nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 8 de octubre de 2025, comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de A.F.P. Habitat S.A., por el acto ilegal y arbitrario que rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjero, con el fin de que se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que solicitó la devolución de los fondos previsionales, de conformidad con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, en las condiciones que indica.

Refiere que fue notificado mediante correo electrónico de 9 de septiembre de 2025 del rechazo de su solicitud, fundado en que presentó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de julio de 2025, sin firma ni apostilla, junto a declaración jurada notarial del afiliado afirmando la pertenencia y cobertura previsional proporcionada por ese Instituto, no siendo posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar dicha cobertura, debiendo acompañarse la certificación al día debidamente apostillada, sin que el hecho de que el documento contenga un código de verificación sustituya los requisitos legales formales vigentes para la legalización de instrumentos públicos extranjeros.

Argumenta que se debe tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, que cita, razonando que la interpretación hecha por la recurrida, es formalista y desatiende la finalidad del legislador, dado que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, consistentes en el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social de su país de origen.

Refiere que, además, el rechazo se funda en que para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos que indica la ley, durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, lo que admite implícitamente que se encuentra afiliado, siendo el rechazo arbitrario e ilegal.

Plantea que siendo verificable la constancia electrónica acompañada, la conducta omisiva de la recurrida de hacer la verificación del mismo deviene en un actuar arbitrario e ilegal, al argumentar que la constancia electrónica acompañada no es un documento válido, a pesar de emanar de un organismo público y ser verificable en la página web oficial de la institución.

Argumenta que este actuar vulnera su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, al exigir requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, cumpliendo la solicitud con todas las exigencias de la Ley.

Añade que la vigencia del certificado expedido por el Consulado es un hecho que no está dentro de su esfera, sino que de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y Venezuela, actualmente inexistentes, además de ser un hecho público la dificultad de los ciudadanos venezolanos para obtener ciertos documentos, como un certificado de afiliación apostillado.

Cita jurisprudencia y argumenta que las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que esa conducta deviene en la imposibilidad para los profesionales extranjeros de obtener la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley.

Finaliza solicitando que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que esta Corte estime conforme al mérito de la causa y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, por la recurrida A.F.P. Habitat S.A. comparece la abogada Jimena Holtheuer Vergara, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Alega que el recurso de protección no es aplicable al caso, en tanto es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, sin que en el caso exista una privación, perturbación o amenaza arbitraria o ilegal en dicho ejercicio, sino que por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a la buscada, imponiendo el cumplimiento de requisitos claros y objetivos que no se acredita haber cumplido.

De esa forma, en el evento de existir alguna duda o controversia respecto a sí corresponde o no acceder a su solicitud, requeriría de un juicio de lato conocimiento o una acción legislativa que modifique el sistema de pensiones vigente en el país, siendo necesario para interponer esta acción que quien la ejerza sea titular de un derecho indubitado.

Por otra parte, la afiliación y obligación de cotizar en una AFP tiene como fundamento el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, da cuenta que el actor solicitó la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros el 28 de agosto de 2025, acompañando -entre otros- constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 30 de julio de 2025 sin firma ni apostilla.

Da cuenta que la Fiscalía Administrativa de esa entidad, mediante informe legal de 4 de septiembre de 2025 indicó no dar curso al beneficio por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a él, no siendo posible recibir declaraciones -juradas- de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional, debiendo acompañarse la certificación del IVSS al día y debidamente apostillada, unido a las otras razones referidas por el actor en su escrito.

Plantea que la documentación exigida es la misma que a todo extranjero, independiente de su nacionalidad, ubicación geográfica, conflictos internos o externos del país de origen, o cualquier otro factor, y que otros afiliados venezolanos han presentado en tiempo, accediendo al beneficio sin inconvenientes.

Arguye que de conformidad con los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, para que proceda la devolución solicitada es necesario cumplir con los requisitos copulativos que enumera, tratándose esa norma de una ley especial y de excepción que debe interpretarse restrictivamente.

Observa que el actor no ha sido víctima de un acto u omisión arbitraria o ilegal que le impide, amague o moleste el ejercicio de garantías constitucionales y, en particular, su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales o respecto de la igualdad ante la ley, por el contrario, se ha dado cabal cumplimiento a la ley, la normativa previsional aplicable contenida en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, y la jurisprudencia de la señaladas Superintendencia, siendo el recurrente quien incurrió en una omisión al no presentar documentación fehaciente.

Hace presente que la Superintendencia del ramo ha emitido normas precisas en el Título XI del Libro II del mencionado Compendio, conforme a las cuales las AFP deben verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, que debe acreditarse mediante certificación y documentación debidamente legalizada, tal como había instruido en Oficio Ordinario N° 30.477 de 30 de diciembre de 2011 y, recientemente, por medio de Ord. N° 12.954 de 17 de julio de 2025, en que expresamente instruyó que los documentos presentados por los ciudadanos venezolanos para producir efectos en Chile deben ser apostillados.

Descarta que haya vulnerado las garantías fundamentales invocadas por el actor, puesto que su negativa no constituye un acto arbitrario, sino que el cumplimiento del mandato legal, siendo la revisión de los antecedentes efectuada de manera profesional y objetiva para todos los afiliados que lo soliciten, sin hacer otras exigencias que las legales ni requerir la acreditación de los requisitos en forma distinta a cualquier otro afiliado venezolano o extranjero.

TERCERO: Que, habiéndose requerido informar a la Superintendencia de Pensiones, alega en primer lugar que la situación reclamada excede el ámbito de la acción interpuesta, que busca amparar el legítimo ejercicio de derechos indiscutidos y preexistentes y no un pronunciamiento declarativo, que es lo buscado en autos como se desprende del tenor literal del recurso, debiendo rechazarse por referirse a una materia que excede su naturaleza y fin.

Luego da cuenta que el actor no registra ante ese Servicio reclamos o presentaciones respecto de los hechos que motivan la acción.

En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para acceder a una solicitud como la de autos, reseña que el actor considera que presentado un documento de la seguridad social de su país de origen se cumpliría con ello, conclusión del todo errada, pues debe acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social y, en su contrato de trabajo debe expresar la voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional extranjero.

A ese respecto, destaca, el recurrente únicamente presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, con vigencia hasta el 31 de julio de 2025, por lo que al realizar su solicitud de fondos ese certificado estaba vencido, además de carecer de firma autorizada y no haber sido legalizado ni apostillado y, aun cuando se incorpore un código de verificación electrónica, no es suficiente para sustituir los requisitos legales, especialmente cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional, como se ha pronunciado esa entidad en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 y han resuelto los tribunales superiores de justicia en los casos que cita.

A lo anterior, añade que de los antecedentes acompañados se desprende que en ninguno de los contratos de trabajo se cumple con el requisito de manifestar una voluntad inequívoca orientada a mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que, para resolver la controversia, resulta menester analizar el marco normativo aplicable. Al respecto, la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción al sistema previsional general, permitiendo a los técnicos extranjeros solicitar la exención de cotizar o la devolución de sus fondos. Por su naturaleza excepcional, sus presupuestos deben interpretarse de manera restrictiva. El artículo 1° letra a) exige de manera copulativa que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. A su turno, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia del ramo, instruye categóricamente que dicho requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

SEXTO: Que, el reproche del actor se centra en la negativa de la AFP a validar un certificado electrónico del IVSS sin apostilla y una declaración jurada, fundado en la dificultad material para obtener la legalización consular ante la actual coyuntura diplomática.

Al respecto, esta Corte advierte que el actuar de AFP Habitat no reviste el carácter de ilegal, toda vez que se ciñó irrestrictamente a las directrices de su órgano fiscalizador. En efecto, el Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones es claro al instruir que las constancias electrónicas del IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar la cobertura previsional. Asimismo, el regulador ha descartado el uso de declaraciones juradas suscritas por los propios afiliados, por cuanto en materias de seguridad social, el único ente habilitado para dar fe pública de las coberturas es la autoridad previsional extranjera.

Tampoco se advierte arbitrariedad, puesto que la decisión de la AFP no obedece a un capricho o discriminación, sino a la aplicación estandarizada y obligatoria de la normativa sobre valor probatorio de instrumentos públicos extranjeros (artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y Ley N° 20.711).

SÉPTIMO: Que, si bien resulta un hecho de pública notoriedad la compleja situación diplomática y consular que afecta a los ciudadanos venezolanos en nuestro país, la sede jurisdiccional de protección -dada su naturaleza cautelar y sumaria- no constituye la instancia idónea para excepcionar o derogar en un caso particular las solemnidades legales impuestas para la validación de instrumentos públicos extranjeros. Exigir a una entidad privada (la AFP) que desobedezca las instrucciones de su órgano fiscalizador y acepte un mecanismo de validación (código web o declaración unilateral) no reconocido por la ley para la entrega de fondos que componen la seguridad social, implicaría forzarla a cometer una ilegalidad y sentar un precedente contrario a la certeza y seguridad jurídica del sistema de pensiones.

OCTAVO: Que, en lo que atañe a las garantías constitucionales invocadas, no se constata vulneración alguna a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), pues la recurrida ha dado a la actora el mismo trato exigible a cualquier otro solicitante amparado en la Ley N°18.156, sometiéndola al procedimiento normativo general.

Respecto del derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), este no ha sido amagado ni desconocido. La actora mantiene el pleno dominio de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual. Lo que la recurrida ha denegado es la restitución anticipada y excepcional de dichos dineros por no cumplirse actualmente con la solemnidad documental exigida. Tal como lo ha asentado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 54.783-2024), el rechazo fundado en la falta de documentación legalizada constituye un acto administrativo subsanable que no genera indefensión ni pone término definitivo a la pretensión, encontrándose el actor facultado para reingresar su solicitud una vez que logre satisfacer las formalidades legales requeridas. Al no existir un derecho indubitado actualmente exigible, la acción intentada carece de sustento para prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de A.F.P. Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-22.027-2025.