, en atención que se realiza en virtud del ejercicio de una facultad legal. La Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana ha actuado conforme a derecho.

Por otro lado, la recurrente además postula en su presentación, que la “las acciones emanadas del pagaré deberían encontrarse prescritas”, cuestión que no es efectiva, pues como sabemos, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y luego para que esta surta plenos efectos debe ser declarada en virtud de una resolución judicial, cuestión que hasta la fecha no ha ocurrido. Es más, la jurisprudencia esta conteste en que la prescripción extintiva debe ser resuelta en un proceso de lato conocimiento que excede el propósito y alcance con el que el Constituyente ha dotado al recurso de protección.

Finalmente indica que el recurso de protección, conforme ha sido establecido por la doctrina y jurisprudencia es una herramienta que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho ante un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace una Garantía Constitucional, contexto fáctico que en este caso no se ha dado en absoluto, puesto que en todo momento mi representada ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia. Razón por la cual estimamos que los argumentos expuestos por la recurrente en cuanto a la privación, perturbación, y amenaza de sus derechos consagrados tanto en la Constitución Política de República de Chile, no pueden tener cabida, pues las Cajas de Compensación por expreso mandato legal están investidas para informar a las entidades afiliadas a descontar aquello que se adeuda por prestaciones de crédito social. En síntesis y conforme lo expuesto, mi representada no ha vulnerado ninguna garantía constitucional alguna, puesto que en todo momento ha actuado conforme a Derecho, como se ha expuesto, y siempre ha desempeñado un actuar dentro del ámbito de sus atribuciones legales, no existiendo de parte de mi representada una actuación arbitraria o ilegal.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que la actora denuncia como arbitrario e ilegal el acto en que en el mes de febrero del año 2018 se le informa por medio de una carta, que se le descontaría la suma de $ 91.320., por la Caja de Compensación La Araucana, señalando que no es deudora de dicha caja.

SEXTO: Que, es un hecho no controvertido que la recurrente mantiene créditos sociales vigentes con la Caja de Compensación Los Andes, que han sido reprogramados por la actora, y que al cambiarse de empleador el que se encuentra afiliado a la Caja de Compensación La Araucana y la Superintendencia de Seguridad social, Organismo Fiscalizador de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, indica a través del Dictamen N° 029526, de fecha 9 de mayo de 2012, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la Caja de Compensación acreedora, las sumas de dinero que su trabajador adeude por concepto de crédito social, conforme al citado artículo 58 del Código del Trabajo y al artículo 22 de la ley N° 18.833, el cual establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”.

De las disposiciones legales antes transcritas, se infiere que el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que estos hayan percibido por concepto de crédito social con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, es menester poner énfasis en que este descuento al cual alude la recurrente no es arbitrario ni ilegal, pues es sabido por quienes solicitan créditos sociales a las Cajas de Compensación, que estas están facultadas para solicitar el descuento de lo adeudado por prestaciones de crédito social a la entidad empleadora del trabajador afiliado a la Caja, conforme señala la Ley que establece el Nuevo Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar N° 18.833, mismo criterio al cual se adhiere la jurisprudencia administrativa, conforme se puede apreciar del Dictamen N° 4527 / 093 / del año 2011, emitido por la Dirección del Trabajo, en cuya conclusión N° 1, valida el descuento a través del mencionado Proyecto - Intercajas, al disponer que: “No resulta jurídicamente necesario que el actual empleador de un trabajador deudor de crédito social a una Caja de Compensación de Asignación Familiar se encuentre afiliado a esta, ni que haya acordado con ella efectuar los descuentos por dicho crédito, siendo suficiente para realizarlos que se hayan formalizado con un anterior empleador, afiliado a la respectiva Caja acreedora”.

En este orden de ideas, hay que tener presente que, si bien esta Caja no es la entidad acreedora de la Sra. nombre reservado, solicita los descuentos que corresponden al período en que la recurrente está afiliada a La Araucana C.C.A.F., respecto de los créditos que mantiene vigente con la Caja de Compensación Los Andes. El descuento antes mencionado, como se señaló, se materializaba en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G.”, cuyo origen tuvo lugar el 15 de abril de 2013, fecha en la cual esta Caja de Compensación de Asignación Familiar suscribió con su Asociación Gremial, integrada por las Cajas 18 de Septiembre, Gabriela Mistral y Los Andes, un contrato y mandato reciproco denominado “Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G.”, al cual venimos haciendo referencia, el que tiene por objetivo la conservación del fondo social, la coordinación, y estandarización de procesos y el suministro de información entre las distintas entidades otorgantes de crédito social, permitiendo de esta forma gestionar a nivel colaborativo entre la mayoría de las Cajas de Compensación, la cobranza de los denominados deudores directos que mantienen saldo pendientes con una Caja y se encuentren afiliados a otra, para ubicar al deudor, regularizar su situación y de esta manera evitar el sobreendeudamiento de toda la población afiliada a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Así las cosas, en cumplimiento de este mandato, su representada, actuando en calidad de mandataria de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, le comunica al empleador de la recurrente la existencia de sus créditos sociales impagos, y solicita que se le efectúen los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a esta entidad, para que finalmente fueran enviados a la Caja Los Andes para pagar su respectivo crédito. Este acto no tiene el carácter de ilegal o arbitrario, en atención que se realiza en virtud del ejercicio de una facultad legal. La Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana ha actuado conforme a derecho.

SEPTIMO: Que, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por las recurridas y que se les reprocha deviene en ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones, aplicando La Caja de Compensación La Araucana detalladamente, las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

OCTAVO: Que, la recurrente señala que la acción que emana de los pagarés que suscribió con la Caja de Compensación Los Andes, estarían prescritos, lo anterior tiene que ser discutido y probado en un juicio de lato conocimiento, por lo que, se encuentra fuera de las atribuciones que tiene ésta Corte de Apelaciones, en ésta acción cautelar.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se configura en la especie los presupuestos exigidos para que la acción de protección prospere, esto es, que exista un acto objetado que sea ilegal o arbitrario, por lo que, el presente recurso debe desestimarse, por no existir un derecho indubitado, y por ende, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de la garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente en razón de lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 números 2°, 10 y 24° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación Los Andes y de la Caja de Compensación La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra suplente señora González Diez.

Protección N° 22.231-2018 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por la Ministra suplente señor María Cecilia González Diez y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.