nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, los abogados Matías Daniel Serey Guerra y Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán, en favor de nombre reservado, docente, domiciliada en domicilio reservado, deducen acción de protección constitucional contra el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina, representada por su director ejecutivo nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado; en razón de no dar término al sumario administrativo al que se encuentra sometida hace más de 14 meses, lo que afecta su garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Exponen que doña nombre reservado es profesional de la educación, docente titular, en el cargo de Inspectora General del Liceo Amador Neghme, que es un establecimiento educacional con alta concentración de alumnos prioritarios, insertado en la comunidad de la Villa Francia, zona reconocida por su alta vulnerabilidad social, atendiendo principalmente a alumnos, estudiantes y jóvenes. En dicho contexto, es que doña nombre reservado se ha desempeñado primeramente como docente, para luego haber asumido las funciones de Inspectora General de Educación Básica del Liceo Amador Neghme Es del caso que mediante Decreto Alcaldicio N°629, de la Municipalidad de Estación Central de fecha 4 de junio de 2024, se instruyó sumario administrativo, siendo suspendida de sus funciones desde el 3 de octubre de 2024; luego, con fecha 12 de noviembre de 2024 le fue formulado cargo.

A contar del 1 de enero de 2025, con motivo del traspaso del servicio educacional producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.040, su vínculo laboral fue traspasado por el sólo ministerio de la ley al Servicio Local de Educación Pública Santa Corina.

El 11 de febrero de 2025, se envió correo electrónico a la directora jurídica de la recurrida, nombre reservado, solicitando copia del sumario seguido en contra de doña nombre reservado, el que no ha sido respondido hasta hoy, por lo que permanece suspendida en sus funciones, sin que se hubiera dispuesto al término del sumario administrativo seguido en su contra, dentro de un plazo razonable.

Cita los artículos 3 inciso segundo, 5, 11, 52 y 62 N°8 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 27 de la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, y sostiene que se encuentra afectada su garantía constitucional de igualdad ante la, ley porque no ha podido obtener una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión del acto respectivo.

Pide que se ordene a la recurrida emitir a la brevedad pronunciamiento definitivo en el sumario incoado.

Segundo: Que, evacuando informe, el servicio recurrido reconoce que en su calidad de sucesor legal del DEM de Estación Central, posee las facultades disciplinarias del ex sostenedor respecto a los funcionarios bajo su dependencia, motivo por el cual tiene el deber de dar continuidad a la tramitación de los procedimientos disciplinarios que se hubieren instruido con fecha previa al traspaso de los servicios educativos. El decreto alcaldicio N°629, emitido por la Municipalidad de Estación Central, que instruyó procedimiento administrativo sancionatorio contra la recurrente es de 4 de junio de 2024, y su parte el 14 de enero de 2025 dictó la Resolución Exenta N°0014, del Servicio Local de Educación Pública Santa Corina, que asume la competencia disciplinaria para proseguir con la tramitación de procedimientos disciplinarios instruidos y no afinados por la Ilustre Municipalidad de Estación Central, en concordancia con lo mandatado por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°E378936N23, de 2023. Así, el SLEP Santa Corina emitió la Resolución Exenta N°SA022/2025, el 4 de marzo de 2025, para dar continuidad al Sumario Administrativo traspasado, designando un nuevo fiscal para sustanciar el mismo y así dar cumplimiento pleno a lo estipulado en la ley.

Estima que su parte no ha vulnerado derechos de la recurrente en razón de lo cual pide que sea desechado el recurso, con costas.

Tercero: Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 20 establece que “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que, esta acción, es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable.

De esta manera, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

Quinto: Que, en el presente caso, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, comparte las características anotadas, ya que la afectación atenta contra el legítimo derecho de la sumariada de conocer en un tiempo razonable el resultado del proceso disciplinario, más aún si ha sido suspendida de sus funciones como una medida que ha dejado de ser meramente cautelar para transformarse en definitiva.

Sexto: Que, el artículo 3 inciso segundo de la Ley N°18.575, establece que “[l]a Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”.

A su vez, el artículo 11 agrega que “[l]as autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

El artículo 52 prescribe que “[l]as autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

Y el 62 N°8 dice que “[c]ontravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración”.

Séptimo: Que, a lo anterior, debe añadirse que el artículo 27 de la Ley N°19.880 prescribe que “[s]alvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Motivo por el cual un sumario que se extiende ya por casi dos años no cumple el estándar básico al que todo justiciable tiene derecho para adquirir certeza respecto de asuntos que inciden directamente en su desempeño profesional, particularmente si de él han derivado medidas cautelares de suspensión en sus funciones docentes.

Octavo: Que, de esta manera, la igualdad ante la ley se ve afectada en tanto se ha desatendido su derecho al término del sumario quedando en una situación de discriminación respecto de quienes han obtenido decisiones en el tiempo que el legislador ha considerado esencial.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y se dispone que el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina debe dar término al sumario asumido por la Resolución Exenta N°0014 de 14 de enero de 2025, dentro de 60 días corridos desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-21968-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por el Ministro señor Guillermo E. De La Barra Dunner e integrada por la ministra señora Lidia Poza Matus y por el ministro (I) señor Pablo Toledo González. No firma el ministro (I) señor Pablo Toledo González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.