nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 07 de octubre de 2025, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la decisión notificada el 11 de septiembre de 2025, mediante la cual se le comunica el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente es un ciudadano venezolano, de profesión Ingeniero Civil y residente definitivo en Chile, quien solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales bajo el amparo de la Ley 18.156. Expone que, a pesar de haber acompañado el contrato de trabajo con la cláusula de exención correspondiente, su título profesional apostillado y la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), la AFP decidió detener el trámite exigiendo que dicha constancia de afiliación se encuentre apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Argumenta que existe una imposibilidad material de dar cumplimiento a tal exigencia debido a la falta de representación consular de Venezuela en Chile, situación que califica como un caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, resalta que la documentación presentada cuenta con un código alfanumérico de verificación electrónica que permite constatar su validez y vigencia de forma inmediata en el portal web oficial del I.V.S.S., por lo que la negativa de la administradora constituye una interpretación formalista, restrictiva y carente de motivación que atenta contra el derecho de propiedad sobre los fondos.

Previas citas legales, pide se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, se reconozca como válida la documentación acompañada por el recurrente y se ordene a la recurrida proceder con la tramitación de la solicitud y la consecuente devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, con fecha 01 de noviembre de 2025, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido.

Expone que la solicitud de devolución de fondos del recurrente fue denegada debido a que la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y no cumplía con los requisitos de legalización o apostilla necesarios para documentos emitidos en el extranjero. Sostiene que la AFP no ha incurrido en conductas caprichosas, sino que ha dado estricto cumplimiento al marco regulatorio vigente.

Precisa que, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla, los documentos públicos extranjeros deben ser debidamente legalizados para tener valor probatorio en Chile. Afirma, además, que las certificaciones electrónicas que solo mencionan coberturas genéricas sin especificar periodos de cotización ni contar con el debido sello de autoridad no son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 18.156.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley N°3500, así como a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, la cual exige verificar copulativamente los requisitos legales antes de autorizar cualquier devolución de fondos.

Solicita, en definitiva, el rechazo total de la acción de protección.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980 y el artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

SEXTO: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N° 18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente legalizado o apostillado, y que señale las coberturas y periodo con que cuenta el afiliado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

NOVENO: Que no existiendo un acto ilegal o arbitrario y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del Decreto Ley N° 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en representación de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese.

N° Protección-21952-2025.