nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dos de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, odontóloga, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (en adelante AFP Provida), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la comunicación de fecha 16 de septiembre de 2025, mediante la cual la recurrida “detiene” y en la práctica rechaza la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente y, en general, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes expone la recurrente que es profesional técnico extranjero y que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156 para eximirse de la obligación de cotizar y, consecuencialmente, retirar sus fondos conforme al artículo 7° del mismo cuerpo legal. Señala haber acompañado su título profesional, contrato de trabajo con cláusula de mantenimiento de régimen extranjero y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sostiene que la AFP recurrida condicionó la devolución a que dicho certificado de afiliación se encuentre debidamente apostillado o legalizado. Alega que dicha exigencia es arbitraria e ilegal, argumentando que: (i) Existe una imposibilidad material de apostillar documentos debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso de fuerza mayor; (ii) El documento acompañado posee un código de verificación (QR y alfanumérico) que permite validar su autenticidad y vigencia directamente en la web del IVSS; y (iii) La exigencia de formalidades adicionales vulnera el principio de primacía de la realidad y el principio pro homine.

Por lo que pide, en consecuencia, se acoja el recurso en los términos planteados.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, el abogado don Daniel Santiago Santoni Garrido, en representación de AFP Provida S.A., solicita el rechazo de la acción, con costas. Argumenta, en primer lugar, la improcedencia de la vía cautelar, señalando que la recurrente pretende la declaración de un derecho discutido y la modificación de normas legales vigentes, materias propias de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, niega la existencia de acto ilegal o arbitrario. Sostiene que el rechazo a la solicitud se fundó estrictamente en el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones. Específicamente, indica que las constancias electrónicas del IVSS que no estén apostilladas o legalizadas carecen de valor probatorio suficiente en Chile conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla de La Haya.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 12.954 de fecha 17 de julio de 2025, instruyó expresamente que, pese a la situación diplomática, los documentos deben cumplir con las formalidades de legalización o apostilla para acreditar fehacientemente la cobertura de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que la mera verificación electrónica o declaraciones juradas no suplen dicha exigencia legal. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que avalaría su actuar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

QUINTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la situación diplomática actual entre Chile y Venezuela y la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado.

SEXTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

SÉPTIMO: Que, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

OCTAVO: Que, en la especie, la recurrida ha ajustado su actuar a las instrucciones impartidas por el órgano regulador competente. En efecto, la Superintendencia de Pensiones, a través del Oficio Ordinario N° 12.954 de julio de 2025, acompañado al proceso, ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. El ente fiscalizador ha razonado que la exigencia de apostilla o legalización no es una mera formalidad, sino la garantía de autenticidad del documento público extranjero que permite tener certeza jurídica sobre la efectividad de la cobertura de todos los riesgos sociales requeridos (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante el periodo laboral en Chile. La existencia de un código de verificación "QR", si bien permite visualizar un documento digital, no suple, por sí sola y ante la ausencia de tratado diverso o instrucción en contrario del regulador, la solemnidad exigida por la ley procesal chilena y los tratados internacionales vigentes para validar instrumentos públicos foráneos.

NOVENO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

DÉCIMO: Que, respecto a la alegación de imposibilidad material por la ruptura de relaciones diplomáticas, esta Corte advierte que la exigencia de la apostilla es un trámite que, conforme a la Convención de La Haya, se realiza ante la autoridad competente del país de origen (Venezuela) y no necesariamente ante la representación consular en el país de destino. Por tanto, la situación diplomática en Chile no exime per se del cumplimiento de las formalidades que el ordenamiento jurídico chileno impone a los documentos extranjeros para que tengan valor en juicio o ante autoridades administrativas, máxime cuando se trata de excepcionar el régimen general de seguridad social.

UNDÉCIMO: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21975-2025.