nombre reservado con nombre reservado con MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 13: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, ingeniera industrial, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, por la dictación de la Resolución Exenta N° 34029 de fecha 05 de mayo de 2020, por medio de la cual se rechazó su solicitud de permanencia definitiva, vulnerando de esta forma el derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso, que llegó a Chile el 14 de septiembre 2017, luego solicitó visa de residencia temporaria y fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 164821/2018, con vigencia hasta el 14 de mayo de 2019. Agrega que luego dio inicio a la solicitud de permanencia definitiva, y fue acogida a trámite en mayo de 2020.

No obstante, lo anterior, y pese a no haber sido notificada en forma legal, en enero del presente año constató que la permanencia definitiva había sido rechazada.

Explica que la fecha que aportó información percibía un ingreso base mensual de $393.000, más gratificaciones, bonos y asignaciones, sin embargo, en mayo de 2019, comenzó a trabajar con un nuevo empleador, con un contrato indefinido y con un sueldo líquido mensual de $1.874.418.

Cuestiona que el acto no haya sido notificado en forma legal, por cuanto no pudo ejercer los recursos administrativos correspondientes, y el estampado electrónico de su visa temporaria otorgada en subsidio tendría vigencia a partir de la fecha en que es activado y no desde el vencimiento de su visa anterior.

Previas citas legales, solicita se acoja la presente acción y se deje sin efecto la resolución impugnada ordenando a la recurrida otorgar sin más demora su permanencia definitiva en Chile, con costas.

SEGUNDO: Que, informando don nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del presente recurso de protección.

Menciona los antecedentes de la recurrente, indicando que efectivamente se le otorgó permiso de residencia temporario, y luego se admitió a trámite la permanencia definitiva. Explica que por medio de la Resolución Exenta N° 80.383 de fecha 05 de mayo de 2020, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la extranjera recurrente, otorgándose en subsidio, una visa temporaria por un año, por no acreditar sustento económico suficiente ya que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación comprendido entre 14 de mayo de 2018 y 14 de mayo de 2019 dado que, si bien presenta boletas de honorarios electrónicas para los meses de julio a octubre de 2018 y además presenta cotizaciones por más del sueldo mínimo en los meses de noviembre a diciembre de 2018 y enero 2019, no registra ingresos verificables en los meses de febrero a abril 2019, y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social.

Hace presente que la resolución fue comunicada mediante Notificación N° 34.029 de 5 de mayo de 2020, y que la extranjera no ha estampado la visa temporaria otorgada en la resolución administrativa, ni tampoco presentó recursos administrativos en su contra.

Refiere las normas que regulan la permanencia definitiva, en especial aquellas que establecen los documentos a acompañar en su solicitud.

Indica que la extranjera presentó un informe anual de boletas de honorarios electrónicas del año 2018 emitido por el Servicio de Impuestos Internos, en donde se acredita que la extranjera sólo cuenta con ingresos los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2018, por el valor de $300.000 cada una. En ese sentido, al no acreditar sustento económico durante algunos meses, no demuestra una mantención de una situación económica favorable a la permanencia de un extranjero en el territorio nacional.

En consecuencia, estima que no existe no existe acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a la autoridad, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: No existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a la dictación de la Resolución Exenta N° 34.029 de fecha 5 de mayo de 2020, por medio de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la actora, por no acreditar sustento económico suficiente ya que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación comprendido entre 14 de mayo de 2018 y 14 de mayo de 2019 dado que, si bien presenta boletas de honorarios electrónicas para los meses de julio a octubre de 2018 y además presenta cotizaciones por más del sueldo mínimo en los meses de noviembre a diciembre de 2018 y enero 2019, no registra ingresos verificables en los meses de febrero a abril 2019, y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social.

QUINTO: Del mérito de los antecedentes agregados en esta causa y en especial lo informado por las partes, resultan ser hechos no controvertidos que:

1.- Doña nombre reservado, llegó a Chile el 14 de septiembre de 2018, luego de lo cual solicitó visa de residencia temporaria, la que fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 164821/2018 con vigencia hasta el 14 de mayo de 2019.

2.- Con posterioridad, la recurrente dio inicio a la solicitud de permanencia definitiva, la que fue acogida a trámite en mayo de 2020.

3.- Mediante Resolución Exenta N° 80.383 de fecha 5 de mayo de 2020, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente.

4.- La resolución fue comunicada mediante Notificación N° 34.029 de 5 de mayo de 2020 y que la extranjera no ha estampado la visa temporaria otorgada en la resolución administrativa, ni tampoco presentó recursos administrativos en su contra.

SEXTO: Por su parte, corresponde indicar que:

a.- El artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, indica: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva (…)”.

De esta forma, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; 4. Pasaporte; 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc. (…)”. A mayor abundamiento, es dable señalar que la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

b.- Por su parte, el artículo 64 del Decreto 1094 de 1975, Ley de Extranjería, prescribe: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:

4.- Los que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N° 4 ó 5 del artículo 15”.

6.- Los que no observen las normas, sobre plazos establecidos en este decreto ley y su reglamento, para impetrar el respectivo beneficio”;

A su vez, el artículo 15 N°4 de esta misma ley indica: “4.- Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”.

También, el artículo 63 de la Ley de Extranjería refiere que: “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 4.- Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

c.- Mediante Circular Nº 58 de fecha 22 de septiembre de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se estableció el “Estampado Electrónico para visas de residencia”, el que señala: 1. “Todos los extranjeros a los que se les haya otorgado una visación de residencia en nuestro país, podrán obtener un Certificado electrónico de residente”.

SÉPTIMO: De esta forma, se advierte que la entidad recurrida ha actuado de conformidad a la normativa legal antes citada, con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con respeto a la garantía de igualdad ante la ley del articulo 19 N° 2 de la misma Carta Fundamental, al requerir a la recurrida, el cumplimiento de los mismos requisitos que se exigen a todos los extranjeros que estén en las mismas condiciones para el otorgamiento de permanencia definitiva, cuyo otorgamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de las normas citadas precedentemente de la Ley de Extranjería, siendo el Ministerio del Interior, la autoridad migratoria competente en esta materia.

OCTAVO: Que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

NOVENO: En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aunado a que además la recurrida ha informado las vías administrativas que debe impetrar para obtener pronta solución a la problemática que lo aqueja, las que de acuerdo a lo señalado, no han sido impetrada, en tanto en primer término, la extranjera no estampó la visa temporaria otorgada en la citada resolución, ni tampoco presentó recursos administrativos en su contra, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley N° 19.880, que establece el Principio de Impugnabilidad de todo acto administrativo, instancia que no ha sido agotada por la parte recurrente, no habiendo siquiera efectuado solicitud alguna tendiente a revocar los actos recurridos. A mayor abundamiento, el inciso 2° del precitado artículo, faculta a los interesados a impugnar los actos de mero trámite, cuando determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento, como en el caso de la resolución recurrida mediante este arbitrio constitucional.

DÉCIMO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 22-2021 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.