Protección contra Gendarmería De Chile

C.A. de Santiago Santiago, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Ricardo Bravo Cornejo, abogado, en favor y a nombre de don nombre reservado y otras 106 personas individualizadas en su recurso, todos condenados en calidad de rematados, recluidos actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Gendarmería De Chile, por haber determinado cambiar el régimen de enrolamiento de visitas de los internos, disminuyendo y limitando el número de personas que pueden enrolarse y finalmente visitar a los internos en el establecimiento penitenciario, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de razón y fundamento en cuanto no se vislumbra cómo la reducción de la cantidad de enrolados para las visitas pueda ayudar a mantener el orden y control del penal, siendo la razón esgrimida carente de veracidad y de razonabilidad, además de vulnerar normas, principios y derechos constitucionales y legales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, integridad física y psíquica, libertad personal y seguridad individual, la protección a la vida e integridad física, y la no discriminación arbitraria, consagrados en los artículos 19 N° 1, N° 2, N° 4 y N° 7, en relación al artículo 5° inciso 2° y artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, así como el Principio XVIII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los artículos 17.1, 1.1 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 10° de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en relación con el principio de unificación familiar y el derecho a conservar el vínculo familiar, por lo que solicita en definitiva se ordene dejar sin efecto la aplicación de la norma que limite a 10 personas el enrolamiento de visitas, por parte de la recurrida, y ordene que se mantenga el antiguo régimen de enrolamiento sin límite de numero de enrolados para las visitas de los protegidos.

Expone que los 107 protegidos son personas adultas mayores, cuyas edades bordean entre los 65 a 92 años, todos con enfermedades de base y varios con enfermedades terminales o muy complejas, sin consumo de drogas o alcohol, sin celulares, sin problemas de disciplina, y todos funcionarios en retiro de las diversas ramas armadas del país, cumpliendo condena por delitos denominados de Lesa Humanidad, condiciones que los constituyen en la parte más vulnerable de la población penal del Centro Penitenciario de Colina I.

Señalan que, en tal condición, el ingreso de cada uno de ellos se dispuso en un pabellón o sector absolutamente separado y segregado de la población penal común, denominado “Pabellón Asistir”, donde desde el inicio de sus condenas y hasta la fecha, reciben visitas semanalmente, con un máximo de 5 personas en cada visita y sin limitación de personas que puedan enrolarse para formar parte de una visita. Estas visitas se componen de hijos, hijas, hermanos, hermanas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, en algunos casos padres o madres, y lógicamente amigos y compañeros o compañeras de armas, quienes constituyen la real y verdadera red de apoyo para el cumplimiento de sus condenas y su proceso de reinserción social.

Sin embargo, se les informó a los internos que debían hacer y entregar, con fecha 2 de octubre de dos mil 2025, una nueva lista de enrolamiento de visitas, con un máximo de 10 visitas enroladas, sin importar si con anterioridad cada una de ellas tenía o no más de diez visitas enroladas, y que se eliminarían del sistema todas aquellas visitas enroladas previamente que no estuvieran en la nueva nómina máxima de 10.

La autoridad penitenciaria explicó que esta medida obedecía a la aplicación de la Resolución Exenta N° 6622, dictada en el año 2020, pero que recién se aplicaría en octubre de 2025. Dicha resolución, en su artículo 3°, establece un máximo de 10 personas para ser enroladas como visita o para entrega de encomienda, permitiendo al Jefe de Unidad, en casos excepcionales y debidamente calificados, autorizar a más personas. La razón de esta medida, según Gendarmería de Chile, es “mantener el orden y el control de los establecimientos penitenciarios” y lograr una “igualdad para todos los establecimientos penitenciarios del país”.

Argumenta que, en la práctica, la limitación a 10 personas obliga a los internos a elegir entre sus familiares y red de apoyo, dejando a muchos de ellos fuera de la posibilidad de visitar, lo que se agrava al intentar incluir a la familia política, amigos o compañeros de armas. Considera que el proceso de enrolamiento y desenrolamiento constante para rotar las visitas es inviable, desproporcionado y una excesiva carga, tanto para los internos como para sus parientes, dadas las complejidades del trámite (concurrir al penal en horario y día específico, exhibir cédula de identidad, fotografía, acreditar vínculo, ingresar datos personales, declaración de conformidad del penado en cuarenta y ocho horas hábiles, y el trámite para menores de edad con un adulto). Esto, en efecto, conducirá a una disminución o privación de visitas, atentando contra su red de apoyo. Además, la medida no cuantifica el lugar de residencia de las visitas (muchas de ellas fuera de la región o el país), ni la edad de estas (muchas son adultos mayores con enfermedades de base, al igual que los internos), ni la presencia de menores de edad (nietos o bisnietos), lo que incrementa la complejidad del proceso. Se sostiene que esta lógica, además de inviable, representa un exceso de trabajo y una burocracia innecesaria para el penal, generando un gasto injustificado de recursos del Estado.

Agrega que la medida vulnera el principio de unificación familiar y el derecho a conservar el vínculo familiar, reconocido por el Comité de Derechos Humanos, la CIDH y la Corte IDH, que comprende la protección de la honra, dignidad e intimidad familiar; la unidad del núcleo familiar; y la protección de los hijos. Asimismo, se vulneran los artículos 17.1 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen la obligación de los Estados de facilitar el contacto entre las personas privadas de libertad y sus familiares, considerando la CIDH que los obstáculos a dicho contacto son una pena o trato cruel, inhumano o degradante, conforme al artículo 5.2 de la misma Convención.

Se invoca también la vulneración del artículo 10° de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que prohíbe someter a la persona mayor a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, se sostiene que la medida atenta contra la finalidad de reinserción social de la pena, transgrediendo la Constitución Política de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos sobre la materia, contradiciendo el manual de buena práctica penitenciaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Por estas razones, la parte recurrente sostiene que la medida es ilegal por vulnerar las normas, principios y derechos constitucionales y legales señalados, y arbitraria por carecer de razón y fundamento, ya que la reducción de enrolados no ayuda a mantener el orden y control del penal, pues los recurrentes nunca lo han puesto en peligro.

Segundo: Que, la recurrida Gendarmería de Chile, al evacuar su informe en cumplimiento de lo ordenado, solicitó el rechazo del recurso de protección impetrado.

En primer lugar, alegó la incompetencia y la falta de idoneidad de la acción de protección, sosteniendo que, si bien la jurisprudencia la ha posicionado como una vía de emergencia para impugnar actos administrativos que vulneren garantías constitucionales de manera manifiesta, no es una vía para conocer asuntos de lato conocimiento que impliquen dilucidar discusiones jurídico-administrativas.

Argumentó que los supuestos criticados a Gendarmería no han sido comprobados por el recurrente, basándose en información o trascendidos no verificados administrativamente o por tribunales de garantía.

Señaló que la finalidad del recurso es restablecer el imperio del derecho ante situaciones anormales y evidentes, no discutir las condiciones de ejecución de una sentencia judicial ejecutoriada. Enfatizó que los internos amparados cumplen condenas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I en virtud de sentencias judiciales ejecutoriadas, y que cualquier discusión sobre las condiciones de encierro, traslados o atenciones de salud debe dirigirse al Juzgado de Garantía competente, conforme al artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales, que les otorga competencia para hacer ejecutar las condenas criminales y resolver reclamos relativos a dicha ejecución, excluyendo así la competencia por la vía de amparo constitucional para estas materias. En segundo lugar, y en cuanto al fondo, la recurrida Gendarmería de Chile fundamentó la legalidad de su actuar en la situación carcelaria del país, que amerita la adopción de acciones para precaver eventos indeseados y maximizar el enrolamiento y el ingreso pacífico de las visitas.

Detalló la alta sobrepoblación en el sistema penitenciario metropolitano, incluyendo el CCP Colina I (124,6%), señalando que el espacio físico es limitado y que la administración debe adecuar la normativa y operatividad.

Mencionó el aumento legislativo de leyes punitivas que han incrementado la población penal, lo que conlleva la necesidad de implementar mayores exigencias de control para garantizar la custodia, seguridad y reinserción.

En cuanto a la normativa de Gendarmería, indicó que la Resolución Exenta N° 6.622, de fecha 30 de diciembre de 2020, que regula el procedimiento de enrolamiento y autorización de visitas, fue aprobada en virtud de los artículos 3°, 6° N°s 1 y 10° del Decreto Ley N° 2.859, Ley Orgánica Institucional, y el Decreto Supremo N° 518/98, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Destacó el artículo 3° de la Ley Orgánica que señala que el régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria. Sobre la normativa vigente de ingreso de visitas, explicó que la Resolución Exenta N° 6.622 estableció un sistema de enrolamiento obligatorio y general para todos los establecimientos penitenciarios del Sistema Cerrado, con el fin de llevar un mejor control y evitar el ingreso de elementos prohibidos. Dicha resolución, en su artículo 3°, establece un máximo de 10 personas para enrolarse, con la posibilidad de que el Jefe de Unidad autorice más en casos excepcionales y calificados, y en su artículo 4° letra h), que el sistema rechazará automáticamente si se excede el máximo. Señaló que el artículo 49 del Decreto Supremo N° 518/98 permite visitas al menos una vez a la semana, por un lapso mínimo de dos horas y por un máximo de 5 personas simultáneamente. Mencionó también la Resolución Exenta N° 1.400, de 27 de febrero de 2024, que modificó la N° 6.622 respecto a documentos de identidad por la población migrante, y el Oficio Circular N° 115, de 10 de marzo de 2025, que reitera la vigencia de estas instrucciones. Afirmó que Gendarmería de Chile ha tomado medidas para maximizar el proceso de enrolamiento respetando el derecho a visitas, la protección de datos personales y las visitas de menores de edad, y que la limitación no es absoluta, contemplando excepciones.

En cuanto a las visitas en el CCP Colina I, informó que las visitas ordinarias en el Pabellón Asistir se realizan de lunes a viernes, en jornadas AM y PM, con un máximo de 5 personas simultáneamente, y que en casos de más visitantes, se permite la rotación de cupos. Precisó que hay 127 internos en los pabellones B y C, y que los listados de enrolamiento de visitas demuestran casos que superan las 100, 60, 50, 40, 30 y 20 personas, siendo aislados los casos con menos de 10. En relación a los problemas que originaría mantener la medida ilimitada de enrolamiento, sostuvo que el rango etario y las patologías de base de los internos (cardiopatías, hipertensión, diabetes, enfermedades terminales, movilidad reducida) requieren maximizar los espacios disponibles para procedimientos de urgencia y traslados a hospitales, lo que se vería entorpecido por aglomeraciones.

Concluyó manifestando que las funciones de Gendarmería de Chile, que incluyen dirigir los establecimientos penales y velar por su seguridad, enmarcan la dictación de la Resolución Exenta N° 6.622, la cual no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino un acto motivado, legal y ajustado a derecho, de aplicación general, dictado para mantener el orden y control de los recintos. Argumentó que los argumentos etarios no justifican un privilegio, ya que existen otros internos de la tercera edad en el país que cumplen estrictamente con el protocolo de visitas sin que afecte su contacto con el exterior, tratándose de una aplicación del principio de igualdad. Indicó que el uso descontrolado de enrolamientos (más de 50 personas) evidenciaba un mal uso del procedimiento que requería ser ajustado, y que la capacidad del CCP Colina I no permitiría recibir más de 10 visitas por interno a la vez, lo que hace desproporcionado el enrolamiento pretendido por la recurrente. Afirmó que la mantención de una cantidad indiscriminada de personas enroladas busca un privilegio para el libre ingreso al penal, burlando el régimen penitenciario y perjudicando a otros sujetos de custodia. Finalizó señalando que la autoridad penitenciaria cumple el mandato legal al permitir visitas dos veces por semana, con un máximo de 5 simultáneas, interpretando la normativa de manera beneficiosa, es decir, una interpretación “in dubio pro reo”, o basada en los principios de “resocialización” y “humanización”, propios del Derecho Penitenciario.

Por tanto, la decisión de Gendarmería de Chile de haber dispuesto la estricta aplicación de la Resolución Exenta N°6.622, en el CCP Colina I, se encuentra debidamente fundada en la normativa penitenciaria aplicable en la materia, no vislumbrándose en la especie ninguna actuación arbitraria o ilegal que haya vulnerado la libertad personal de los internos, no perturbando, no limitando, no restringiendo en términos absolutos lo que reclama la recurrente.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Lo referido permite descartar desde luego la alegación de la recurrida en el sentido de que el recurso de protección no es la vía para resolver la situación que plantea el presente arbitrio, por cuanto, en la medida de que lo pretendido se presenta en él como un requerimiento de cautela urgente a garantías constitucionales protegidas por la norma constitucional, que se aducen conculcadas por un acto que se reprocha como ilegal y/o arbitrario, la presente sí es la vía idónea para resolverla, a la luz de lo dispuesto en el referido artículo 20, ya acogiéndola, ya rechazándola, dependiendo de si, efectiva y finalmente, se dan –o no- los supuestos constitucionales ya referidos; y sin perjuicio de otros derechos.

Quinto: Que para resolver adecuadamente el asunto que plantea el recurso en examen, es necesario consignar las siguientes circunstancias fácticas que es posible desprender de lo discutido por las partes y los antecedentes aportados: 1º.- Según se señala en el recurso y no fue controvertido por la recurrida, los actores son personas cuyas edades bordean entre los 65 y los 92 años, se encuentran actualmente cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I (pabellón Asistir), todos con enfermedades de base –algunas muy complejas o terminales-, sin consumo de drogas o alcohol y sin celulares ni problemas de disciplina. Además, desde el inicio de sus condenas han recibido visitas semanalmente con un máximo de 5 personas por vez. 2º.- Por otra parte, tampoco ha sido controvertido y consta, además, en la documental acompañada por Gendarmería de Chile consistente en los formularios de visitas aprobadas o rechazadas por el interno, que los actores no han visto, hasta la fecha del recurso, limitado el número de personas que pueden estar enroladas para formar parte de una visita. 3º.- Con fecha 30 de diciembre de 2020 el Director Nacional de Gendarmería de Chile dictó la Resolución N° 6622/Exenta, que “Aprueba Procedimiento de enrolamiento y autorización para que las personas ingresen en calidad de visita a los establecimientos penitenciarios y puedan remitir encomiendas a los privados de libertad, fija sus disposiciones, modifica y deja sin efecto resoluciones que se indican”.

Entre los fundamentos que expresa la resolución se indican las finalidades de Gendarmería de Chile; se señala que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece que los internos podrán recibir visitas y paquetes o encomiendas cuyo ingreso, registro y control serán regulados por resolución del Director Nacional, y se destaca que la institución busca propender a la reinserción social de los privados de libertad fortaleciendo el vínculo directo con sus familiares y permitiendo que se relacionen de la mejor manera posible. Así también, agrega en su motivación cuarta, lo siguiente: “Que, en este sentido, actualmente se encuentra determinada la forma en que se puede ingresar a una Unidad Penal como visita de algún interno, junto con el procedimiento para recepcionar una encomienda que va dirigida a un privado de libertad y las especies permitidas, prohibidas y restringidas que pueden ser ingresadas a un establecimiento penitenciario por dicho medio, sin embargo, se hace necesario unificar un procedimiento de enrolamiento de las personas que ingresen a un establecimiento penitenciario en calidad de visita y que remitan las encomiendas, con la finalidad de llevar un mejor control de estas y así evitar el ingreso de elementos prohibidos a las unidades penales”.

Enseguida, entre sus disposiciones, viene al caso destacar lo que disponen su artículos 1º, 2º y 3º, a saber: “Artículo 1º.- Se denominará enrolamiento, al procedimiento de carácter obligatorio, que tiene como finalidad, habilitar y registrar en el sistema informático respectivo, a las personas que el interno/a autorice, para que ingresen en calidad de visita y puedan remitirle encomiendas, en el Establecimiento Penitenciario del Sistema Cerrado, en el cual se encuentre recluido.

El sistema de enrolamiento se encuentra exclusivamente a cargo de la Administración Penitenciaria.

Artículo 2º.- Podrán ingresar en calidad de visita toda persona que se encuentre enrolada y autorizada por el privado de libertad, de acuerdo al procedimiento establecido en el presente resolutivo. Para la entrega de encomienda sólo estarán autorizadas aquellas personas mayores de edad que cumplan los requisitos para tal efecto.

Artículo 3º.- Podrán ser enrolados para ingresar en calidad de visita o para la entrega de encomienda, un máximo de 10 personas por cada privado de libertad, pudiendo el Jefe de Unidad, en casos excepcionales y debidamente calificados, autorizar a más personas, teniendo en cuenta el derecho que les asiste a los privados de libertad de recibir visitas”. 4º.- Con fecha 27 de febrero de 2024 la misma autoridad dictó la Resolución Exenta D.N. N°1400/2024, que modificó, entre otras, la recién señalada en lo referido a los documentos de identidad que se deberán exhibir en los procedimientos de enrolamiento e ingreso de visitas. 5º.- Conforme se indica en el recurso, y no fue controvertido por la recurrida, durante la semana en la que se interpuso la presente acción constitucional, se informó a los actores que, por aplicación de la Resolución Exenta nro. 6622 de 2020 –en especial su artículo 3º- debían hacer y entregar, con fecha 2 de octubre de 2025, una nueva lista de enrolamiento de visitas con un máximo de 10 visitas enroladas, sin importar el número que antes mantuvo en dicha condición, los que serían eliminados del sistema en tanto no se encontraran incluidas en el listado de 10 que ahora se les exigió. Se les indicó, además, que la medida obedecía a la necesidad de mantener el orden y el control de los establecimientos penitenciarios y una igualdad para todos los establecimientos del país.

Sexto: Que, según se desprende del recurso, el acto impugnado por esta vía es el artículo 3º de la Resolución Exenta nro. 6622/Exenta, de 30 de diciembre de 2020, en cuanto limita el número de personas que pueden ser enroladas para ingresar en calidad de visita o para la entrega de encomienda, a un máximo de 10 por cada privado de libertad.

Séptimo: Que el Decreto Ley 2859, del Ministerio de Justicia, que “Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile”, establece que ésta “es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”; agregando su artículo 3º que le corresponde, entre otras cosas, dirigir todos los establecimientos penales del país. A su turno, el artículo 6º establece entre las obligaciones y atribuciones del Director Nacional, las de dirigir y administrar el servicio, y ditar las resoluciones e impartir las instrucciones necesarias tendientes a obtener un adecuado funcionamiento del mismo.

A su turno, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios en su Párrafo 6º “De las visitas” –artículos 49 a 57- regula lo relacionado con este tema, estableciendo al efecto, entre otros aspectos, que los condenados podrán ser visitados a lo menos una vez a la semana, por un lapso mínimo de dos horas cada vez, por sus familiares y personas que aquellos previamente hayan autorizado (artículo 49).

Octavo: Que, de esta manera, si bien es cierto que la limitación del número de personas que pueden ser enroladas para visitar a los internos constituye una norma reglamentaria de carácter general que ha sido dictada por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades, por lo que no puede ser tildada como un acto ilegal; no lo es menos que no distingue, respecto de la generalidad de la población penal, la situación de los internos adultos mayores –cuyo es el caso de los recurrentes-, conjunto de personas especialmente diferenciado en la Ley nro. 19.828, que “Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor”, y que, precisamente por sus especiales características que justificaron, incluso, la dictación de dicho cuerpo legal, no puede desconocerse que conforma un segmento poblacional con características propias que lo tornan más vulnerable, tanto física como psicológicamente y principalmente en condiciones de encierro prolongado, que el resto de la población penal, haciéndolo en consecuencia merecedor de un trato especial que, en ningún caso, podría considerarse atentatorio contra la igualdad ante la ley como entiende la recurrida, consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto aquello que éste proscribe son las diferencias arbitrarias, y no aquellas fundadas en la diversa situación objetiva en que un grupo de personas se encuentra respecto de otro, como es el caso de los adultos mayores.

Antes por el contrario, en tanto la distinción -y trato acorde a ella- del grupo de los internos adultos mayores en la regulación del enrolamiento de visitas, importa un tratamiento uniforme para un grupo de personas que comparten características comunes; la regulación diferenciada de dicho aspecto constituye, precisamente, una concreción del principio de igualdad ante la ley, al propender a brindar un trato equivalente a personas que se encuentran una situación similar, distinguiéndolas de aquellas que no lo están.

Así entonces, atendido lo dicho, al no distinguir la norma impugnada la situación de los recurrentes en su condición de internos adultos mayores y al aplicarles como consecuencia de ello una regla general sin justificar por qué razón, a pesar de su especial condición, no les brinda un trato diverso, se torna a su respecto en una regla, aunque legal, arbitraria, por carecer de dicha justificación, como así también de la necesaria racionalidad que exige efectuar tal diferenciación y brindarles un trato condigno con su condición, que no limite a la escueta cantidad de 10 el número de personas que se pueden enrolar para visitarlos, todo ello en aras, precisamente, de satisfacer la finalidad que el artículo 1º de su ley orgánica asigna a Gendarmería de Chile en orden a contribuir a la reinserción social de dicho grupo de personas.

Noveno: Que la arbitrariedad anotada perturba el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica de los recurrentes, consagrada en el artículo 19 nro. 1 de la Constitución Política de la República, en tanto ciertamente el contacto con familiares y amigos contribuye a preservar la salud psicológica de los internos, en especial de los adultos mayores.

Décimo: Que, así entonces, el recurrido es un acto arbitrario y vulnerador del legítimo ejercicio de uno de los derechos protegidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental, razón por la cual se cumplen en la especie la totalidad de los requisitos para que el presente arbitrio pueda prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá abstenerse de aplicar respecto de los recurrentes la limitación del número de personas que se pueden enrolar para visitarlos, prevista en el artículo 3 de la Resolución N° 6622/Exenta, de fecha 30 de diciembre de 2020, del Director Nacional de Gendarmería.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente Matías de la Noi Merino.

No firma la Ministra señora Jenny Book Reyes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-22008-2025.