nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos comparece Alex Barcaza Torres, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos directos desde la remuneración del recurrente por concepto de un crédito social impago; actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin previo aviso, respecto de una deuda cuya acción ejecutiva fue declarada prescrita judicialmente, vulnerando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando los descuentos y se le obligue a reembolsar los montos indebidamente retenidos.

Señala como antecedentes que en el año 2011 su representado contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", el cual fue pactado en diversas cuotas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833. Expone que, al poco tiempo, el actor fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, lo que provocó que cayera en mora respecto del aludido crédito.

Expone que la recurrida decidió hacer efectiva la cláusula de aceleración contenida en el pagaré, cobrando judicialmente la deuda en la causa Rol C-1293-2012, seguida ante el 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz; proceso en el que se acogió la excepción de prescripción extintiva que opuso su parte, rechazándose en consecuencia, la demanda ejecutiva. No obstante ello, esto es, que la deuda llevaba más de doce años de mora y la prescripción declarada, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024, su representado fue informado por su empleador de la posibilidad de descuentos ordenados por la Caja de Compensación por concepto de su crédito social insoluto, lo que se materializó por las sumas de $984.264 (enero), $1.285.270 (febrero), $1.285.570 y $526.760 (ambos montos de marzo).

Indica que los referidos descuentos, en su mayoría, fueron identificados en su liquidación como "anticipo de sueldo", logrando aclarar, en conjunto con la respuesta de la SUSESO, recién el 15 de octubre de 2024 el motivo de los mismo, tomando conocimiento en esa fecha del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de su representado, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y si bien el artículo 22 de la ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados "descuentos por planilla" directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, por lo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida que deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones del recurrente; que deberá reembolsar los montos que indebidamente fueron descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que el tribunal mejor estime; y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Al evacuar su informe la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto, manifestando que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que haya vulnerado las garantías constitucionales del recurrente.

Expone en primer término los antecedentes del crédito social otorgado al actor, señalando que con fecha 10 de noviembre de 2011 le concedió la operación de crédito código N° 27.47296-8 por un capital inicial de $23.868.718, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $642.867, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de diciembre de 2011, agregando que las cuotas de los meses de diciembre 2011 a octubre 2012 (1 a 11) fueron enteradas con fechas 10 de enero 2012 al 16 de diciembre 2024, encontrándose en la actualidad la operación de crédito en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso aquellas mensualidades de septiembre 2021 a julio 2022 (12 a 60).

Sostiene la recurrida que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte, por cuanto los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833.

Adicionalmente, argumenta que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible, más cuando, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Sin perjuicio de lo anterior, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, disponiendo la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

En virtud de lo anterior, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

En mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales citadas, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°.- Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes -a partir del mes de enero 2025- y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

3°.- Que sin perjuicio que de los antecedentes acompañados por el recurrente se desprende que la acción ejecutiva para el cobro del crédito social de autos fue declarada prescrita, lo cierto es que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que "por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...", requisito que en la especie no concurre, puesto que, de los antecedentes allegados a la causa, se observa que el recurrido en su informe se allanó expresamente al recurso, señalando que procederá al “cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros”, razón por la que la situación materia del recurso cesó durante la tramitación de estos autos, de lo que se sigue, que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, por cuanto no es posible disponer medida alguna en protección de los derechos constitucionales del protegido, cual es según su naturaleza, la única finalidad de la misma, considerando que ese era el único objetivo pretendido por su intermedio, tal como se desprende de la petición específica sometida a conocimiento de esta Corte.

En conformidad a lo anterior, no existiendo -a esta fecha- un conflicto de orden constitucional que deba ser amparado por esta vía, ni medida que este tribunal pueda adoptar para superar la situación denunciada, el presente arbitrio será rechazado por haber perdido su objeto, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes, salvo lo que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Alex Barcaza Torres en contra de la Caja de Compensación De Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-22195-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señora Lilian A. Leyton Varela, el Ministro (S) señora Paula Rodriguez Fondon y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.