nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que el 9 de octubre de 2025 compareció don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundada en la Ley N° 18.156. La actuación impugnada consiste en la negativa de la recurrida a tramitar y acoger la devolución de los fondos previsionales del actor, bajo el argumento de que los documentos acompañados —en particular, el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera— no cumplirían con los requisitos exigidos, decisión que estima ilegal y arbitraria, por cuanto incorpora exigencias no contempladas en la normativa aplicable y prescinde de medios objetivos de verificación disponibles, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2, y de derecho de propiedad, establecida en el artículo 19 N°24, ambas de la Constitución Política de la República, solicitando que se restablezca el imperio del derecho mediante el reconocimiento de la validez de la documentación presentada y la consecuente devolución de sus fondos previsionales.

Expone que, en su calidad de profesional extranjero, solicitó a la AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que exime de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen, siempre que manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación. Señala que efectuó la solicitud a través del portal web de la administradora y que, con fecha 12 de septiembre de 2025, fue notificado por correo electrónico del rechazo, fundado genéricamente en la supuesta insuficiencia del certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Añade que el certificado acompañado acredita su afiliación a la seguridad social de su país de origen y cumple con las prestaciones mínimas exigidas por la ley, indicando además que dicho documento se encuentra debidamente notariado y apostillado, y que su autenticidad puede ser verificada mediante mecanismos electrónicos oficiales, a través de códigos alfanuméricos y consultas directas en el sitio web institucional del organismo emisor. Sostiene que la recurrida omitió realizar cualquier verificación de dichos antecedentes y que, pese a contar con medios objetivos y accesibles para corroborar la afiliación, rechazó la solicitud sin motivación suficiente.

En el plano jurídico, argumenta que la AFP recurrida efectuó una interpretación excesivamente formalista de la Ley N° 18.156, incorporando requisitos no previstos en su texto, desatendiendo la finalidad del legislador y el carácter especial de la normativa, cuyo propósito es permitir a los profesionales extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando mantienen afiliación a un sistema previsional extranjero. Afirma que la decisión impugnada carece de razonabilidad y proporcionalidad, al exigir formalidades de difícil o imposible cumplimiento atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas vigentes entre Chile y Venezuela, circunstancia que no puede ser imputada al recurrente.

Finalmente, sostiene que el rechazo de su solicitud configura un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en idénticas condiciones, han obtenido una respuesta favorable por parte de otras administradoras de fondos de pensiones, lo que importa una diferencia arbitraria prohibida por el orden constitucional. Asimismo, señala que la negativa a devolver los fondos previsionales importa una afectación directa al derecho de propiedad que ejerce sobre dichos ahorros, al impedirle disponer de ellos en los casos expresamente autorizados por la ley.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, ordenándose a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados, dentro de un plazo razonable, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Uno S.A., evacúa el informe requerido en autos, solicitando el rechazo total del recurso de protección, con expresa condena en costas, en atención a que la acción constitucional tendría naturaleza cautelar y procedería únicamente ante la afectación de garantías preexistentes e indubitadas, lo que —según afirma— no concurre en la especie, pues el actor no habría sufrido privación, perturbación ni amenaza de derecho alguno por acto ilegal o arbitrario, pretendiendo, en cambio, obtener por esta vía un resultado contrario al marco normativo que regula excepcionalmente la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros.

En ese contexto, la recurrida desarrolla como defensa principal de improcedencia que el recurso no cumpliría los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, desde que no existiría acto u omisión ilegal o arbitraria, no se configuraría agravio y, en todo caso, no habría afectación de garantías del artículo 19; añade que las AFP no pueden ejecutar actos no permitidos por la ley, destacando que jamás se ha negado la titularidad de los fondos previsionales del recurrente, y que la devolución de fondos a técnicos extranjeros sería excepcional, procediendo solo si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, su normativa complementaria y, especialmente, en la Circular N°553 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, lo que —según sostiene— no acontecería en el caso.

En cuanto a los hechos, refiere que el día 9 de septiembre de 2025 don nombre reservado, afiliado de nacionalidad venezolana, inició ante AFP Uno S.A. el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, invocando la Ley N°18.156, respecto del empleador Salcobrand S.A., acompañando contrato de trabajo, anexo, título de Técnico Superior Universitario en Informática y su apostilla, certificado denominado “constancia de cotizaciones” y una declaración jurada notarial. Indica que con fecha 12 de septiembre de 2025 se informó el rechazo del trámite, señalándose como motivo que el “Certificado Institución de Seguridad Social” no cumplía criterios de aceptación, precisándose asimismo que el solicitante podía reingresar una nueva solicitud con la documentación correspondiente; finalmente, consigna haber tomado conocimiento del recurso el 13 de octubre de 2025.

En el apartado de derecho, expone que en materia laboral y previsional rige el principio de territorialidad, salvo hipótesis excepcionales, entre ellas la contemplada en la Ley N°18.156, explicando que para que proceda la exención de cotizar —y, en su caso, la devolución de fondos conforme al artículo 7°— deben cumplirse los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal y de la normativa del Compendio, a saber: i) detentar la calidad de técnico, acreditable mediante documentos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; ii) encontrarse afiliado, con anterioridad al contrato en Chile, a un régimen previsional o de seguridad social fuera del país que otorgue prestaciones al menos por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que —según se afirma— debe acreditarse mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada; y iii) manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que, tratándose de instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, resultaría aplicable el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y cita, además, antecedentes administrativos vinculados a la autenticidad y cadena de legalización de documentos internacionales, incluyendo el Oficio Reservado N°2966 del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Oficio Ordinario N°12954 de la Superintendencia de Pensiones, destacando la exigencia de legalización o apostilla para producir efectos en Chile.

Sobre esa base, la recurrida sostiene que su actuación no habría sido obstaculizadora ni formalista, sino ajustada a la normativa vigente; enfatiza que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile no habilitaría a prescindir de exigencias legales de autenticación documental, las cuales —a su juicio— buscan asegurar la validez y seguridad jurídica del sistema previsional, careciendo la AFP de facultades para reemplazar o dejar sin aplicación tales requisitos. Añade que consultó a la Superintendencia de Pensiones una alternativa de validez anual verificable por plataforma oficial, propuesta que fue descartada por considerarse ajena a la competencia del organismo. Asimismo, cuestiona que los documentos acompañados por el recurrente respecto de aprobaciones en AFP Cuprum y AFP Modelo permitan inferir que se presentaron los mismos antecedentes, pues —según indica— aquellos no detallan la documentación específica utilizada. Finalmente, concluye que la “constancia de cotizaciones” verificable por enlace web no sustituiría las formalidades legales exigidas, invocando además pronunciamientos y fallos que, según expone, respaldarían que no existe ilegalidad ni arbitrariedad cuando la AFP exige documentos extranjeros debidamente legalizados o apostillados.

Por último, la recurrida reitera la improcedencia de la acción constitucional por no concurrir copulativamente los requisitos del artículo 20 de la Constitución —acto ilegal o arbitrario, agravio y afectación de garantías—, sosteniendo que no se ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna, y solicitando, por tanto, que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas urgentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen dicho ejercicio. Es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado por parte del recurrente y una actuación de la recurrida que sea contraria a la ley o carente de razón.

CUARTO: Que, la controversia se centra en determinar si el rechazo de la devolución de fondos previsionales por parte de AFP Uno S.A. constituye un acto ilegal o arbitrario. Al respecto, debe tenerse presente que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que permite a los técnicos extranjeros retirar sus fondos, siempre que cumplan requisitos copulativos, entre ellos, acreditar que se encuentran afiliados a un régimen de seguridad social fuera de Chile que les otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

QUINTO: Que, en el análisis de los antecedentes, se observa que el documento fundamental para acreditar dicha afiliación —la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS— no cumple con las formalidades legales para ser valorado en sede administrativa en Chile. De acuerdo con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en el territorio nacional. La existencia de un código de verificación electrónica o la situación diplomática actual con el país de origen del documento no eximen a la Administradora de exigir el cumplimiento de estas formalidades, las cuales otorgan certeza jurídica sobre la autenticidad y contenido del instrumento.

SEXTO: Que, asimismo, la recurrida se encuentra bajo la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, cuyas instrucciones y oficios (especialmente el Oficio N° 12.954 de 2025) son de carácter obligatorio para las AFP. La autoridad técnica ha sido clara al señalar que las constancias electrónicas del IVSS sin firma ni apostilla no son medios idóneos para acreditar el requisito de la Ley N° 18.156. En consecuencia, la AFP no ha actuado de manera caprichosa o antojadiza, sino que ha ajustado su conducta a la normativa sectorial y a las directrices de su órgano regulador.

SÉPTIMO: Que, por lo anterior, no se divisa la existencia de un acto ilegal, toda vez que la recurrida ha aplicado las normas de derecho público que rigen la materia, ni tampoco arbitrario, pues el rechazo se encuentra debidamente motivado en la insuficiencia formal de los documentos acompañados. No existiendo un acto viciado, no es posible constatar la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley ni de propiedad, puesto que el derecho al retiro de los fondos está supeditado al cumplimiento íntegro de requisitos legales que, en este caso, no se han verificado fehacientemente.

OCTAVO: Que, finalmente, la situación de dificultad para obtener documentos apostillados, si bien es una realidad fáctica, no habilita a esta magistratura para obviar la legalidad vigente ni para transformar la acción de protección en un mecanismo de declaración de derechos controvertidos o de dispensa de requisitos legales establecidos por el legislador y la autoridad administrativa técnica.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Se previene que el Ministro Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-22099-2025.