nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, con fecha 08 de octubre de 2025, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, notificado el 24 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente, profesional de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos de acuerdo con la Ley N° 18.156. Sin embargo, la recurrida rechazó la petición argumentando que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentra vencida, al haber superado el plazo de 120 días desde su emisión el 30 de mayo de 2024. sostiene que dicha interpretación es excesivamente formalista, ya que la ley no establece un plazo de vigencia para tales documentos y el certificado puede ser validado electrónicamente en el portal oficial del IVSS. Asimismo, recalca que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un obstáculo insuperable para obtener documentación nueva apostillada, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor.

Previas citas legales, pide tener por interpuesto el recurso, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento que derive en la efectiva devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, con fecha 03 de noviembre de 2025, comparece la abogada Ana María Herrera Brümmer, en representación de AFP Provida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver esta controversia, por tratarse de una materia de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado.

En cuanto al fondo del asunto, expone como antecedentes que la solicitud del recurrente fue rechazada siguiendo las instrucciones de la Fiscalía de la Administradora y en conformidad con el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que el certificado de afiliación presentado data del 30 de mayo de 2024, excediendo la vigencia de 120 días reconocida administrativamente, lo que impide verificar si el solicitante mantenía la cobertura previsional en el extranjero al momento de la solicitud de devolución.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se ciñe estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la autoridad técnica. Sostiene que la exigencia de documentos vigentes, legalizados o apostillados responde al cumplimiento del principio de legalidad y a la necesidad de acreditar fehacientemente los requisitos excepcionales que la Ley N° 18.156 impone para la exención de cotizaciones.

Afirma que las administradoras de fondos de pensiones están legalmente impedidas de otorgar beneficios distintos a los reconocidos en la ley (DL 3.500), y que la Superintendencia de Pensiones, mediante los Oficios N° 7253 y N° 5376, ha ratificado que los documentos extranjeros deben cumplir con formalidades de validación y plazos de vigencia para ser útiles en Chile. Acompaña, asimismo, el Oficio Ordinario N°12.954 emanado de la Superintendencia de Pensiones que se refiere específicamente al valor que debe otorgarse a la constancia de cotizaciones emitida por el IVSS.

Solicita, en definitiva, el rechazo total de la acción de protección.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, el acto que se califica como ilegal y arbitrario, corresponde a la negativa de la AFP Provida de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, acompañó el documento de Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin que éste estuviera vigente. Agrega en su informe, que la para acreditar la procedencia de su solicitud, se debe presentar un certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, el artículo 1°de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7°del mismo cuerpo legal, estipula que “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°de esta ley”.

SEXTO: Que, no es controvertido entre las partes que el documento aparejado a la solicitud ante la administradora fue emitido el 30 de mayo de 2024, por lo que efectivamente no se encontraba vigente al momento de realizar la petición del retiro de fondos previsionales, por lo que la actuación de la recurrida se encuentra debidamente fundamentada, y no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en ella.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y no obstante lo señalado precedentemente, en su recurso, la actora acompaña una nueva constancia de afiliación electrónica con vigencia hasta el 31 de agosto de 2025. Sin embargo, de la revisión de este documento, se constata que efectivamente el no contiene mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la presente acción deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor nombre reservado, en contra de Administradores de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-22026-2025.