nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, con fecha 12 de septiembre de 2025, de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, vulnerando, según sostiene, las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó ante AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando contrato de trabajo, anexos y certificado de afiliación al sistema previsional venezolano emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, antecedentes que —a su juicio— acreditan íntegramente el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de dicho cuerpo legal. Refiere que la recurrida rechazó la solicitud argumentando que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no acreditaba suficientemente la cobertura previsional exigida por la normativa, particularmente respecto de enfermedad, invalidez, vejez, muerte y prestaciones médicas y pecuniarias durante el período trabajado en Chile, pese a que dicho documento puede ser validado electrónicamente mediante el código alfanumérico “6d5b00002-2025109” contenido en el mismo instrumento, agregando que acompañó, además, declaración jurada suscrita ante notario con firma electrónica avanzada.

Sostiene que AFP Provida incorporó exigencias no contempladas expresamente en la ley, efectuando una interpretación excesivamente formalista de la normativa, añadiendo requisitos imposibles de cumplir, dada la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile. Afirma que la actuación recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, desde que otros solicitantes en condiciones similares habrían obtenido la devolución de sus fondos. Invoca al efecto los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156; el artículo 20 de la Constitución Política de la República; la Circular N° 553; y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema recaída en las causas Roles N° 28.881-2022, N° 7.254-2025 y N° 96.380-2021, solicitando que se deje sin efecto el rechazo de su solicitud y se ordene la devolución de sus fondos previsionales.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente en calidad de técnico extranjero. Como cuestión previa, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por cuanto el actor pretende discutir la interpretación y aplicación de la normativa previsional contenida en la Ley N° 18.156, existiendo una materia de lato conocimiento incompatible con la naturaleza cautelar de esta acción.

En cuanto al fondo, reconoce haber rechazado la solicitud del actor, señalando que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acreditaba suficientemente cobertura previsional respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, ni prestaciones médicas y pecuniarias, agregando que la declaración jurada acompañada no constituye un medio idóneo para acreditar dichas circunstancias. Añade que las constancias electrónicas emitidas por dicho organismo carecen de valor suficiente cuando no se encuentran legalizadas o apostilladas y no detallan específicamente las coberturas previsionales exigidas por la Ley N° 18.156, indicando además que el documento acompañado tampoco se encontraba firmado por autoridad competente.

Expone que, conforme al Decreto Ley N° 3.500, los fondos previsionales administrados por las AFP tienen por finalidad exclusiva financiar prestaciones previsionales y que la Ley N° 18.156 contempla una excepción aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que acrediten copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°. Refiere asimismo que la exigencia de apostilla o legalización se encuentra respaldada en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en la Convención de La Haya sobre Apostilla, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema recaída en las causas Roles N° 11.330-2025, N° 28.646-2025 y N° 17.866-2025. En consecuencia, sostiene que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, evacúa informe solicitando, en primer término, se declare improcedente el recurso de protección y, en subsidio, su rechazo con costas, por estimar que la materia debatida excede el ámbito cautelar de la acción deducida, toda vez que el recurrente pretende obtener una declaración acerca de su supuesto derecho a retirar fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, cuestión que requiere un procedimiento de lato conocimiento. En apoyo de dicha alegación cita sentencias de las Cortes de Apelaciones de Talca, Santiago y Puerto Montt que habrían rechazado recursos similares.

En cuanto a los hechos, señala que AFP Provida notificó al actor la detención de la tramitación de su solicitud por estimar insuficiente la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, atendido que no acreditaba adecuadamente cobertura previsional respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, ni prestaciones médicas y pecuniarias, agregando además que dicho documento debía encontrarse apostillado o legalizado. Refiere asimismo que el recurrente no registra reclamos administrativos ni presentaciones previas ante la Superintendencia respecto de los hechos materia del recurso y que tampoco individualiza acto alguno emanado directamente de dicho organismo.

Expone que la devolución de fondos previsionales contemplada en la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que acrediten copulativamente los requisitos establecidos en sus artículos 1°, 6° y 7°, agregando que la constancia electrónica acompañada por el recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada, circunstancias que impiden considerarla suficiente conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Añade que el Oficio Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, emitido por la propia Superintendencia, estableció que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin legalización o apostilla no sirven para acreditar debidamente el requisito de cobertura previsional exigido por la ley. Finalmente, sostiene que la declaración jurada acompañada por el actor no reemplaza la certificación emitida por la autoridad previsional competente y que no ha existido acto ilegal ni arbitrario ni vulneración de garantías constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección formulada por las recurridas, cabe desestimarla. En efecto, si bien, los hechos denunciados se vinculan con materias propias de la seguridad social y con la aplicación de la Ley N°18.156, no es menos cierto que el recurrente funda su acción en la supuesta afectación de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, respectivamente, materias que sí son susceptibles de tutela por la presente vía cautelar. En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto debatido.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, aparece que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente en calidad de técnico extranjero fue rechazada por AFP Provida mediante comunicación de 12 de septiembre de 2025, fundada en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no permitía acreditar suficientemente el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, relativo a contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, agregándose, además, que el documento acompañado no daba cuenta de prestaciones médicas y pecuniarias respecto de la cobertura por enfermedad. Asimismo, se indicó que no resultaba suficiente una declaración jurada del propio solicitante para acreditar tales circunstancias y que la documentación debía encontrarse apostillada o legalizada.

Octavo: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales respecto de trabajadores extranjeros, disponiendo para ello requisitos copulativos, entre ellos, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que tal circunstancia sea acreditada mediante certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente. A su turno, el artículo 7° del mismo cuerpo legal permite solicitar la devolución de fondos previsionales únicamente a quienes den cumplimiento a las exigencias previstas en el referido artículo 1°.

En la especie, las recurridas fundaron el rechazo de la solicitud en antecedentes objetivos derivados de la documentación aportada por el actor, particularmente, en que la constancia electrónica acompañada carecía de firma autorizada, no se encontraba legalizada ni apostillada y no permitía verificar de manera suficiente que el recurrente hubiese contado efectivamente con cobertura previsional respecto de todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, limitándose a efectuar referencias generales al sistema previsional venezolano.

Noveno: Que, asimismo, de los informes evacuados aparece que la exigencia relativa a la legalización o apostilla de los documentos emitidos en el extranjero encuentra sustento en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, conforme al cual las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y que no especifiquen adecuadamente las coberturas previsionales exigidas por la Ley N°18.156 no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Décimo: Que, en tales condiciones, no se advierte que la actuación de las recurridas haya obedecido al mero capricho o a criterios carentes de fundamento, sino que, por el contrario, aparece sustentada en la normativa legal y administrativa aplicable a la materia, dentro del ámbito de competencias que el ordenamiento jurídico reconoce, tanto a la Administradora de Fondos de Pensiones como a la Superintendencia de Pensiones para fiscalizar y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-22185-2025.