Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, seis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, ciudadana venezolana, y deduce recurso de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, por haber dichos organismos rechazado su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada.

Explica que ingresó a Chile durante el año 2020 junto a su padre, su madre y su hermano, época en la que tenía 14 años de edad, y agrega que el día 10 de agosto de 2021 su padre solicitó el reconocimiento de la calidad de refugiados respecto de todo el grupo familiar, el que se mantuvo en tramitación hasta que el día 6 de octubre pasado recibió en su domicilio un sobre del Servicio Nacional de Migraciones en donde le comunican el rechazo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Pide se regularice su situación migratoria, ya que su primera solicitud fue efectuada por sus padres atendida su edad, pero que a la fecha siendo ya mayor de edad y encontrándose actualmente estudiando pide sea regularizado su estatus migratorio, por cuanto quiere seguir estudiando y ejercer una carrera profesional en Chile una vez terminado sus estudios.

Refiere que sus padres tendrían todavía su cédula de identidad vigente, encontrándose ambos actualmente trabajando.

Indica que el actuar denunciado habría vulnerado sus garantías constitucionales correspondientes al derecho a la vida e integridad física y psíquica, libertad de enseñanza, libertad de trabajo, libertad a desarrollar cualquier actividad económica, su derecho a no ser discriminado por el estado en materias económicas y su derecho de propiedad, todos ellos consagrados en el artículo 19 N° 1, 11, 16, 21, 22 y 24 de la carta fundamental.

Termina solicitando ayuda para regular su situación dentro del país, para poder estudiar y trabajar libremente, como actualmente lo está haciendo.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa el informe requerido solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, fundando su petición en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala que nombre reservado, nacional de Venezuela, ingresó al territorio nacional el 30 de diciembre de 2021 por paso fronterizo no habilitado. Con posterioridad, el 27 de julio de 2022, solicitó ante la autoridad competente el reconocimiento de la condición de refugiada, solicitud que fue rechazada mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de julio de 2025, dictada por el Ministerio del Interior. Asimismo, la recurrida hace presente que no consta en sus registros que la recurrente haya solicitado regularizar su condición migratoria en el marco del proceso de regularización extraordinaria establecido en el artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325. Sí se registra que el 9 de septiembre de 2025 nombre reservado, pareja de la recurrente, solicitó para sí dicha regularización extraordinaria mediante Carta N° NUM001, limitándose a mencionar a la recurrente en su texto sin requerir la regularización de ella.

Dicha petición fue remitida mediante Oficio Ordinario N°NUM002, de 7 de noviembre de 2025, a la Subsecretaría del Interior, órgano facultado por ley para resolver este tipo de solicitudes.

En consecuencia, la recurrida concluye que la extranjera no cuenta con solicitud alguna pendiente de resolver, y que esta autoridad migratoria no ha decretado en su contra medida de abandono, expulsión ni sanción de ninguna naturaleza.

Alega en primer término, que carece de toda facultad para ejecutar y resolver solicitudes de regularización migratoria extraordinaria, toda vez que dicha potestad ha sido conferida por la Ley N° 21.325 exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, conforme a lo dispuesto en su artículo 155 N° 8 y 9, siendo además indelegable. En segundo término, opone como defensa la falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones, argumentando que al dirigirse la acción derechamente en su contra exigiendo un pronunciamiento sobre una solicitud de regularización que, además, no ha sido formalmente presentada, la acción resulta manifiestamente improcedente respecto de esta parte.

Sobre la base de dichos fundamentos, solicita a este tribunal que se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en favor de la recurrente, con costas.

TERCERO: Que el Ministerio del Interior evacúa también el informe requerido solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, fundando su petición en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala que como resultado del análisis efectuado los hechos expuestos por la peticionaria no alcanzaron a configurar persecución en los términos previstos por el ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual la Subsecretaría del Interior resolvió fundadamente rechazar la solicitud en conformidad con los N° 1 y 2 del artículo 2° de la Ley N° 20.430. Sostiene que la acción de protección constituye un mecanismo de carácter excepcional y de emergencia, destinado únicamente a subsanar manifiestas vulneraciones a derechos fundamentales, por lo que no resulta procedente utilizarla para cuestionar el mérito de una decisión adoptada por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones legales. En este sentido, argumenta que la pretensión de la recurrente excede la naturaleza cautelar del recurso, ya que lo que en realidad persigue es que este tribunal califique el fondo de una decisión administrativa válidamente pronunciada.

En segundo término, destaca que el legislador ha establecido un procedimiento especial en materia de refugio, regulado en la Ley N° 20.430 y en el Decreto Supremo N° 837, de 2010, del Ministerio del Interior, el cual contempla un proceso de lato conocimiento, con etapas técnicas y jurídicas complejas que incluyen, entre otros hitos, la presentación de antecedentes por el solicitante, una entrevista individual, la recopilación de información sobre el país de origen por parte de la Secretaría Técnica, el análisis de la solicitud por la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado — entidad interministerial con participación de representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y eventualmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados—, y finalmente la resolución fundada de la autoridad. Asimismo, la referida normativa contempla instancias de impugnación administrativa, específicamente los recursos de reposición y jerárquico establecidos en el artículo 43 de la Ley N° 20.430, los que, de ser interpuestos oportunamente, suspenden los efectos de la resolución impugnada, vías que la recurrente no habría utilizado. Por lo demás, la recurrida hace presente que, en su calidad de solicitante de refugio, la recurrente se encontraba amparada por el principio de No Devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.430, y que le fue extendida la correspondiente visación de residente temporaria por períodos de ocho meses, renovables mientras se encontrara vigente el procedimiento de refugio.

En tercer término, argumenta que la única autoridad competente para pronunciarse sobre solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado es el Ministerio del Interior, conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley N° 20.430, actuación que debe enmarcarse en los principios de legalidad y juridicidad establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Añade que esta posición ha sido reiteradamente sostenida por los tribunales superiores de justicia, incluyendo la Corte Suprema, al rechazar acciones de protección similares a la de autos. Asimismo, indica que la resolución impugnada fue pronunciada por la autoridad competente luego de un exhaustivo análisis técnico y jurídico, analizando tanto la causal del artículo 2° N° 1 —por no haberse acreditado un fundado temor de persecución ante un eventual retorno a Venezuela— como la del N° 2 de la misma disposición —por no haberse logrado establecer que la vida, seguridad o libertad de la recurrente hubiera sido amenazada por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos—. Finalmente, sostiene que la mera disconformidad de la parte recurrente con los fundamentos de la resolución constituye una cuestión de mérito que no puede traducirse en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto administrativo impugnado.

Termina solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección deducida en favor de la recurrente, con expresa condena en costas, por estimar que no existen motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que la decisión que se impugna por esta vía es aquella por medio del cual el Ministerio del Interior rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente y que se materializó a través de la Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de julio de 2025, de la Subsecretaría del Interior.

SEXTO: Que de la lectura de dicho acto administrativo y de los demás antecedentes que han sido aportados en la presente causa, es posible sostener que la decisión en cuestión fue dictada por la autoridad competente para ello, la cual fundadamente desestimó la solicitud efectuada, teniendo especialmente en consideración que los antecedentes aportados para justificar la solicitud no permitían encuadrar la solicitud de la recurrente en alguna de las hipótesis del artículo 2° de la Ley N°20.430, por cuanto no se acreditó la existencia de un temor de persecución por un eventual retorno a su país de origen, como tampoco se acreditó que la vida, seguridad o libertad de la recurrente hubiera sido amenazada por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos en dicho país, exponiéndose los argumentos para justificar lo decidido.

SÉPTIMO: Que, en ese orden de ideas, satisfaciendo la autoridad los requisitos legales para la dictación del acto administrativo, y no avizorándose arbitrariedad alguna en la decisión, necesariamente el presente arbitrio deberá ser desestimado, por cuanto el acto impugnado carece de ilegalidad o arbitrariedad, siendo innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones efectuadas por las partes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior.

Regístrese y archívese.

Protección N°22031-2025