nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, persona jurídica de derecho privado, por haber efectuado descuentos de sus remuneraciones de manera unilateral, arbitraria e ilegal durante los meses de agosto y septiembre de 2025.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues se han practicado deducciones salariales sin consentimiento del trabajador ni fundamento legal suficiente, pretendiendo el cobro de una obligación presuntamente prescrita y carente de transparencia documental, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad y de libertad de trabajo y su justa retribución, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 24 y 16, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se ordene la restitución de los montos detraídos.

Expone que, con ocasión de la revisión de sus liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025, constató la existencia de dos descuentos por la suma de $312.147 cada uno, los cuales fueron aplicados por la recurrida sin mediar notificación, justificación ni autorización expresa de su parte.

Señala que tales descuentos derivarían de un crédito social suscrito en el año 2018 en un contexto de vulnerabilidad por salud, deuda que a la fecha se encontraría prescrita y cuya documentación de respaldo ha sido negada por la institución recurrida, impidiéndole conocer la génesis de un incremento de la deuda que ascendería actualmente a $900.000 pese a un capital inicial de $500.000.

Jurídicamente, sustenta su pretensión en la transgresión de los límites impuestos por el artículo 58 del Código del Trabajo respecto a los descuentos permitidos sobre la remuneración, así como en la doctrina jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema, específicamente en la causa Rol N° 141.469-2023, argumentando que el actuar de la Caja de Compensación constituye una vía de hecho y una manifestación de autotutela proscrita por nuestro ordenamiento, al revivir de forma caprichosa facultades de cobro por planilla respecto de obligaciones extinguidas o controvertidas.

En un análisis pormenorizado de las garantías constitucionales, el actor identifica que la conducta impugnada vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al verse privado de la libre disposición de sus emolumentos laborales, y el derecho a la libertad de trabajo y su justa retribución garantizado en el artículo 19 N° 16 de la referida Carta Fundamental, toda vez que se ha afectado la integridad de su remuneración sin una causa legal que legitime dicha detracción patrimonial.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar de inmediato los descuentos indebidos en sus remuneraciones, restituir la suma total de $624.294 ya descontada y abstenerse de efectuar nuevos descuentos por planilla relacionados con el crédito social del año 2018.

SEGUNDO: Que, informando la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado.

Precisa la existencia de dos operaciones de crédito social: la N° 200.6460-3, otorgada el 10 de octubre de 2016 por un capital de $628.865.-, y la N° RUT reservado, de fecha 2 de febrero de 2016, por un capital de $1.960.669.

Refiere que, ante la morosidad en el pago de las cuotas, se efectuaron reprogramaciones con fecha 5 de septiembre de 2025, generando nuevos vencimientos y cuotas.

Sostiene la legalidad de los descuentos realizados al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, el cual establece la obligación del empleador de retener y remesar las sumas adeudadas por crédito social, rigiéndose por las normas de las cotizaciones previsionales.

Argumenta que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita judicialmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, subrayando que la prescripción no opera de pleno derecho y que la vía de protección no es la sede idónea para tal declaración, por requerirse un juicio de lato conocimiento donde se discuta la existencia de un derecho indubitado.

Sin perjuicio de defender la legalidad de su conducta, informa a este tribunal que su representada ha dispuesto de forma voluntaria el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas recibidas desde la reanudación de los cobros, sin que ello importe un reconocimiento de la extinción de la deuda.

Por consiguiente, solicita que se rechace el recurso por haber perdido oportunidad, toda vez que, al haber cesado el acto impugnado y ordenado la devolución de los montos, esta Corte no se encuentra en condiciones de adoptar providencias necesarias para asegurar la protección del actor por carencia de objeto actual.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en los descuentos efectuados en sus remuneraciones por su empleador en los meses de agosto y septiembre de 2025.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados y del mérito de las presentaciones de las partes, no se encuentra discutido el hecho de que el recurrente ha solicitado a la recurrida mutuos de dinero con cargo al crédito social, que no se ha solicitado la prescripción de dichos créditos y que la Caja de Compensación no ha recurrido a la vía judicial para efectos de su cobro.

SEXTO: Que, no obstante, del mérito de los antecedentes, especialmente lo señalado por la recurrida, consta que ésta dispuso de forma voluntaria el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas recibidas desde la reanudación de los cobros al recurrente, por lo que la presente acción constitucional no puede prosperar, por pérdida de oportunidad, sin perjuicio del derecho del interesado de recurrir a la sede que corresponda, en caso de existir discordancia sobre la cuantía de los dineros que deberían ser restituidos en virtud de la declaración discrecional de la recurrida en tal sentido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-22035-2025.