nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha 10 de octubre de 2025, comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber procedido a efectuar descuentos unilaterales y reiterados en su remuneración mensual, desde septiembre del año 2024 hasta septiembre del año 2025, sin aviso previo ni respaldo judicial vigente, actuación que estima ilegal y arbitraria, por constituir un ejercicio de autotutela carente de fundamento y desproporcionado en sus montos, vulnerando con ello su derecho de propiedad sobre la remuneración, garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se restablezca el imperio del derecho y se ordene el cese de los descuentos, la restitución de las sumas retenidas y la condena en costas de la recurrida.

Expone como antecedentes fácticos que con fecha 11 de mayo de 2016 suscribió en favor de la recurrida el pagaré N° 003000794127, por la suma de $1.512.712, pactado en 60 cuotas mensuales, señalando que, por causas ajenas a su voluntad, incurrió en mora a partir de la cuota N° 11, vencida el 30 de abril de 2017, quedando adeudado un saldo total de $1.408.969, el que devengaría intereses conforme a lo estipulado. Refiere que, con posterioridad, intentó en diversas oportunidades regularizar su situación mediante gestiones directas ante la recurrida, siendo instado a repactar la deuda en condiciones que, según afirma, implicaban un aumento desproporcionado del monto adeudado.

Seguidamente, indica que con fecha 12 de abril de 2018 fue demandado ejecutivamente por la recurrida en causa Rol C-10701-2018, del Primer Juzgado Civil de Santiago, procedimiento en el cual fue notificado personalmente, sin que hubiera podido pagar ni oponer excepciones, continuando la tramitación del juicio hasta que, por falta de gestiones útiles, el proceso quedó archivado desde el año 2019. Añade que, no obstante encontrarse dicho juicio sin movimiento desde esa fecha, durante el mes de octubre de 2025 promovió, debidamente representado, un incidente de abandono del procedimiento, actualmente pendiente de resolución.

Luego, el recurrente señala que, pese a lo anterior, y sin existir gestión judicial vigente que habilitara el cobro, desde el mes de septiembre de 2024 la recurrida comenzó a efectuar descuentos mensuales por planilla desde su remuneración, ascendente cada uno a la suma de $56.101, los que se han mantenido de forma continua hasta septiembre de 2025, acumulando un total descontado de $673.212, sin que se le haya informado el fundamento ni la forma de determinación de dichos montos. Explica que dichos descuentos se produjeron una vez que retomó el trabajo formal en septiembre de 2022, desempeñándose actualmente como Bodeguero-Chofer, con una remuneración base de $590.860, en una empresa afiliada a la recurrida.

Desde el punto de vista jurídico, sostiene que el actuar de la Caja de Compensación excede las facultades previstas en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, al ejercer un cobro unilateral y compulsivo sin respaldo jurisdiccional, configurando una forma de autotutela proscrita por el ordenamiento jurídico. A su juicio, la recurrida habría hecho un uso abusivo y caprichoso de la facultad de descuento por planilla, afectando directamente su derecho de propiedad sobre la remuneración, sin respetar los límites constitucionales y legales que rigen la actuación de los órganos intermedios.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se ordene que ésta se abstenga de continuar realizando descuentos desde su remuneración, se disponga la restitución de los montos indebidamente descontados, ascendentes a $673.212, dentro del plazo que el tribunal determine, y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso de protección, por estimar que no concurre actuación ilegal ni arbitraria y que, por el contrario, los descuentos reprochados se encuentran amparados en la normativa vigente y, además, se sostienen en actos propios del recurrente.

Expone que, según los registros de la Caja, el recurrente mantiene un crédito moroso otorgado el 11 de mayo de 2016 y que, con fecha 2 de septiembre de 2025, aquél reprogramó su deuda, modificándose el monto de las cuotas, las que habrían quedado fijadas en 60 cuotas de $30.100, las cuales —según afirma— se han pagado regularmente. En tal escenario, indica que la Caja solicitó al empleador afiliado del recurrente, Sociedad de Asistencia y Capacitación, el descuento por planilla de las cuotas del crédito reprogramado, por lo que concluye que existe un acto propio del actor que contradice su imputación de ilegalidad, razón suficiente —a su entender— para desestimar el arbitrio.

En el plano jurídico, desarrolla como defensa principal la legalidad del mecanismo de descuento por planilla, con apoyo en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que impone que lo adeudado por prestaciones de crédito social sea deducido por el empleador de la remuneración del trabajador y enterado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Sobre esa base, explica que las Cajas de Compensación, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.833, son entidades de previsión social y que los créditos sociales constituyen prestaciones de bienestar social. Enseguida, vincula lo anterior con los principios generales de obligatoriedad de los contratos y buena fe, invocando los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, para sostener que la deuda subsiste y es exigible mientras no se declare judicialmente su prescripción o concurra un modo de extinguir obligaciones, en los términos del artículo 1567 del mismo cuerpo legal, lo que —según afirma— no habría ocurrido en la especie.

Finalmente, el informe concluye que la Caja no ha privado, perturbado ni amenazado garantías constitucionales del actor, pues los descuentos se fundan en la ley, la obligación existiría y se mantendría vigente, y las cuotas habrían sido reprogramadas y ajustadas conforme a lo permitido. Por lo expuesto, solicita el rechazo de la acción de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto carente de fundamento legal o producto del mero capricho.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes y lo expuesto por los intervinientes, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

1. La existencia de una relación contractual de crédito social entre el recurrente y la Caja de Compensación recurrida, originada en un pagaré del año 2016.

2. Que la Caja recurrida ha instruido el descuento de cuotas mensuales directamente de la remuneración del actor.

3. Que el recurrente alega la antigüedad de la deuda y la existencia de un juicio ejecutivo archivado como fundamento para la improcedencia del cobro.

4. Que la recurrida ha acompañado un documento denominado "Hoja de Prolongación", de fecha 2 de septiembre de 2025, suscrito por el afiliado, donde se da cuenta de una reprogramación del crédito.

QUINTO: Que, el punto central de la controversia radica en determinar si el descuento por planilla efectuado por la recurrida constituye un acto de autotutela ilegal o arbitrario. Al respecto, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece imperativamente que: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora".

Esta norma confiere a las Cajas de Compensación una facultad legal expresa para el cobro de los créditos sociales, mecanismo que no depende de la voluntad del deudor ni del empleador, y que tiene por objeto proteger el fondo social solidario con el que se financian estas prestaciones. En consecuencia, el ejercicio de una facultad expresamente conferida por el legislador no puede, por sí mismo, ser calificado de ilegal.

SEXTO: Que, resultando determinante para la resolución del asunto, consta en autos la "Hoja de Prolongación" acompañada por la recurrida en el folio 8. De dicho antecedente se desprende que el recurrente, con fecha 2 de septiembre de 2025 —fecha posterior al inicio de los descuentos alegados y muy próxima a la interposición de este recurso— concurrió a reprogramar su deuda, reconociendo la existencia de la obligación y pactando nuevas condiciones de pago.

Este acto jurídico de reconocimiento y renegociación desvirtúa la alegación de arbitrariedad, toda vez que demuestra que la obligación es líquida, actual y reconocida por el propio deudor. El recurrente no puede pretender desconocer en esta sede la vigencia de una deuda que voluntariamente ha reprogramado, validando con ello el crédito y su forma de pago.

SÉPTIMO: Que, en virtud de lo razonado, no se vislumbra ilegalidad alguna, dado que la recurrida ha actuado amparada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833; ni tampoco arbitrariedad, puesto que el cobro obedece a una deuda vigente, no declarada prescrita y recientemente reconocida por el deudor mediante su reprogramación. Por consiguiente, no existiendo vulneración al derecho de propiedad ni a otra garantía constitucional, la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22188-2025.