Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, deduciendo acción de protección constitucional en contra del Colegio nombre reservado y de su director don nombre reservado, por la acción arbitraria e ilegal consistente en la expulsión de su hijo del citado establecimiento educacional, afectando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3, 4 y 11, referentes al derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, respeto a la vida privada y la honra, y derecho a la educación y libertad de enseñanza.

Expone que el 6 de septiembre del año en curso, al retirarse su hijo del establecimiento luego de haber finalizado una muestra folclórica, se percató que en el exterior estaban golpeando a un compañero por la espalda, lo que lo motivó a propinar una patada a uno de los ex alumnos del colegio presentes, retirándose del lugar inmediatamente.

Alega que ese día, en horas de la noche, el colegio le informó a través de un correo electrónico que su hijo no podría asistir a clases, citándola a una reunión para el 8 de septiembre, en la que se le informó la decisión de aplicar el procedimiento de aula segura.

Indica que en dicho incidente no hubo lesionados y que es la primera vez que su hijo se ve envuelto en una situación así, añadiendo que desde primero básico recibe tratamiento con un neurólogo y psicólogo.

En razón de lo anterior, solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta y cualquier antecedente disciplinario asociado al aula segura, disponiéndose su reincorporación.

Segundo: Que, cumpliendo con lo ordenado, el Colegio nombre reservado evacuó su informe solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que el sábado 6 de septiembre de 2025, al finalizar las celebraciones de fiestas patrias del establecimiento, se produjo un altercado en el acceso principal del colegio, en el que participaron, entre otros, los estudiantes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Indica que este último intervino en la pelea, propinando una patada y, posteriormente, regresó conduciendo un vehículo a gran velocidad, portando un bate de béisbol y profiriendo amenazas, lo que generó temor en la comunidad escolar. Ante la gravedad de los hechos, el 8 de septiembre de 2025, el equipo directivo decidió iniciar el procedimiento de aula segura de acuerdo con el artículo 27 de su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y, ese mismo día, se notificó la suspensión cautelar por el término de 10 días al estudiante nombre reservado y a su apoderada, medida que también se aplicó a los otros estudiantes involucrados.

En tal contexto, agrega que con fecha 23 de septiembre de 2025, tras finalizar la etapa indagatoria, se notificó la medida de expulsión a los estudiantes involucrados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 N° 2 y 42 N° 8 del RICE, por incurrir en una falta muy grave.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, la recurrente interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado por el consejo de profesores, quedando la medida firme y ejecutoriada, lo que fue informado a la Superintendencia de Educación. Alega la improcedencia del recurso de protección por ser una vía no apta para impugnar decisiones internas agotadas y, además, por tratarse de un asunto del que está en conocimiento la Superintendencia de Educación.

A su vez, niega la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, pues afirma que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, respetando el debido proceso y los principios de tipicidad, proporcionalidad y gradualidad. También descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, toda vez que se veló por la confidencialidad del proceso y, asimismo, se dispuso la misma sanción a los estudiantes involucrados, cumpliéndose con el principio de igualdad.

Tercero: Que, con fecha 19 de octubre de 2025, la recurrente presentó un escrito en el que rebate las afirmaciones del colegio, las que contienen inexactitudes, omisiones y falsedades.

Específicamente cuestiona la masiva presencia de apoderados al momento del incidente, la descripción de la circulación del vehículo, la supuesta presencia y uso de un bate de béisbol, la duración del incidente y la ausencia de lesiones o denuncias. También acusa que la notificación a la Superintendencia de Educación de la expulsión se realizó fuera de plazo.

En cuanto a las garantías constitucionales, reitera la afectación a la integridad psíquica de su hijo por la separación abrupta y sin contención; la existencia de un trato desigual en comparación a la medida adoptada respecto de otro estudiante; la transgresión al debido proceso, por haber el director informado anticipadamente sanciones y declarar que la decisión ya estaba tomada; vulneración del derecho a la honra, por la identificación indirecta del alumno tras el correo masivo y su notoria ausencia; y la transgresión del derecho a la educación, por la falta de envío de tareas o material pedagógico durante la suspensión.

Cuarto: Que, con fecha 27 de octubre de 2025, el abogado Iván Guevara Miranda se hizo parte por la recurrente, ratificando los argumentos ya expuestos y acompañando un informe psicológico, de fecha 24 de octubre de 2025, en el que se concluye que nombre reservado presenta un Trastorno de Depresión Reactiva, donde influyen variables afectivas vinculadas directamente con presiones del entorno escolar y familiar, y que extraña su colegio y vínculos parentales, manifestando un importante deterioro anímico y ansiedad tras la expulsión, sugiriendo su reincorporación y continuidad de psicoterapia.

Quinto: Que, con fecha 18 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Educación evacuó el informe solicitado, e indica que de los antecedentes remitidos en su oportunidad por la recurrida se observa que la medida aplicada al alumno nombre reservado se ajusta al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998 del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las futuras observaciones que se puedan realizar al establecimiento educacional en otros expedientes.

Detalla que la causal invocada está descrita en el RICE, que la medida es proporcional y no discriminatoria (categorizada como gravísima), que no se aplicó por causales prohibidas, que la representación previa de inconveniencia y las medidas de apoyo psicosocial no fueron obligatorias, dada la naturaleza de los hechos que atentaban contra la integridad.

Confirma que se notificó por escrito el inicio del procedimiento, se otorgó derecho a descargos, se aplicó suspensión cautelar dentro del plazo, se notificó la medida disciplinaria y se otorgó el derecho a reconsideración, consultándose al consejo de profesores.

Sexto: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de carácter cautelar, de naturaleza breve y sumarísima, cuyo objetivo es restablecer el imperio del derecho ante la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales taxativamente enumeradas en dicho precepto, siempre que el acto u omisión que cause la afectación sea ilegal o arbitrario.

Para estos efectos, se entiende por acto ilegal aquel contrario a la ley, y por arbitrario aquel que carece de una base razonable, fundándose en el mero capricho o voluntad.

Séptimo: Que, de acuerdo con el artículo 6 del D.F.L. N°2 de Educación de 1998, letra d), “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

Luego, agrega: “Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación.

En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. Los sostenedores y, o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que el o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

Octavo: Que, conforme a los antecedentes aportados, se advierte que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, en su artículo 41 N°2, tipifica como una falta muy grave: "Agredir gravemente a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales", y que de acuerdo al artículo 42 Nº7 y 8, ello puede implicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula.

Por su parte, el artículo 27 de dicho reglamento indica que: "En aquellos casos en que se afecte gravemente la convivencia escolar, entendiéndose por ello, los actos cometidos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educacional o que los estudiantes hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tal en el presente reglamento y que conlleve como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, el director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros involucrados”. Luego, dispone que “respecto a la decisión de la expulsión o cancelación de matrícula y sus fundamentos, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de cinco días de su notificación, ante la misma autoridad el Director, quien resolverá luego de consultar al Consejo de Profesores”.

Noveno: Que el acto impugnado consiste, como se ha venido reseñando, en la expulsión del estudiante nombre reservado por parte del Colegio nombre reservado, por lo que corresponde a esta Corte analizar si dicha medida resulta arbitraria o ilegal, como se acusa en el presente arbitrio.

Al efecto, debe indicarse que la recurrida cuenta efectivamente con un Reglamento Interno que rige las relaciones entre ésta, los alumnos y los padres y apoderados. Del mismo modo, las causales en virtud de las cuales pueden aplicarse las medidas de expulsión o la de cancelación o no renovación de matrícula están claramente descritas en el mismo reglamento y lo cierto es que de la documentación acompañada por el establecimiento educacional no aparece, de manera alguna, que la decisión adoptada en relación al alumno nombre reservado haya sido gobernada por el simple capricho ni que se aparte de lo que la regulación ha previsto al efecto, apareciendo satisfechas la exigencias legales.

De la revisión de la documentación aportada por las partes se constata que, luego del incidente ocurrido el sábado 6 de septiembre, el colegio decidió aplicar el procedimiento de Aula Segura respecto de los alumnos que habían participado en él, entre ellos, nombre reservado, iniciando la respectiva investigación, en la que fueron escuchados el referido estudiante y otros miembros de la comunidad educativa. También se le permitió hacerse cargo de las imputaciones, consistentes en participar en una agresión física, conducir un automóvil siendo menor de edad de manera rápida y violenta, bajarse del auto para amenazar a compañeros con un bate de béisbol, afectando a la comunidad escolar que se encontraba presente.

En el mismo sentido, pudo apelar de la medida de expulsión impuesta, lo que fue desestimado por el Consejo de Profesores dada la gravedad de la conducta constatada y por encontrarse dentro de las hipótesis previstas en el RICE para tales efectos.

Debido a todo lo anterior, la Superintendencia de Educación, al informar el presente recurso, indicó que de la revisión del expediente de expulsión se observa que la medida en análisis se ajusta al procedimiento contemplado en el artículo 6° del DFL N°2 del Ministerio de Educación, de 1998.

Décimo: Que, del mérito de los hechos y el derecho reseñados en los considerandos anteriores, aparece que el colegio dio estricto cumplimiento a la normativa que lo rige, constando que el estudiante sancionado y su apoderada fueron debidamente informados de los hechos que se le imputaron, de la infracción y su gravedad, quienes tuvieron la oportunidad de presentar descargos, prueba y apelar de la decisión.

La sanción, además, se advierte proporcionada a la infracción cometida y fue aplicada a un estudiante de acuerdo a su mérito, la que, si bien fue apelada, quedó finalmente firme tras su revisión por el órgano competente. Debe destacarse, además, que el actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica, pues en virtud de ello generó el reglamento que rige su actuar, obrando en todo momento con estricto apego al mismo.

Undécimo: Que, en conclusión, contrario a lo aseverado por la recurrente, no se vislumbra por esta Corte un acto u omisión ilegal y/o arbitrario en la tramitación del procedimiento de aula segura que concluyó con la expulsión del estudiante, por lo que el presente recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra Iara Barrios Melo.

N°Protección-21961-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra señora Iara Barrios Melo y la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.