nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, dos de abril de dos mil veinticinco.

A los folios 13 y 14; a todo, téngase presente.

Vistos Que comparece nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de AFP Modelo y la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado su solicitud de retiro y devolución de fondos de ahorros como profesional extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se le impide realizar el retiro de sus fondos previsionales debido a la imposibilidad de apostillar un documento de afiliación al sistema previsional venezolano por el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, vulnerando con ello el derecho a la propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a los recurridos admitir el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) presentado con declaración jurada ante notario público chileno y se le entregue a la brevedad el dinero de su propiedad.

Refiere que el día 8 de octubre de 2024 procedió a realizar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales depositados en AFP Modelo, presentando para ello los documentos requeridos, entre ellos constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), que especifica que cubre enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Posteriormente recibió correo electrónico de la AFP mencionada el día 21 de octubre de 2024, que contenía carta con fecha 11 de octubre del 2024, indicando que su solicitud había sido rechazada. El motivo del rechazo fue que "el certificado de afiliación emitido por IVSS, no se encuentra apostillado ni legalizado, según corresponda, por lo que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad del documento. Además, no señala fecha de emisión ni se encuentra firmado por quien lo emite, por ende, no cumple con la normativa vigente".

El 21 de octubre de 2024, efectuó una consulta a la Superintendencia de Pensiones explicando que siendo de nacionalidad venezolana estaba afectada por causa de fuerza mayor, ante el cierre de la embajada de Venezuela en Chile, no logrando apostillar y/o legalizar la constancia de afiliación al régimen previsional de su país. Agrega que realizó una declaración jurada bajo fe de juramento ante Notario público en Chile, en los mismos extremos legales que se realizaba en la Embajada venezolana en Chile, con la finalidad de que se considerara aceptada la constancia de afiliación al IVSS, dada la imposibilidad de acceder a ese documento en la forma solicitada. Recibió respuesta de la Superintendencia de Pensiones, que según señala, solo citaba la respuesta de AFP Modelo, sin darle más posibilidades ni alternativa subsidiaria. Ante esta limitación y ver cómo la Superintendencia apoyaba lo expuesto por AFP Modelo, realizó un segundo reclamo formal directo a la Superintendencia de Pensiones el día 30 de octubre de 2024, solicitando que le permitieran solicitar el retiro de sus fondos de pensiones aprobando la Constancia presentada, dada la imposibilidad que enfrenta como venezolana de obtener la legalización y/o apostilla.

Hace presente que desde el 29 de julio de 2024, los ciudadanos venezolanos quedan sin embajada en Chile, situación que es incontrolable y que les afecta directamente, ya que se le hace imposible obtener legalizado y/o apostillado. Así, invoca la figura del caso fortuito o fuerza mayor, definida en el artículo 45 del Código Civil como "imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Sostiene que el cierre de la embajada venezolana en Chile constituye un claro ejemplo de caso fortuito o fuerza mayor, siendo imprevisible e irresistible para ella y para todos los venezolanos residentes en Chile. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que reconoce la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor en el ámbito administrativo.

La Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima evacuó informe, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Refiere que, tras analizar los antecedentes aportados en la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por la recurrente, determinó que no se daba cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156. Específicamente, la solicitud fue rechazada por cuanto "el certificado de afiliación emitido por IVSS no se encuentra apostillado ni legalizado, según corresponda, por lo que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad del documento. Además, no señala fecha de emisión ni se encuentra firmado por quien lo emite, por ende, no cumple con la normativa vigente".

La recurrida señala que lo anterior es concordante con lo prescrito en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que AFP Modelo debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y los Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

La Superintendencia de Pensiones también evacuó informe solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Explica que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales, que cumplan con los requisitos copulativos indicados en su artículo 1°. Cita textualmente dicho artículo, que en su letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y en su letra b) requiere que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementariamente, invoca el artículo 7° del mismo cuerpo legal, que permite a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP solicitar la devolución de sus fondos previsionales, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1°. Enfatiza que, al tratarse de una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo cuando se cumplan todas las exigencias copulativas establecidas.

Sostiene que ha actuado siempre de acuerdo a sus facultades, las que se encuentran contempladas en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L.N°101 de 1980, que le otorgan la potestad de interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones. En ejercicio de dichas atribuciones, señala que ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156.

La Superintendencia explica que ha efectuado diversas gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para abordar la problemática surgida tras el cierre de la Embajada de Venezuela. Mediante oficios N°15.202 de 20 de agosto de 2024 y N° 19.250 de 14 de octubre de 2024, consultó sobre la validación de certificaciones venezolanas y transmitió a las AFP la información proporcionada por dicho Ministerio, que incluía procedimientos de verificación de legalizaciones y apostillas emitidas por las autoridades venezolanas a través del sitio web https://mppre.gob.ve/.

En relación con el caso específico de la recurrente, la Superintendencia señala que tuvo a la vista su declaración jurada ante Notario Público del 8 de octubre de 2024 y el documento denominado "Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)", que no se encontraba apostillado, legalizado, ni con firma manual de autoridad competente. Concluye que dicha documentación no es válida para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, y que la declaración jurada no puede sustituir la certificación requerida.

Considerando:

Primero: Se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de la misma, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que permitirá a la Corte situarse en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos nocivos de la acción u omisión.

Segundo: El acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente y la decisión de la Superintendencia de Pensiones que ratificó ese proceder, desestimando el reclamo de la actual recurrente.

Las recurridas justifican sus decisiones, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Tercero: El artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Cuarto: La revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente;

Quinto: Comoquiera que sea, aún si se admitiera el hecho de que la recurrente estaría imposibilitada de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que el aludido documento no está vigente y, conforme consta de la actuación del ministro de fe que precede, ni siquiera es posible verificar su validez. Algo semejante puede indicarse de la declaración jurada formulada por la propia recurrente, dado que no corresponde a un comprobante idóneo para los fines que interesan.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-22142-2024.