nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Indica que, con fecha 17 de septiembre de 2025, fue notificado vía correo electrónico de que su solicitud se encontraba detenida por no adjuntar un certificado de afiliación apostillado o legalizado que acreditara cobertura en el extranjero por vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Expone que, tras concurrir a las dependencias de la recurrida el 22 de septiembre de 2025, una ejecutiva le comunicó de forma verbal el rechazo de la gestión por el motivo antes señalado.

Argumenta que existe una imposibilidad técnica y material para obtener la legalización consular o apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo cual constituye un caso fortuito o fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil. Precisa que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones, verificable mediante un código alfanumérico en el portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), documento que acredita su afiliación vigente y las prestaciones cubiertas. Sostiene que la AFP realiza una interpretación formalista y restrictiva de la ley, incorporando requisitos no previstos expresamente en la normativa especial.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en la Ley N°18.156, los artículos 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, y diversos artículos del Código Civil relativos a la fuerza mayor y la prueba de instrumentos públicos. Asimismo, invoca criterios jurisprudenciales de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han acogido acciones similares ante la dificultad de obtener documentos apostillados de Venezuela.

Pide en definitiva, tener por interpuesto el recurso, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada y que la recurrida proceda a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que, evacuando informe, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A, solicita el rechazo del recurso.

Expone que la solicitud de devolución de fondos fue efectivamente rechazada con fecha 17 de septiembre de 2025. Detalla que el motivo del rechazo fue la falta de un certificado de afiliación apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que acreditara específicamente las coberturas exigidas por la ley durante todo el tiempo de prestación de servicios en el país.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se ha limitado a dar estricto cumplimiento a la legislación vigente y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver esta materia, por ser un asunto de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones exige que el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada. Menciona que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla, así como las declaraciones juradas ante notario chileno, no poseen valor probatorio suficiente para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Además, hace presente que los fondos previsionales tienen por ley un destino exclusivo y las administradoras están impedidas de otorgar beneficios no reconocidos expresamente.

Solicita, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Plan Vital S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 22100-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.