nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

A los folios N° 10, 11 y 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha 10 de octubre de 2025, comparece don nombre reservado, ex funcionario municipal, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Conchalí, representada legalmente por su alcalde don René Arturo de la Vega Fuentes, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°617, de 22 de septiembre de 2025, mediante el cual se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, fundado en el registro de licencias médicas superiores a seis meses en un período de dos años, actuación que estima ilegal y arbitraria, por haberse dictado sin contar con una declaración previa de salud irrecuperable emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, exigencia expresamente contemplada en el artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, vulnerando con ello las garantías constitucionales de la libertad de trabajo y su protección y del derecho de propiedad, reconocidos en el artículo 19 N° 16 y 24, ambos de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a desempeñarse en la Municipalidad de Conchalí con fecha 1 de septiembre de 2010, período durante el cual fue calificado de manera constante en Lista 1 de excelencia. Señala que, con fecha 24 de julio de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dictó la Resolución Exenta Folio N°19173896, mediante la cual concluyó que su estado de salud era recuperable, circunstancia que —a su juicio— impedía jurídicamente a la autoridad comunal declarar la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible. No obstante lo anterior, indica que el 22 de septiembre de 2025 el alcalde de la comuna dictó el Decreto Alcaldicio N°617, declarando vacante su cargo por registrar 295 días de licencia médica por enfermedad común entre el 30 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2025, invocando lo dispuesto en los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883.

En el plano jurídico, el recurso sostiene que el acto impugnado infringe directamente el artículo 148 inciso final del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, norma que condiciona el ejercicio de la facultad de declarar la vacancia del cargo a la existencia de una evaluación previa de la COMPIN respecto de la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario y su imposibilidad de desempeñar el cargo. Afirma que, en el caso concreto, dicho presupuesto legal no concurre, puesto que el órgano técnico competente declaró expresamente que su salud era recuperable, por lo que la autoridad comunal habría actuado fuera del marco legal al dictar el decreto cuestionado.

Agrega que la sola circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por un período superior a seis meses no habilita, por sí misma, a declarar la vacancia del cargo, sosteniendo que la decisión impugnada constituye un despido encubierto, carente de la debida fundamentación legal y médica exigida por el estatuto funcionarial.

Finalmente, sostiene que la actuación reclamada configura una vulneración directa de garantías constitucionales, en cuanto la declaración de vacancia del cargo afecta la libertad de trabajo, al privarlo de continuar desempeñándose en la función pública para la cual se encontraba habilitado, y lesiona el derecho de propiedad, al impedirle percibir las remuneraciones asociadas a su cargo funcionarial, sin que medie un acto dictado conforme a la legalidad vigente ni debidamente fundado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N°617, dejándolo sin efecto, ordenándose su mantención en la calidad de funcionario de la Municipalidad de Conchalí y el pago de las remuneraciones correspondientes durante la tramitación del recurso, con expresa condena en costas SEGUNDO: Que comparece don Marcelo Gaete Herrera, abogado, en representación de la Municipalidad de Conchalí, parte recurrida, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, por estimar que el Decreto Exento N°617/2025 se dictó dentro del marco de atribuciones legales del alcalde, cumpliéndose íntegramente los presupuestos de la causal de vacancia por salud incompatible con el cargo, y sin configurarse vulneración de garantías constitucionales.

En primer término, expone como antecedentes que el actor prestó servicios para el municipio desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 22 de septiembre de 2025, fecha en que se dictó el decreto impugnado declarando la vacancia de su cargo por salud incompatible. Añade que, al momento de dicha declaración, el recurrente había hecho uso de licencias médicas por 295 días en los últimos dos años, precisando que la COMPIN, a requerimiento municipal, mediante resolución Folio N°19173896, evaluó su condición de salud y resolvió que presentaba un estado de salud recuperable, dejando ello establecido para fines estatutarios. Agrega que el superior jerárquico del actor, Director de Rentas, por Memorándum N°382/2025, habría señalado que la ausencia de un funcionario provoca sobrecarga laboral en los demás y retrasa los tiempos de respuesta; complementa lo anterior indicando que el régimen funcionarial municipal no permite reemplazos en casos de ausencias por salud, de modo que las funciones deben ser cubiertas por los restantes funcionarios, y concluye que el porcentaje de tiempo en que el actor no ejerció sus funciones asciende a un 40% en los últimos dos años.

A continuación, sostiene que el vínculo estatutario del recurrente se rige por la Ley N°18.883, en cuyo Título VI se regulan las causales de cesación de funciones, incluyendo la declaración de vacancia. Indica que el artículo 147 contempla, entre las causales de vacancia, la de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, y transcribe el artículo 148, que habilita al alcalde a considerar como salud incompatible el uso de licencia médica por más de seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, exigiendo además requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y su imposibilidad de desempeñar el cargo. Sobre esa base, la recurrida sistematiza los requisitos de la causal en: i) uso de licencia médica por más de seis meses en los últimos dos años; ii) inexistencia de declaración de salud irrecuperable; y iii) evaluación previa de la COMPIN. Sostiene que, en el caso del actor, tales exigencias se encuentran cumplidas, pues registra 295 días de licencia, no existe declaración de irrecuperabilidad y la COMPIN informó que su salud es recuperable, lo que —según afirma— habilita la aplicación de la causal de salud incompatible y, por ende, la dictación del decreto.

En refuerzo de lo anterior, invoca como fundamento adicional el perjuicio institucional que, a su juicio, generan las licencias continuas y sucesivas, señalando que las prolongadas ausencias obligan a redistribuir funciones, producen sobrecarga y afectan la continuidad del servicio municipal a la comunidad, además de incidir en el equilibrio presupuestario, ya que debe pagarse remuneración sin posibilidad legal de reemplazo; añade que la finalidad del artículo 148 sería evitar un uso desmesurado de licencias en trabajadores que cumplen funciones esenciales en la estructura estatal municipal.

Enseguida, plantea como defensa específica la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, alegando que el recurso no desarrollaría adecuadamente la afectación denunciada. Con todo, entiende que se invocan los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución y sostiene, respecto de la libertad de trabajo, que el término de la relación estatutaria se fundó en la aplicación de los requisitos del artículo 148 de la Ley 18.883. En cuanto al derecho de propiedad sobre el empleo, argumenta que no resultaría procedente sostener propiedad respecto del cargo, atendida la regulación estatutaria y la existencia de causales taxativas de término, enfatizando que la Municipalidad habría dado cumplimiento a la legalidad al aplicar la causal de salud incompatible, motivo por el cual, afirma, no se configura afectación de dicha garantía.

Por estas razones, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

CUARTO: Que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

QUINTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el Decreto Alcaldicio N°617, de 22 de septiembre de 2025, que declaró la vacancia del cargo del recurrente, por salud incompatible.

La cuestión que corresponde dilucidar es si el alcalde recurrido tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo, no obstante existir una resolución de la COMPIN de salud recuperable.

SEXTO: Que, en el caso de autos, constan los siguientes hechos no controvertidos:

a) El recurrente hizo uso de licencias médicas por 295 días en los últimos dos años, excediendo el límite de seis meses.

b) El Alcalde solicitó el pronunciamiento previo a la COMPIN, cumpliendo con la formalidad del inciso final del artículo 148.

c) La COMPIN declaró que la salud del actor es recuperable.

SÉPTIMO: Que el artículo 10 de la Ley N°18.883, letra c) prescribe que para ingresar al ente edilicio es necesario tener salud compatible con el desempeño del cargo.

A su vez, el artículo 146 de la Ley N°18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 de la citada ley prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." OCTAVO: Que de lo que viene de reseñarse, se desprende que la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

NOVENO: Que es pertinente tener en consideración, además, que el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales requiere que los funcionarios que lo integran estén en condiciones de desempeñar sus cargos. Es así como el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de no hacerlo, se incurra en responsabilidad por falta de servicio, es decir, infringir el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los distintos organismos públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no lo ha permitido, sino que ha obstaculizado la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado. Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio facultó al Jefe del Servicio o al Alcalde a subsanar la situación a través de esta vía.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N°18.883; tampoco es arbitrario, puesto que expresa racionalmente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud del es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

De esta manera, se constata que la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, motivo por el cual el presente recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Conchalí.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama Martínez, quien estuvo por acoger la acción constitucional en análisis y, consecuencialmente por disponer la reincorporación del protegido y el pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos:

1.- Que, no obstante en la especie consta la emisión del informe por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – en el que se determinó que el protegido presenta un estado de salud recuperable-, no puede obviarse que el artículo 41 de la Ley de Bases inciso 4° prescribe que las resoluciones que dicte la Administración contendrán la decisión, que será fundada.

En la misma línea, el artículo 11 inciso segundo del mismo cuerpo de normas, agrega que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

2.- Que, de lo antes expuesto surge que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional como la del caso autos, toda vez que su actuación no se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, esto es, cuando se ha ejecutado sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

3.- Que, en el asunto en estudio, los fundamentos contenidos en el decreto alcaldicio impugnado -aquel que comunicó el término del contrato del recurrente- dicen relación con la afectación que su ausencia ocasionó en la continuidad del servicio y con la recarga que generó al equipo de trabajo con la redistribución de sus labores.

Adicionalmente se argumenta por la repartición pública recurrida que se contrató a otro funcionario en su reemplazo.

4.- Que tales razonamientos, en parecer este disidente, no cumplen con el estándar de ser aquellos objetivos y suficientes, pues la recurrida omite considerante antecedentes de suyo relevantes, como el historial laboral del actor -en cuanto éste prestó sus servicios ininterrumpidamente desde el año 2011-; la descripción específica de las funciones que éste realizaba, pues solo se refiere que fue contratado para prestar servicios en la Dirección de Rentas del Municipio recurrido; sus evaluaciones de desempeño funcionario; la naturaleza y origen de las patologías que motivaron la emisión de licencias médicas, además de no hacerse cargo del test de compatibilidad, toda vez que no explicitó las razones por la que de reincorporarse el protegido -una vez finalizado su periodo de reposo-, sus circunstancias personales le impedirían ejercer nuevamente sus funciones de manera eficiente y adecuada.

Vale decir, el acto impugnado carece de fundamentos de hecho y de derecho que permitieren otorgar plausibilidad a lo que en su oportunidad fuere decidido.

5.- Que, en ese entendido, debe necesariamente concluirse que la conducta del recurrido de poner término al contrato de la recurrente constituye un acto arbitrario, pues vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al carecer de la debida fundamentación como era exigible a dicho acto administrativo, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido en la forma en que se dirá en lo resolutivo, atendido la fecha en que se resuelve esta acción.

Asimismo, tal procede vulnera el derecho de propiedad del que el protegido es titular respecto de las remuneraciones devengadas desde la data de su separación del servicio.

6.- Que de lo anterior se colige que el acto administrativo denunciado infringe el deber de motivación, al estar desprovisto de fundamentación suficiente, lo que lo torna en arbitrario, afectándose con ello las garantías previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-22192-2025.