nombre reservado con FISCO DE CHILE (MINISTERIO DE HACIENDA)

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Cristián Camilla Sandoval, abogado, en su calidad de Notario Público Titular de la 1° Notaría de Los Ángeles, interponiendo recurso de protección en contra de la Secretaría del Gobierno Digital, representada por su director señor nombre reservado, por haber procedido a la desactivación unilateral de las credenciales de Clave Única previamente otorgadas a su oficio notarial. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de fundamento jurídico y de un acto administrativo formal que la respalde, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, propiedad y seguridad jurídica, contemplados en el artículo 19 N°s 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que en su calidad de Notario Público Titular cumple funciones de ministro de fe y auxiliar de la administración de justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 6.073 y las normas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales. En este contexto, indica que con fecha 5 de junio de 2024 presentó formalmente una solicitud de habilitación de Clave Única ante la Secretaría del Gobierno Digital, a través del portal www.claveunica.gob.cl, con el objetivo de integrar esta herramienta en los procesos notariales y reforzar la seguridad en la verificación de identidad. Solicitud que fue acogida favorablemente por la recurrida el 10 de junio de 2024, otorgándose las credenciales necesarias bajo el N° 33056491, junto con la documentación técnica para la integración de Clave Única, incluida la Resolución Exenta N° 872 de 10 de octubre de 2024.

Explica que, conforme a lo anterior, contrató un equipo especializado en tecnología y seguridad informática para implementar el sistema, desarrollando un proyecto en cuatro etapas que implicó una inversión de $102.850.341. Sin embargo, el 10 de octubre de 2024, mediante correo electrónico remitido desde la cuenta correo reservado, la recurrida le notificó la desactivación de las credenciales, argumentando que Clave Única es una herramienta reservada exclusivamente para órganos del Estado, sin proporcionar una fundamentación jurídica clara ni emitir una resolución formal que respaldara tal decisión.

Sostiene que la actuación impugnada vulnera el principio de confianza legítima, citando doctrina del profesor nombre reservado sobre la imposibilidad de la administración de ir contra sus propios actos. Asimismo, invoca el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, argumentando que la desactivación de las credenciales carece de sustento normativo necesario, configurándose así la ilegalidad y arbitrariedad que denuncia y que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en los numerales 2, 24 y 26 de su artículo 19.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la revocación de las credenciales de Clave Única constituye un acto ilegal y arbitrario, se ordene al recurrido reactivar de manera inmediata las credenciales en los términos originalmente autorizados y se condene en costas a la parte recurrida.

SEGUNDO: Que, por la recurrida, evacuó informe la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, por estimar que este carece de fundamentos de hecho y de derecho que lo justifiquen.

En primer lugar, explica que la Secretaría de Gobierno Digital (SGD) fue creada por la Ley N° 21.658 como parte de la Subsecretaría de Hacienda, correspondiéndole proponer la Estrategia de Gobierno Digital y coordinar su implementación, debiendo desarrollar y operar plataformas y servicios compartidos de interoperabilidad e identidad digital. En este contexto, indica que la ClaveÚnica constituye el mecanismo oficial de autenticación administrado actualmente por el Ministerio de Hacienda, siendo sólo entregado a órganos de la Administración del Estado, prestadoras de servicios de certificación de firma electrónica avanzada, administradoras de fondos de pensiones y a la actual administradora del fondo de cesantía, todos los cuales cuentan con habilitación legal expresa para su uso, además de estar sujetos a supervisión y fiscalización específica.

De esta forma, destaca que las notarías, como auxiliares de la administración de justicia según el Código Orgánico de Tribunales, no son órganos de la Administración del Estado conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.575, ni cuentan con habilitación legal para usar ClaveÚnica, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, pues la decisión de no otorgar dicho mecanismo a las notarías se basa en razones de legalidad, seguridad e institucionalidad, velando por evitar la proliferación de incidentes cibernéticos que podrían afectar a millones de personas.

Finalmente, cuestiona las alegaciones desarrolladas por el recurrente respecto a una supuesta vulneración al derecho de propiedad, pues este no habría acompañado antecedente alguno que acredite las inversiones realizadas para la implementación de la ClaveÚnica, situación que, por lo demás, corresponde ser ventilada en un juicio de lato conocimiento y no en esta sede cautelar. Agrega que, en la especie, tampoco se configure una vulneración al resto de las garantías constitucionales invocadas por el actor, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

TERCERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, en consecuencia, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, es decir, que realmente priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1) El recurrente solicitó a través del portal www.claveunica.gob.cl de la Secretaría del Gobierno Digital una solicitud de habilitación de Clave Única.

2) El 10 de junio de 2024, recibió un correo denominado “Respuesta a la solicitud de credenciales ClaveÚnica”, en el que se le informaba que su solicitud había sido aceptada y se le decía: “Para abrir el archivo comprimido y ver sus credenciales debe ingresar una contraseña compuesta por su RUN y el N° de solicitud””; agregaba que “Para habilitar las credenciales de producción se debe certificar la integración según indica nuestra Guía Técnica de Integración”; y culminaba señalando: “Le dejamos algunos links útiles”.

3) Se trataba de cuatro links, entre los que se encontraban: la Guía Técnica de Integración y los Términos y Condiciones para la integración y uso de ClaveÚnica.

4) La “Guía Técnica de Integración”, ya en su página 3, respondía a la pregunta ¿Quienes pueden integrar ClaveÚnica?, señalando “Actualmente ClaveÚnica está disponible para ser integrado sin costo en plataformas y aplicaciones web y mobile de los Organismos de la Administración del Estado”.

5) Por su parte, los “Términos y Condiciones para la integración y uso de ClaveÚnica”, estaban contenidos en la Resolución Exenta N°872 de 10 de octubre de 2023 –y no de 2024 como sostuvo el recurrente-, es decir, se trataba de un acto administrativo dictado por la autoridad 9 meses antes. Como se desprende de sus “Vistos”, dicha resolución se dictó en virtud de la siguiente normativa atingente al tema: ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado; Decreto Supremo N° 4, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, según lo dispuesto en la ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado.”. A continuación, luego de un primer considerando que alude a las funciones que la ley N°18.993 le entrega al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la aludida resolución prosigue con los siguientes considerandos: “2. Que, … corresponderá especialmente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia coordinar y asesorar intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado en el uso estratégico de las tecnologías digitales. 3. Que, …le corresponderá proponer al Ministro la estrategia de Gobierno Digital y coordinar su implementación, velando por mantener un enfoque integrado de Gobierno. Además, a la División le corresponderá coordinar, asesorar y apoyar en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega de servicios. 4. Que en el marco de lo señalado y en cumplimiento de su función, a través de su División de Gobierno Digital, administra el mecanismo de autenticación oficial para personas naturales denominado “ClaveÚnica”, a fin de que los organismos públicos puedan integrarlo de forma gratuita a sus diversas plataformas electrónicas, páginas web u otros servicios digitales que requieran la autenticación de las personas, para acceder a trámites y servicios del Estado. 5. Que actualmente ClaveÚnica es el mecanismo de autenticación para más del 85% de los trámites del sector público, siendo utilizado por más de 14,8 millones de personas, en 1.154 plataformas de más de 295 organismos públicos.”, culminando los considerandos finales aludiendo a que el uso de aquella permite dar cumplimiento a la Ley sobre Transformación Digital del Estado; para lo cual se requiere de estándares técnico-normativos para su implementación y continuidad operacional.

6) El 10 de octubre de 2024, mediante correo electrónico remitido desde la cuenta correo reservado, la recurrida le notificó al recurrente la desactivación de las credenciales que ella le había enviado también vía correo electrónico, tres meses antes, fundando lo anterior en que era “un método de autenticación que solamente alcanza a los órganos del Estado” y en que “Actualmente, el uso de ClaveÚnica por parte de los privados, es sólo por parte de las Empresas Proveedoras de Servicios de Certificación para efectos de comprobar la identidad de las personas en la obtención de certificados digitales de Firma Electrónica Avanzada, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.799 y en el Decreto Supremo N°24 de2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.

7) Actualmente existen tres tipos de entidades privadas que han logrado que la Secretaría de Gobierno Digital les otorgue acceso al servicio de ClaveÚnica, pero en virtud de una habilitación normativa que las ha autorizado para ello. Se trata de las Prestadoras de Servicios de Certificación de Firma Electrónica Avanzada (las “PSC”); de las Administradoras de Fondos de Pensiones (las “AFP”); y de la Administradora del Fondo de Cesantía (“AFC III”)

8) Tratándose de las PSC, el artículo 12 e) de la ley N° 19.799, Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la Certificación de Dicha Firma, consagra entre las obligaciones de aquellas prestadoras, que en el otorgamiento de certificados de firma electrónica avanzada deberán “comprobar fehacientemente la identidad del solicitante, para lo cual el prestador requerirá previamente, ante sí o ante notario público u oficial del registro civil, la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de persona jurídica”; y por su parte, el Decreto N° 24 de 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Aprueba Norma Técnica para la Prestación del Servicio de Certificación de Firma Electrónica Avanzada, consagra en su artículo 1° a la ClaveÚnica como el mecanismo idóneo para ello, señalando al efecto: “La presente norma establece las condiciones bajo las cuales el Certificador o Prestador de Servicios de Certificación de Firma Electrónica Acreditado reconocerá el sistema denominado "ClaveÚnica", como medio de comprobación fehaciente de la identidad del solicitante de un certificado de firma electrónica avanzada, en los términos exigidos por el artículo 12 letra e) de la ley Nº19.799”, estableciendo los artículos siguientes condiciones especiales que garanticen la seguridad en su uso.

9) Por su parte, en el caso de las AFP, su ente fiscalizador, la Superintendencia de Pensiones, dictó la Norma de Carácter General N°311, de 4 de julio de 2023, que entre sus normas contempla la posibilidad de que para determinados trámites específicos aquellas, alternativamente a la autentificación biométrica, pudieran implementar en los canales de atención remotos la ClaveÚnica como mecanismo de autentificación seguro que permitiera validar en línea la identidad del trabajador y efectuar la afiliación o incorporación a la AFP adjudicataria, o solicitar en línea los afiliados o usuarios el traspaso electrónico de sus saldos; y efectuar transacciones que implicaran movimientos de recursos financieros de los fondos de pensiones, todo ello previa autorización del ente fiscalizador “indicando los estándares de falsos positivos y de falsos negativos de dicho mecanismo, los que deberán estar auditados por una entidad independiente”, como impone el capítulo V.1.a).

10) Por último, la AFC III lo es en virtud de un proceso de licitación del servicio de administración de los Fondos de Cesantía, el que se rige por la ley N°19.728 que Establece un Seguro de Desempleo y por las respectivas bases de licitación, siendo también fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 39 de dicha ley. Sus bases fueron aprobadas por el Decreto N°11 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de 28 de agosto de 2021, cuyo numeral 6.1.3, con relación a la calidad de servicios, consagra en su letra a) la posibilidad de emplear ClaveÚnica de la siguiente manera: “Los servicios que provea la Sociedad Administradora deberán prestarse al usuario preferentemente de manera electrónica a través de su sitio web. Para tales efectos, el sitio deberá contar con las funcionalidades necesarias que permitan, a lo menos, la recepción de solicitudes y otorgamiento de beneficios por cesantía en forma segura y expedita, utilizando uno o varios mecanismos de autentificación seguros, sean estos provistos por la Sociedad Administradora o por terceros, como puede ser la Clave Única emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación u otro mecanismo que cumpla con estándares de seguridad suficientes para la autentificación del usuario, acordes con la autorización de las transacciones que éste realice en el sitio web. En cualquier caso, estos mecanismos de autentificación deben ser previamente aprobados por la Superintendencia de Pensiones”.

SEXTO: Que la primera alegación que efectúa el recurrente dice relación con la vulneración al principio de confianza legítima y de seguridad jurídica, arguyendo por un lado, el carácter informal del acto, consistente en el correo electrónico de 10 de octubre de 2024 que informaba la desactivación de las credenciales- llegando incluso a desconocerle su valor como tal-, en circunstancias de que el acto que autorizó la activación de credenciales -correo electrónico de 10 de junio de 2024- adolecía exactamente del mismo defecto; y por el otro lado, que se trataría de un acto carente de argumentación, y lo cierto es que conociendo los fundamentos explicitados en el propio correo electrónico de desactivación, y revisando los documentos que se acompañaron al primer correo electrónico al momento de la activación de las credenciales, lo cierto es que el único acto que carece de fundamentación es este último, pues habilitó al recurrente sin tener derecho para ello, a utilizar el mecanismo de autenticación, como se desprende de los antecedentes adjuntados al mismo, que daban cuenta de que la notaría no tenía habilitación alguna para acceder a esa activación, habida consideración que en la exposición de motivos de la Resolución N° 872 como en la Guía Técnica de Integración, resultaba evidente, que ambos instrumentos habían sido redactados con el exclusivo fin de permitir la utilización de este mecanismo a los organismos públicos pertenecientes a la Administración del Estado, como se desprende de los numerales 4 y 5 del motivo anterior.

En tal sentido, la pretensión del recurrente de entender que la notaría es un órgano de la administración del Estado, debido a “la naturaleza pública de sus funciones” choca con la propia definición que al respecto da el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el que prescribe expresamente que “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”, a la que le sigue copiosa legislación como la Ley 19.880, que Establece las Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, o la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, ninguna de las cuales como es evidente se le aplica a las notarías, antes bien, existe normativa expresa indiciaria de que los notarios no son funcionarios públicos.

Así, el artículo 265 del Código Orgánico de Tribunales alude a los notarios como parte del Escalafón Secundario del Poder Judicial y como tales, se trata de “funcionarios judiciales” de conformidad con el artículo 266 de dicho código.

SEPTIMO: Que por lo anterior la discriminación arbitraria alegada por el recurrente, al no ser la notaría un órgano de la administración del Estado, no es posible tenerla por configurada, pues el mecanismo de autenticación oficial para personas naturales denominado “ClaveÚnica” está reservado precisamente para aquellos.

Sin embargo, adicionalmente y de manera subrepticia, el recurrente alude a la diferencia de trato con otras instituciones que sin ser órganos del Estado también ejercerían una función pública.

Lo anterior no es admisible si se tienen presentes que las tres instituciones privadas que han accedido a este mecanismo -como dan cuenta los numerales 8, 9 y 10 del motivo quinto- lo han hecho en virtud de una habilitación normativa, de manera restringida para determinados trámites en algunos casos, y en todos, sometiéndose a una autoridad que fiscalice y autorice su proceder, nada de lo cual ha sucedido en el presente caso.

OCTAVO: Por último, en relación con la supuesta afectación patrimonial, si se acreditara algún perjuicio patrimonial y si este pudiera imputársele a la recurrida, ello no es posible definirlo es esta sede, requiriendo un juicio de lato conocimiento, que permita establecer la existencia de los presupuestos de la responsabilidad, a que expresamente hizo alusión el recurrente.

NOVENO: Que, de lo razonado precedentemente, descartada la ilegalidad y la arbitrariedad del acto impugnado, no existe medida que adoptar para restablecer el imperio del derecho y lo mismo sucede con la eventualidad del daño patrimonial alegado por el recurrente, pues no existe un derecho indubitado a su respecto, motivo por el cual el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por Cristián Camilla Sandoval, en su calidad de Notario Público Titular de la 1° Notaría de Los Ángeles, en contra de la Secretaría del Gobierno Digital.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Catalina Infante Protección N°21951-2024.