nombre reservado con CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, periodista, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, en adelante también referida como CORDESAN, representada por don nombre reservado, por la negativa de dar cumplimiento a la Decisión de Amparo Rol C8368-2023 de 29 de noviembre de 2023 del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar información al peticionario, recurrente de estos autos.

Expone que el 14 de junio de 2023, formuló una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 20.285, dirigida inicialmente a la Ilustre Municipalidad de Santiago y derivada posteriormente a CORDESAN, por tratarse de la entidad que tenía la información requerida. Dicha solicitud consistía en obtener copia de la nómina de personas que se hubieren desempeñado como funcionarios, tanto a honorarios como bajo el Código del Trabajo, en dicha Corporación, incluyendo sus cargos y remuneraciones, durante los años 2021, 2022 y parte del año 2023.

Afirma que CORDESAN no dio respuesta dentro del plazo legal, motivo por el cual presentó recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que fue acogido por la Decisión de Amparo Rol C8368-2023, de 29 de noviembre de 2023, que ordenó a la recurrida entregar la información en un plazo de cinco días hábiles contados desde la ejecutoria de dicha decisión, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

Señala que, pese a la existencia de resolución ejecutoriada, a la fecha de presentación de este recurso CORDESAN no ha dado cumplimiento a la orden de entregar la información, lo que configura –a su juicio– una omisión ilegal y arbitraria que vulnera su derecho fundamental a informarse libremente, garantizado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 8 de la misma, así como los artículos 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ambos ratificados por Chile y vigentes.

Agrega que, ante el incumplimiento de lo ordenado por el CPLT, remitió nuevas comunicaciones a CORDESAN el 10 de octubre de 2024, reiterando su solicitud y destacando la obligación legal y ética de dicha corporación de sujetarse a los principios de transparencia y acceso a la información. No obstante, no recibió respuesta alguna, persistiendo la negativa a entregar los antecedentes requeridos.

Subraya que CORDESAN, pese a sus alegaciones sobre su carácter no estatal, se financia con recursos públicos municipales, cumple funciones de interés general y, en consecuencia, está sujeta a los deberes de transparencia activa y pasiva consagrados en la Ley N° 20.285.

Respecto a la demanda de nulidad de derecho público que interpuso la recurrida en contra de ciertas decisiones del Consejo para la Transparencia en que impugna su competencia para requerirle información, refiere que la resolución de amparo materia del presente recurso no ha sido impugnada en tal sede y que las acciones referidas tratan sobre otras decisiones de amparo.

Solicita se acoja la acción ordenando a CORDESAN entregar la información solicitada de manera íntegra, garantizar colaboración y transparencia para futuras solicitudes, y condenarla en costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparecen don nombre reservado, administrador público, y don nombre reservado, contador, en representación de la recurrida, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, solicitan el rechazo del recurso de protección por las razones de hecho y derecho que exponen.

En primer lugar, plantean que la acción de protección carece de sustento, por cuanto no existe en los hechos una omisión ilegal ni arbitraria que vulnere garantías constitucionales del actor. Precisan que CORDESAN es una entidad constituida conforme al Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, esto es, una corporación de derecho privado creada por la voluntad de personas naturales, sin intervención estatal en su origen, y no por ley, reglamento ni acto administrativo. Así, insisten en que no le resultan aplicables las normas propias de los órganos de la Administración del Estado ni, por consiguiente, las obligaciones derivadas de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

En tal sentido, sostienen que CORDESAN no se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley, en especial del artículo 2°, que delimita expresamente los órganos sujetos al régimen de transparencia. Añaden que reconocer tal sujeción vulneraría garantías constitucionales básicas como la autonomía (artículo 1 CPR), el derecho de asociación (artículo 19 N° 15), la libertad económica (artículo 19 N° 21) y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24).

Asimismo, refieren que la información cuya entrega se solicita -referida a contratos, remuneraciones y funcionarios- constituye parte de su estructura interna y funcionamiento, y por ende se encuentra resguardada por las protecciones constitucionales antes señaladas. Indican que incluso en hipótesis donde la transparencia sea exigible, su aplicación debe ceder ante otros derechos fundamentales, como la privacidad, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

A mayor abundamiento, exponen que el Consejo para la Transparencia, cuya resolución se invoca por el recurrente, es una corporación autónoma de derecho público, con facultades circunscritas a los órganos señalados en la Ley de Transparencia, sin que su competencia pueda extenderse a una entidad como CORDESAN, cuya naturaleza jurídica ha sido reconocida expresamente como privada por la Contraloría General de la República.

Sobre este punto, destacan que, mediante el Informe Final N° 252/2024, la Contraloría General de la República confirmó que CORDESAN es una entidad de derecho privado, constituida conforme al ordenamiento común, sin sujeción a la Ley N° 18.695, y que se encuentra sometida únicamente a fiscalización por las vías contempladas en los artículos 6°y 25 de la Ley N° 10.336, y el artículo 52 del Decreto Ley N° 1.263 de 1975, en cuanto receptora de fondos públicos. En consecuencia, afirman que el control sobre su gestión corresponde a la entidad pública que transfiere recursos y a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por ley, no siendo procedente imponerle obligaciones ajenas a su estatuto jurídico.

En relación con lo anterior, citan la Ley N° 21.640 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2024, en especial sus artículos 23 y 24, que regulan los convenios de transferencia de recursos públicos a entidades privadas sin fines de lucro, estableciendo exigencias y obligaciones que CORDESAN ha cumplido rigurosamente. En virtud de dichas disposiciones, insisten en que su accionar se encuentra sometido a fiscalización legalmente reglada, la cual ha sido debidamente ejecutada.

Por último, informan que CORDESAN ha interpuesto una acción de nulidad de derecho público ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-18839-2024, en contra de diversas resoluciones dictadas por el Consejo para la Transparencia, entre ellas la Resolución Exenta N° 91 que ordenó la entrega de la información objeto del presente recurso. Dicha acción fue notificada el 22 de noviembre de 2024 y se encuentra en actual tramitación, habiéndose proveído traslado para réplica mediante resolución de 24 de diciembre de 2024.

En conclusión, alegan que el recurso de protección resulta improcedente, no solo porque no concurre un acto ilegal o arbitrario, sino también porque existen mecanismos ordinarios y específicos en curso para resolver la controversia jurídica, como lo es la mencionada acción de nulidad, razón por la cual no procede acudir a esta vía excepcional de protección de derechos fundamentales.

Atendido al trámite decretado por esta Corte, hacen presente que el Consejo para la Transparencia sostiene que el directorio de la corporación estaría integrado por el alcalde y el secretario comunal de planificación, conforme a la cláusula vigésimo cuarta de los estatutos, pero omite que tales disposiciones fueron modificadas en asamblea extraordinaria de 19 de diciembre de 2017, formalizada por escritura pública de 29 de diciembre de 2017, donde se excluyó la participación de autoridades municipales en el Consejo Directivo, quedando integrado exclusivamente por privados. Explica que esta modificación respondió a las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 50153 de 2013, que determinó que la participación de dichas autoridades en corporaciones de derecho privado solo puede ser a título personal y no en ejercicio del cargo público, conforme al artículo 6° de la Ley N° 18.575.

Destacan que dicha interpretación fue reiterada en los dictámenes N° 48.789 de 2009 y N° 12.410 de 2010. Asimismo, en el Informe Final N° 725 de 20 de octubre de 2016, la Contraloría constató irregularidades en la composición del directorio, instando a la aceptación de las renuncias de las autoridades y a la modificación estatutaria, lo que finalmente se verificó.

Enfatizan que, en consecuencia, el Consejo para la Transparencia sustenta su informe en una versión de estatutos derogada, ignorando que desde 2017 el directorio no cuenta con representación municipal. La corporación, constituida conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil y aprobada por el decreto N° 1.182 de 1985 del Ministerio de Justicia, se rige por el derecho común y sus estatutos, y se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia, no siendo asimilable a las corporaciones municipales creadas por el Estado para satisfacer necesidades públicas, como señala el Dictamen N° E160316 de 2021 de la Contraloría.

Asimismo, destacan que el objeto del recurso no es debatir el principio de publicidad, sino determinar el alcance de las competencias de fiscalización del Consejo para la Transparencia, las que no se extienden a una persona jurídica de derecho privado como la recurrida. Precisan que todos los fondos públicos recibidos son íntegramente rendidos a la Municipalidad de Santiago y fiscalizados por la Contraloría General de la República a través de esa entidad edilicia, la cual sí es sujeto obligado a la Ley N° 20.285. Por lo tanto, cualquier solicitud de antecedentes debe dirigirse a dicha municipalidad, no a la corporación.

Finalmente, se informa que la corporación se encuentra actualmente sometida a un proceso de fiscalización iniciado por el Ministerio de Justicia mediante el Oficio Ord. N° 2350 de 15 de abril de 2025, cuya información fue entregada íntegramente el 26 de mayo de 2025. Se reafirma así que la Corporación para el Desarrollo de Santiago reconoce y respeta plenamente las normas sobre transparencia y publicidad, pero sostiene que el Consejo para la Transparencia carece de competencia para ejercer fiscalización directa sobre ella, correspondiendo tal control a los organismos públicos legalmente facultados.

Tercero: Que comparece don nombre reservado, abogado, director general del Consejo para la Transparencia, evacuando informe solicitado por esta Corte, quien expone que el recurso se dirige contra la Corporación para el Desarrollo de Santiago por incumplir la entrega de información ordenada en la Decisión de Amparo Rol C8368-23, cuya ejecución ha sido reiteradamente requerida por el Consejo sin que se haya dado cumplimiento.

Relata que el 14 de junio de 2023, nombre reservado solicitó a la Municipalidad de Santiago copia de la nómina de funcionarios, cargos y remuneraciones de CORDESAN para los períodos 2021, 2022 y hasta mayo de 2023 y que municipalidad derivó la solicitud a CORDESAN mediante Ord. N° E-812 de 30 de junio de 2023.

Indica que, ante la falta de respuesta, el solicitante interpuso amparo que fue acogido por el Consejo mediante Decisión C8368-23 de 23 de noviembre de 2023, ordenando la entrega de la información. Notificada la decisión, CORDESAN no cumplió. En sesión N° 1419 de 26 de febrero de 2024, el Consejo otorgó un plazo adicional de cinco días hábiles mediante Resolución Exenta N° 118 de 6 de marzo de 2024, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, se instruiría investigación sumaria. Transcurrido el plazo sin cumplimiento, el 2 de abril de 2024 se dictó Resolución Exenta N° 152, iniciando sumario Rol S48-24, actualmente en etapa indagatoria.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, afectando el derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República. Invoca el artículo 8 de ese cuerpo de leyes y los tratados internacionales PIDCP (artículo 19) y CADH (artículo 13), que consagran el derecho a buscar y recibir información, destacando el criterio de la Corte Interamericana en el caso nombre reservado vs. Chile. Argumenta que el principio de publicidad tiene fuerza expansiva, y que la Ley N° 20.285 desarrolla dicho principio, imponiendo la presunción de publicidad (artículo 11 letra c), el deber de transparencia (artículo 4) y el acceso a toda información elaborada con fondos públicos (artículo 5 y 10).

Explica que CORDESAN es una corporación de derecho privado, pero cumple funciones administrativas de interés público, ejecutando proyectos urbanísticos, sociales, culturales y deportivos propios de la Municipalidad de Santiago, y recibe financiamiento fiscal. Según el artículo 7 de sus estatutos y registros de la Ley N° 19.862, ha recibido más de $ 101.644.171.754 en transferencias públicas. Estos elementos configuran su instrumentalidad respecto del municipio, justificando su sometimiento a la Ley de Transparencia conforme al artículo 2 de dicha ley. Cita jurisprudencia que respalda esta interpretación, incluyendo fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 229-2022) y de la Corte Suprema (Rol 139.550-2022 y Rol 254-2024), que reconocen que corporaciones privadas que cumplen funciones públicas y reciben recursos fiscales están sujetas a la Ley de Transparencia.

Rebate la defensa de CORDESAN sobre su naturaleza privada, señalando que no puede invocarse el derecho privado para eludir controles públicos. Recuerda que la existencia de recursos fiscales y funciones administrativas impide negar la aplicación del régimen de transparencia, conforme también a dictámenes de la Contraloría General de la República. Recalca que la información requerida, nómina de funcionarios, cargos y remuneraciones, es pública, elaborada con fondos públicos y sujeta a los principios de probidad y publicidad.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar la entrega inmediata de los antecedentes requeridos, reafirmando la plena aplicabilidad del régimen de transparencia a la recurrida.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en la especia, la omisión que se estima ilegal y arbitraria respecto de la recurrida se refiere a no haber dado cumplimiento a la Decisión de Amparo Rol C8368-2023, de 29 de noviembre de 2023, del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar información al peticionario, recurrente de estos autos.

Sexto: Que se debe señalar que acto u omisión arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema N° 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago N° 1249/1994): vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago N° 50/2004), o bien, acciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique N° 37/2000).

Séptimo: Que acto u omisión ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011). Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho sea privado o perturbado.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se puede tener por establecido que:

1°.- Por Decisión C8368-23, de 23 de noviembre de 2023, el Consejo para la Transparencia, acogió el amparo formulado por don nombre reservado, ordenando a la Corporación de Desarrollo de Santiago la entrega de la información consistente en la nómina de las personas que se desempeñaron como funcionarios tanto a honorarios como código del trabajo, incluyendo su cargo y remuneración, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2021 y 2022 y entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año 2023, dentro del plazo de 5 días a contar de que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

2°.- Por Resolución Exenta N° 152, de 2 de abril de 2024, el Consejo para la Transparencia ordenó la instrucción de una investigación sumaria en la Corporación para el Desarrollo de Santiago, con la finalidad de esclarecer los hechos, circunstancias y razones que permitan determinar si el modo de obrar del órgano al no haber hecho entrega oportuna de la información decretada, una vez que ha sido ordenado por resolución firme recaída en el amparo rol C8368-23, configuraría una infracción a las obligaciones de la Ley de Transparencia, específicamente, una eventual no entrega oportuna de la información decretada, una vez que ha sido ordenado por resolución firme, sancionable según lo establecido en el artículo 46, inciso I', de la Ley de Transparencia.

3°.- Ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-18839-2024, se tramita demanda, interpuesta por la Corporación de Desarrollo de Santiago en contra del Consejo para la Transparencia, por medio de la cual se solicita se declare la nulidad de derecho público de los actos administrativos Resolución Exenta Nº91, Resolución Exenta Nº209, Resolución Exenta 330, Resolución Exenta 392, Resolución Exenta Nº 433.

Noveno: Que los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Nº 20.285 consagran la transparencia en el ejercicio de la función pública, como principio rector. En correlato con ello, el artículo 10 de la misma ley establece y reconoce el derecho de toda persona “a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”; mientras que el artículo 11, en sus letras d) y h), consagra los principios de máxima divulgación y de oportunidad, respectivamente. En este último sentido, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo fija la oportunidad en la que el órgano requerido debe responder a los requerimientos de información que se le formulan, ya sea entregándola o denegándola fundadamente, fijando para ello un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12, prorrogable excepcionalmente por otros diez días hábiles en los casos que allí se indican. A su turno, el artículo 16 de la Ley Nº 20.285, establece: “La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley. En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos. Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes”. Por último, el artículo 45 de la citada ley sanciona el incumplimiento injustificado del deber antes indicado, en los términos siguientes: “La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración”.

Décimo: Que, según lo expuesto por la recurrida, el Informe Final N° 252/2024, emitido por la Contraloría General de la República, señala, entre otras cuestiones, que CORDESAN es una entidad de derecho privado, constituida conforme al ordenamiento común, sin sujeción a la Ley N° 18.695, y que se encuentra sometida únicamente a fiscalización por las vías contempladas en los artículos 6 y 25 de la Ley N° 10.336, y el artículo 52 del Decreto Ley N° 1.263 de 1975, en cuanto receptora de fondos públicos.

Undécimo: Que, por Oficio N° 13.703, de 6 de junio de 2025, el Consejo para la Transparencia dio respuesta a la propuesta de incorporación al Portal de Transparencia del Estado, formulada por la Corporación para el Desarrollo de Santiago. En este destaca las siguientes argumentaciones efectuadas por el referido consejo: “4. La sujeción de la CORDESAN a la normativa sobre Transparencia y Acceso a la información, no se realiza sobre la base del Dictamen N°E160.316, de fecha 29 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, ya que la CORDESAN no se constituye como una corporación de carácter municipal. La mencionada sujeción proviene del artículo 2° de la Ley de Transparencia, que dispone quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de ésta, incluyendo a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y de la utilización del criterio desarrollado por este Consejo para determinar la aplicación de la Ley de Transparencia a entidades con forma organizativa privada. 5. Conforme con lo señalado precedentemente, la CORDESAN, al tener una finalidad instrumental de cumplimiento de parte de las funciones que el ordenamiento jurídico chileno ha entregado a las Municipalidades (función pública-administrativa) y, percibiendo para dicho fin recursos públicos (financiamiento de origen fiscal y/o municipal), se encuentra sometida íntegramente a las disposiciones de la Ley de Transparencia, y consecuentemente, a las competencia, facultades y atribuciones conferidas por dicho cuerpo normativo al Consejo para la Transparencia … 6. En consecuencia, teniendo en consideración lo señalado precedentemente y, en lo que dice relación específicamente con la propuesta presentada, a la Corporación para el Desarrollo de Santiago le son aplicables los deberes de Transparencia Activa con las precisiones que se señalan en el presente documento”.

Duodécimo: Que el Consejo para la Transparencia, al evacuar el informe solicitando en estos autos, citó jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que reconocen que las corporaciones privadas que cumplen funciones públicas y reciben recursos fiscales están sujetas a la Ley de Transparencia. Sin embargo, al revisar algunos de los fallos reseñados se constata que tal opinión no es unánime. Así como en los autos de la Corte Suprema Rol N° 254-2024, el ministro señor Matus y el abogado integrante señor Valdivia sostuvieron que “encontrándose acreditado que la recurrente es una corporación de derecho privado, no se estima conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el artículo 7° de la Ley N°20.285, que el Consejo Para la Transparencia pretenda sujetarla a su competencia, pues ella se limita a los “órganos y servicios públicos”, y no se extiende a toda persona jurídica que, por la razón que sea, reciba fondos públicos”.

Decimotercero: Que, en este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Se debe considerar que el recurso en análisis es un remedio procesal breve y sumarlo destinado al amparo inmediato del afectado frente al abuso de un tercero, y puesto que tiene tal finalidad es que se plantea que su interposición deje a salvo todas las acciones que sean pertinentes para la tutela jurídica ordinaria de los derechos del agraviado.

Como corolario del análisis efectuado, es preciso recordar la naturaleza excepcional y cautelar del recurso de protección, concebido para la tutela de derechos indubitados cuya afectación sea clara y manifiesta por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, objetivo que en el caso en análisis no se cumple, pues, en el fondo, la controversia gira en torno a la procedencia de que la recurrida pueda ser objeto de requerimiento de información por parte del Consejo para la Transparencia, materia que excede el ámbito propio de esta acción de emergencia y que requiere de un procedimiento contencioso administrativo de lato conocimiento o del procedimiento administrativo especial contemplado en la normativa sectorial, ya que para una adecuada valoración de estas discrepancias se requiere de uno que contemple etapas que no tienen cabida en el recurso de protección.

Decimocuarto: Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes por éstas acompañados, puede advertirse que existe una controversia en cuanto a la legalidad y/o arbitrariedad de la actuación de la recurrida ante la falta de cumplimiento de la decisión de amparo. Ello, impide considerar que se esté ante un derecho indubitado, inequívoco o patente que proteger y que, a su vez, sea agraviante de las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente.

Decimoquinto: Que, en atención a lo expuesto en las consideraciones que preceden, el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra de la Corporación para el Desarrollo de Santiago.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-21950-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco.