Protección contra Corporación de Desarrollo Social de Providencia y en contra del Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio N° 1 comparece nombre reservado, profesor de educación física, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y en contra del Liceo nombre reservado, cuya sostenedora es la primera entidad, por haber resuelto la expulsión del referido menor mediante la aplicación del Procedimiento de Expulsión por Aula Segura, decisión adoptada el 11 de septiembre de 2025 y ratificada el 1° de octubre del mismo año.

Estima dicha actuación como ilegal y arbitraria, toda vez que fue adoptada sin ajustarse a los procedimientos reglamentarios establecidos para tales efectos, aplicando un protocolo improcedente respecto de hechos ocurridos fuera del establecimiento educacional, imputando al estudiante un grado de participación no contemplado en la normativa interna ni en el ordenamiento jurídico, y omitiendo considerar las atenuantes que el propio Reglamento Interno reconoce, vulnerando con ello los derechos fundamentales del menor garantizados en el artículo 19 números 1, 2, 3 inciso 5° y 10 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja la presente acción y se ordene dejar sin efecto la sanción de expulsión, reincorporándose al menor al establecimiento educacional.

En cuanto a los hechos, indica que el menor nombre reservado, de 17 años, es alumno del Liceo nombre reservado desde kínder, cursando actualmente cuarto año medio con hoja de vida intachable. El 28 de agosto de 2025 se inició en su contra un Protocolo de Expulsión por Aula Segura, fundado en hechos ocurridos el 13 de agosto de 2025, consistentes en haber cubierto con su cuerpo y mochila a personas encapuchadas y con overoles blancos mientras se cambiaban de vestimenta, en la vía pública, específicamente a la salida del portón de enseñanza básica por Avenida DIRECCION000. Si bien, en sus descargos, el menor reconoció su presencia en el lugar, alegó haber sido compelido a actuar mediante amenazas de terceros, colaborando además con la investigación al individualizar a otros involucrados. Pese a ello, el 11 de septiembre de 2025, la Directora del establecimiento resolvió su expulsión, decisión que fue apelada por el recurrente y confirmada el 1° de octubre de 2025.

Agrava la situación el delicado estado de salud mental del menor, quien fue diagnosticado con depresión moderada luego de presenciar el suicidio de una persona en el Metro de Santiago durante el 2024 y de atravesar la separación de sus padres, circunstancias que el propio establecimiento conocía.

En cuanto al derecho, sostiene que la sanción infringe el Reglamento Interno 2025 del propio establecimiento, que expresamente limita la aplicación del Procedimiento de Expulsión por Aula Segura a hechos ocurridos dentro del establecimiento, siendo que los actos imputados al menor tuvieron lugar en la vía pública.

Señala, además, que se atribuye al estudiante el grado de participación de "encubridor activo", categoría inexistente tanto en el Reglamento Interno como en el ordenamiento jurídico nacional, infringiéndose el principio de tipicidad y legalidad. Asimismo, indica que se desestimaron arbitrariamente dos atenuantes expresamente contempladas en el Reglamento: la conducta intachable anterior del estudiante y su declaración de arrepentimiento. Invoca también la Ley General de Educación, la Ley N° 21.128 sobre Aula Segura, la Ley N° 21.430 sobre garantías de la niñez y adolescencia, y el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el principio del interés superior del niño como consideración primordial en toda decisión que le afecte.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente sostiene que la expulsión ilegal y desproporcionada afecta la integridad psíquica del menor consagrada en el artículo 19 N° 1, al generar incertidumbre sobre su futuro educacional en un contexto de salud mental frágil; que infringe el artículo 19 N° 2, al haberse aplicado un estándar más exigente por ser hijo de una docente del establecimiento y al haberse tratado de manera distinta a otros estudiantes en situación comparable; que vulnera el artículo 19 N° 3 inciso 5°, al imponerse una sanción fundada en un procedimiento improcedente y en conductas no tipificadas; y que lesiona el artículo 19 N° 10, al privarle del derecho a culminar su proceso educacional.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la sanción de expulsión de nombre reservado y se ordene su inmediata reincorporación al Liceo nombre reservado, con expresa condena en costas.

A folio 52 comparece la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, sostenedora del Liceo nombre reservado, evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por nombre reservado en favor de su hijo menor nombre reservado, alumno de 4° medio G del referido establecimiento, quien fuera objeto de una medida disciplinaria de expulsión mediante resolución del 11 de septiembre de 2025, notificada el 1° de octubre del mismo año, en virtud del procedimiento especial de Aula Segura.

En cuanto a los hechos expone que el 13 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:20 horas, se desarrollaron al interior y en las inmediaciones del establecimiento graves actos de violencia protagonizados por un grupo de encapuchados y personas vestidas con overoles blancos, quienes portaban elementos incendiarios, bombas molotov, bengalas y martillos, destruyendo mamparas, vulnerando accesos, enfrentándose a efectivos de Carabineros y causando crisis de pánico en estudiantes de enseñanza básica y funcionarios.

Añade que, mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad recepcionadas el 26 de agosto de 2025, a través del Oficio NUM000 del Sostenedor, se identifica al estudiante nombre reservado con rostro descubierto y usando un gorro del club deportivo Colo-Colo - el mismo que utilizaba regularmente en clases -, cubriendo con su cuerpo y mochila a los encapuchados y sujetos con overoles blancos que se cambiaban de vestimenta a la salida del portón de enseñanza básica por Avenida DIRECCION000, para luego huir al aproximarse la fuerza policial. Agrega que el propio estudiante reconoció en sus descargos su presencia en el lugar y su participación indirecta, señalando haber actuado por decisión propia, aunque bajo presión de terceros, sin que existan evidencias objetivas que acrediten coacción física o amenaza directa comprobable.

En cuanto al derecho, la recurrida sostiene que la medida de expulsión fue adoptada en estricto cumplimiento del procedimiento de Aula Segura contemplado en la letra d) del artículo 6° del DFL N° 2, así como de los artículos 65 y 71 del Reglamento Interno del establecimiento, aprobado por el Consejo Escolar. Indica que se respetaron íntegramente las etapas del protocolo: notificación al apoderado el 28 de agosto de 2025, recepción de descargos el 1° de septiembre de 2025, levantamiento de antecedentes, resolución fundada del Director el 11 de septiembre de 2025, apelación del apoderado el 25 de septiembre de 2025, Consejo Consultivo de Profesores celebrado el 29 de septiembre de 2025 - que ratificó la medida por 25 votos contra 7 -, y notificación de la resolución final el 1° de octubre de 2025.

Invoca además jurisprudencia de esta Corte, particularmente la sentencia de 15 de septiembre de 2025, dictada en autos Rol N° 14312-2025, que rechazó un recurso de protección en circunstancias análogas.

Niega toda vulneración a las garantías constitucionales invocadas en los numerales 1°, 2°, 3° inciso quinto y 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A folio N° 61, la Directora del Liceo nombre reservado se hace parte y da cuenta de lo actuado por la Superintendencia de Educación, en el sentido que cerró el caso de nombre reservado sin observaciones. En tal sentido, se acompaña copia de resultado de fiscalización caso NUM001 iniciado por la Superintendencia de Educación con fecha 7 de octubre de 2025 y en el cual se concluye en su respuesta final que la medida de expulsión aplicada nombre reservado se ajusta a la normativa vigente.

Asimismo, a folio N° 65, a requerimiento de esta Corte, el recurrente confirma que nombre reservado terminó el año escolar 2025 en otro establecimiento educacional, el Complejo Educacional nombre reservado, del que obtuvo la Licencia de Educación Media Humanístico Científica.

Y teniendo en consideración:

Primero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección que se constate la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, en cuanto no cumpla con el deber de fundamentación para el caso en concreto, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el arbitrio alegado es la expulsión del adolescente nombre reservado, adoptada mediante la aplicación del Procedimiento de Expulsión por Aula Segura, decisión de fecha 11 de septiembre de 2025, que fue ratificada el 1° de octubre del mismo año.

Tercero: Que, conforme a lo dispuesto en el numeral quinto del Auto Acordado respectivo, con los antecedentes aportados por las partes es posible asentar los siguientes hechos: 1.- El 13 de agosto de 2025, en las inmediaciones del Liceo nombre reservado se desarrollaron hechos de violencia en los que participaron terceros encapuchados y personas con overoles blancos. 2.- Los disturbios terminaron en un enfrentamiento con Carabineros y con la destrucción de infraestructura del establecimiento educacional recurrido. 3.- Entre los estudiantes que participaron cubriendo con su cuerpo y mochila a los encapuchados y sujetos con overoles blancos estaba el estudiante nombre reservado. 4.- Por los hechos expuestos se inició un procedimiento por Aula Segura, notificando a los apoderados del adolescente nombre reservado, el 28 de agosto de 2025. 5.- El alumno protegido presentó sus descargos el 1 de septiembre de 2025, reconociendo su participación por haber sido obligado por terceros. 6.- Por Resolución de la Dirección del Liceo se dispuso su expulsión con fecha 11 de septiembre de 2025, la que fue materia de apelación por parte de su apoderado el 25 de septiembre de 2025, siendo confirmada la expulsión por el Consejo Consultivo de Profesores celebrado el 29 de septiembre de 2025, lo que fue notificado al recurrente el 1 de octubre de 2025. 7.- El procedimiento fue fiscalizado por la Superintendencia de Educación, bajo el número NUM001, en el que se concluye que la medida de expulsión se ajustó a la normativa vigente.

Cuarto: Que, en lo referido del acto recurrido y de su análisis, se constata que la medida de expulsión impugnada fue adoptada conforme al procedimiento previsto en los artículos 65 y 71 del Reglamento Interno, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación y la Ley N° 21.128, conocida como “Aula Segura”, en donde se permitió la participación del estudiante y su apoderado en todas sus fases.

Al respecto, se constata que el colegio mantiene un reglamento interno de convivencia escolar, obligación establecida el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación. Dentro de ese reglamento, el artículo 71 describe las faltas gravísimas en las que se encuentra la conducta que se atribuye al alumno y dentro de aquellas medidas posibles se encuentra la medida de cancelación de matrícula o expulsión, conforme a lo dispuesto la mencionada normativa.

Quinto: Que es posible advertir que los fundamentos se expresan en el acto recurrido de tal forma que es posible reproducir, sin saltos lógicos, ni vacíos argumentativos, lo razonado por las recurridas. En efecto, tanto al momento de decidir la aplicación de la medida de expulsión del alumno, como de rechazar el recurso ejercido por el apoderado, se hace cargo de las alegaciones esgrimidas en defensa de la posición del actor. Además, lo razonado aparece como conforme con el mérito de los antecedentes tenidos a la vista. Es necesario señalar que, considerando la naturaleza de la acción deducida, no es posible analizar en profundidad la efectividad o la verosimilitud de las pruebas aportadas durante la investigación, puesto que ello corresponde a un proceso de lato conocimiento, que por lo se encuentra radicado en la Superintendencia de Educación, ente público que es el naturalmente llamado a conocer del mérito de los antecedentes conforme a la Ley, correspondiéndole a ésta juzgar la proporcionalidad del acto, circunstancia que en este caso acaeció por medio de la fiscalización efectuada al procedimiento llevado a cabo por el establecimiento educacional concluyendo que éste actuó conforme a las leyes que rigen la materia y al reglamento interno.

Sexto: Que, respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, no se desprende cómo la medida de expulsión hubiere vulnerado de manera directa la integridad psíquica del alumno, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la educación. En efecto, la sola invocación de las disposiciones del artículo 19 de la Constitución, sin identificar actos u omisiones concretos que sean ilegales o arbitrarios, no resulta suficiente para acreditar la existencia de una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de tales garantías.

En consecuencia, no se configura en la especie un acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales indubitadas del recurrente, presupuesto indispensable para la procedencia de la acción cautelar prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en representación de su hijo menor de edad nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia como sostenedora del Liceo nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Protección N°22.175-2025.