nombre reservado con SERVICIO NACIONAL NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, tres de abril de dos mil veinticinco.

Al folio N° 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Germán Silva Montalva, abogado, deduciendo acción de protección constitucional en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, el derecho de los recurrentes garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el Servicio Nacional de Migraciones ha negado a los recurrentes una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o una visa temporaria; por lo que solicita que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, otorgándoles a los recurrentes una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o una visa temporaria.

Expone como antecedentes que doña nombre reservado ingresó al país el 2 de agosto de 2021, siguiendo a su familia que ya se encontraba radicada en Chile, por un paso fronterizo no habilitado, y se auto denunció ante la Policía de Investigaciones el 4 de agosto de 2021. Señala que hasta la fecha de interposición del recurso se encuentra pendiente el otorgamiento de su visa temporaria, no disponiendo de una cédula de identidad de extranjeros, encontrándose impedida de acceder a un trabajo formal, e ingresar a estudiar a la universidad.

Respecto a don nombre reservado, señala que ingresó al país el 17 de octubre de 2018, a través de un paso fronterizo habilitado, teniendo a esa fecha 15 años de edad, en compañía de su madre doña nombre reservado. Indica que se encuentra pendiente hasta la fecha el otorgamiento de su visa temporaria y que su cédula de identidad tiene fecha de vencimiento al 23 de agosto de 2023. Agrega que, se encuentra impedido de acceder a un trabajo formal.

Añade que, según se le habría informado por funcionarios de la recurrida, se le exige un certificado de antecedentes penales otorgado por la República Bolivariana de Venezuela, pero su país cerró recientemente su sede diplomática en Chile y, en consecuencia, se encuentra absolutamente impedido de obtener el mencionado Indica que ambos recurrentes son hijos de doña nombre reservado, a quien, por Resolución Exenta N°24510159, de fecha 7 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se le otorgó su visa temporaria.

Sostiene en su recurso que se cumplen los requisitos legales para que la recurrida Servicio Nacional de Migraciones otorgue a los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado, una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar, teniendo en especial consideración que toda su familia se encuentra legalmente radicada en Chile, con visa definitiva.

Como fundamento jurídico de su pretensión, invoca la Ley N°19.880, que establece las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, señalando que éstos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del caso; por el principio de inexcusabilidad, conforme al cual "la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación"; y el derecho de toda persona de poder "conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados".

Agrega que estos principios no han sido respetados por la parte recurrida, la cual, pudiendo o debiendo, por cumplirse todas las exigencias para los migrantes venezolanos, ha negado a los recurrentes una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o una visa temporaria y, con ello, tengan su legítimo derecho de regularizar su situación migratoria.

Invoca además el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas "La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias...".

Señala que lo anterior está en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1, al indicar que las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, en que se sustituye la palabra "humanos" por "personas", y lo mismo ocurre en el Código Civil, en cuyo artículo 57 se establece que, ante la ley, no existe diferencia entre chilenos y extranjeros, respecto a los derechos civiles allí establecidos.

Agrega que la parte recurrida ha vulnerado el principio de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de los recurrentes, por no haber sido sometidos a un justo y racional procedimiento, no dando cumplimiento a la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Funda también su recurso en la jurisprudencia emanada de la sentencia de 23 de octubre de 2024, dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en causa Rol N°49.621-2024, caratulada "nombre reservado con nombre reservado", que hace referencia a la dilación injustificada por parte del Servicio Nacional de Migraciones en dar respuesta a solicitudes de regularización migratoria.

Sostiene que el recurrido ha incurrido en un incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, al desconocer la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, dilatando la decisión respecto de la solicitud de regularización de la parte recurrente, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, lo que debe ser calificado como ilegal y arbitrario por vulnerar la garantía de igualdad ante la ley.

En cuanto a la forma en que, según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes, se señala expresamente que el Servicio Nacional de Migraciones ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, el derecho de los recurrentes a obtener una visa, lo que les impide regularizar su situación migratoria y, consecuentemente, acceder a oportunidades laborales y educativas en igualdad de condiciones con otras personas en situación jurídica equivalente que sí han podido tramitar debidamente su solicitud.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de doña nombre reservado y de don nombre reservado, otorgándoles una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o, por último, una visa temporaria y, con ello, tengan su legítimo derecho de regularizar su situación migratoria, con expresa condenación al pago de las costas del recurso.

Segundo: Que informando al tenor del recurso de protección interpuesto, con comparecen nombre reservado y Miguel Araneda Neira, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional deducida, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta a los antecedentes de hecho, expone, primeramente, la situación migratoria de cada uno de los recurrentes. En cuanto a doña nombre reservado, ciudadana venezolana, señala que no registra ningún ingreso al territorio nacional, de lo que se presume su ingreso por paso no habilitado para tales efectos. Indica que el 22 de noviembre de 2022, la recurrente realizó ante la Policía de Investigaciones auto denuncia por ingreso clandestino, según consta en el Parte Policial N° 766, de Policía de Investigaciones de Los Andes. Asimismo, expone que el 11 de julio de 2023, la recurrente se acogió al procedimiento de empadronamiento biométrico del año 2023, precisando que dicho procedimiento no corresponde a un medio para regularizar su situación migratoria. Enfatiza que no consta que la recurrente haya presentado solicitud de Residencia alguna ante el Servicio Nacional de Migraciones.

En relación a don nombre reservado, ciudadano venezolano, informa que ingresó por primera vez al territorio nacional el 25 de octubre de 2018, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta, por motivos de turismo. Señala que el 12 de julio de 2019, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, le otorgó por primera vez al recurrente una visa sujeta a contrato, por 1 año y en calidad de dependiente. Agrega que el 18 de agosto de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones, le otorgó al recurrente un permiso de residencia temporal, por 1 año y en calidad de titular, el cual se mantuvo vigente desde el 23 de agosto de 2022 hasta el 23 de agosto de 2023. Asimismo, enfatiza que no consta que el recurrente haya presentado solicitud de Residencia alguna ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Por su parte alega la procedencia de la acción de protección, señalando que no existe resolución ni decreto que disponga la expulsión de los recurrentes del territorio nacional o que limite de alguna manera caprichosa o antojadiza las garantías fundamentales protegidas por la acción de protección.

En segundo término, respecto a la solicitud de los recurrentes de otorgarles una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o, por último, una visa temporaria, argumenta que no habiendo solicitado los recurrentes que se les otorgue algún permiso de residencia, sobre la cual no existe ninguna solicitud realizada, no resulta posible al Servicio Nacional de Migraciones otorgar ningún permiso, toda vez que los recurrentes no cumplen con los requisitos legales para optar a ningún beneficio migratorio.

Como tercer fundamento, a se refiere a la vía jurisdiccional para el otorgamiento de un permiso de residencia temporal de un extranjero. Frente a esta pretensión, argumenta que se vulneraría el principio de separación de funciones, citando al profesor nombre reservado, quien señala que "la función es la que determina el órgano, y no el órgano el que determina la función". De este modo, sostiene que el petitorio vulnera dicho principio, toda vez que pretende que a través del ejercicio de la función judicial de la cual la Corte de Apelaciones se encuentra dotada, se arrogue facultades pertenecientes a la función administrativa, mediante la cual el órgano ejecutivo recurrido ejerce su competencia.

Profundiza este argumento señalando que interpretar en sentido contrario implicaría vulnerar el imperativo constitucional dispuesto en la Constitución Política de la República. Para fundamentar esta afirmación, cita los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, que consagran el principio de juridicidad, según el cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que ninguna magistratura, persona o grupo de personas puedan atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

En este contexto, la parte recurrida argumenta que el otorgar a los recurrentes un permiso de residencia temporal por la vía judicial constituiría una infracción al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, invoca el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que "Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes". De esta manera, sostiene que no es posible que la Corte de Apelaciones, por medio de la sentencia, ordene el otorgamiento del beneficio de una visa de responsabilidad democrática, o la residencia temporal de un extranjero, considerando los antecedentes de hecho mencionados, y las normas incluso de rango constitucional, que señalan sus funciones y las limitan de la manera expuesta, no habiendo ninguna solicitud realizada ante la autoridad administrativa.

Tercero: Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que la clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Quinto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario, está constituido por la supuesta negativa de la administración de otorgar una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o una visa temporaria.

Sexto: Que según se adelantó, el recurso de protección pretende el restablecimiento del derecho en los casos que una persona se vea afectada por alguna actuación arbitraria o ilegal que implique una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 y señaladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sin embargo, en el caso de autos no se vislumbra alguna actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad recurrida, y menos la afectación -ni a título de amenaza- de alguna de las garantías protegidas por esta acción cautelar, desde que tal afectación sólo podría tener lugar -eventual e hipotéticamente- en caso que hubiese existido la negativa por parte de la autoridad a tramitar la solicitud una visa de responsabilidad democrática o, en su defecto, una visa de reunificación familiar o una visa temporaria, no ha sido acreditada por los recurrentes.

Séptimo: Que en consecuencia, no se requiere en este caso el restablecimiento del imperio del derecho, por no haberse afectado, lo que impide a esta Corte adoptar alguna medida al respecto.

Por estas consideraciones y visto además lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado y de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Plaza Reveco, quien estuvo por acoger el recurso deducido y ordenar a la autoridad migratoria que de curso al procedimiento administrativo correspondiente, tendiente a la obtención de alguno de los tres tipos de visa a que se refieren los recurrentes, teniendo presente para ello:

I.- Que es un hecho público y notorio que las relaciones diplomáticas de Chile con Venezuela se han visto perturbadas por el retiro de la oficina consular de la República de Venezuela, lo que torna muy dificultosa la obtención del certificado de antecedentes en su país de origen.

II.- Que en esas circunstancias, resulta arbitrario el no tramitar las solicitudes de visa por carecer los recurrentes del documento exigido a priori para ello, impidiendo a los recurrente el poder acompañarlo a posteriori durante la tramitación del proceso administrativo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22050-2024.