Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen las abogadas Camila Araya Larrucea y Carla Coronel Fonseca, en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos nacionales de rusia, e interponen recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, de la Subsecretaría del Interior y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión en el pronunciamiento respecto de las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiados formuladas por los extranjeros el 8 de marzo de 2022.

Indican que, a la fecha de presentación del recurso, han transcurrido más de 3 años y 7 meses sin la dictación de un acto terminal respecto de sus solicitudes migratorias, además, no han tenido conocimiento del estado de tramitación de las mismas, por lo que los recurridos han vulnerado los principios de celeridad y economía procedimental consagrados en la Ley Nº19.880 y, en consecuencia, el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Luego de reseñar la normativa aplicable a la materia y cómo la omisión afecta el derecho invocado, solicitan que se ordene a las recurridas que se pronuncien definitivamente sobre las solicitudes planteadas, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, comparecen los abogados Antonio Beltrán Henríquez y María Paz Fuenzalida García e informan el recurso en representación del Servicio Nacional de Migraciones, señalando, en cuanto a la situación migratoria de los recurrente, que éstos ingresaron al país el 1 de febrero de 2022, por medio de paso fronterizo habilitado nombre reservado. Luego, el 10 de marzo del mismo año, solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado, peticiones que se encuentran actualmente en tramitación.

Alegan al respecto, la característica de no fatales de los plazos para la Administración en relación al artículo 27 de la Ley Nº19.880, aludiendo a la causal de caso fortuito o fuerza mayor en su caso debido al aumento exponencial de flujos migratorios y, por ende, de la cantidad de solicitudes que ha recibido en las últimas anualidades.

Añaden que, los extranjeros cuentan con visas de residencia temporal, otorgadas mediante las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, ambas de fecha 18 de julio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, vigentes hasta el 21 de marzo de 2026. Dicho permiso migratorio se asimila al actual beneficio de residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, por lo que actualmente mantienen situación migratoria regular en el país. En tal sentido, recalcan que la situación de pendencia de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio de los extranjeros, como tampoco al ejercicio de sus garantías fundamentales.

Por último, hacen presente que en contra de los actores no se ha dictado sanción migratoria alguna.

Tercero: Que, comparece el abogado Diego Valenzuela Esparza e informa el recurso en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior, refiriendo que el artículo 19 de la Ley N°20.430 establece que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de una resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón.

Expone que, en el caso concreto, las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiados presentadas por los extranjeros se encuentran actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Sostiene que, atendida la situación migratoria regular de la que gozan los recurrentes por contar son residencia temporal vigente, los que, además, no presentan órdenes de expulsión o abandono, no se genera la afectación a garantías constitucionalmente protegidas.

Argumenta que, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, atendido que la demora no responde a un mero capricho de la autoridad sino a la verificación de un procedimiento reglado, que requiere un análisis exhaustivo de los antecedentes y cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años, entendiendo que el plazo máximo de seis meses contenido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 no es fatal.

Por todo lo anterior, concluye solicitando el rechazo del recurso.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados formuladas por los recurrentes.

Sexto: Que el Servicio Nacional de Migraciones da cuenta en su informe, en lo que respecta a su competencia, acerca del estado de tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los actores, indicando que éstas se encuentran actualmente en tramitación ante su repartición.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes y de lo informado por los recurridos, es posible concluir que el Servicio Nacional de Migraciones ha demorado en resolver la solicitud de los recurrentes, apartándose de los dictados del principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que en razón del mismo le corresponde ejercer, pues los antecedentes le fueron presentados el 8 de marzo de 2022, excediendo con ello el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Octavo: Que la ilegalidad referida afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en la medida que transgrede la ley abstracta y general aplicable a todos quienes se encuadren en el supuesto legal, sin que tal omisión pueda justificarse en el exceso de solicitudes de la misma índole recibidas por la recurrida ni que la persona en cuyo favor se recurre haya actuado en contravención de la ley al momento de su ingreso, pues aquello no ha sido obstáculo para que otros actos administrativos hayan podido culminar su tramitación oportunamente, ni teniendo en particular consideración la circunstancia de habérsele presentado los antecedentes el 8 de marzo de 2022, esto es, hace ya más de tres años.

Noveno: Que, de este modo, es posible concluir que, para salvaguardar el imperio del derecho y el principio constitucional de igualdad ante la ley, que en el presente caso se advierte conculcado, el recurso de protección debe ser acogido.

Décimo: Que, en lo relativo al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría del Interior, cabe tener en consideración que no le han sido remitidos los antecedentes para emitir un pronunciamiento, por lo que no han incurrido en una omisión arbitraria o ilegal, como se denuncia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

I.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección solo en cuanto se dispone que Servicio Nacional de Migraciones deberá emitir pronunciamiento definitivo sobre las solicitudes planteadas por los recurrentes, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección respecto de los recurridos Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°21.964-2025 Protección.