ORO VERDE CAPACITACIÓN LIMITADA con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 9 de noviembre de 2024, comparece José Antonio Gómez Jopia, abogado, en representación de Oro Verde Capacitación Limitada, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) por haber revocado unilateralmente, mediante correo electrónico de 10 de octubre de 2024 y Ord. N° 335, trece contratos de capacitación legalmente adjudicados a la recurrente, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto se realizó sin fundamento y mediante un simple correo electrónico, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad y libertad de trabajo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita dejar sin efecto los actos recurridos y prevenir el ingreso de su representada al registro nacional de deudores.

Expone como antecedentes que la recurrente es una empresa con 19 años de experiencia en licitaciones de programas de capacitación y que el 23 de abril de 2024, mediante resolución exenta N° 1502, se creó la licitación pública ID 739791-1-LP24, denominada "Capacitación en Oficios Línea Sectorial Emergencia Hídrica Región de Coquimbo", adjudicándose posteriormente la recurrente 13 cursos de capacitación mediante resolución exenta N° 2331.

Señala que el 24 de julio de 2024, SENCE Regional informó la adjudicación y solicitó documentos para la firma de los 13 contratos, los que fueron suscritos el 23 de agosto de 2024. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2024, SENCE Regional solicitó crear 11 de las 13 secciones de cursos para el lanzamiento del programa en la Comuna de Ovalle, postergando dos cursos por cambio de comuna.

Indica que el 8 de octubre de 2024 se realizaron las primeras matrículas correspondientes al curso “Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos,” código SEC-EH-24-01-04-0002. Sin embargo, el 10 de octubre de 2024, SENCE Regional comunicó la revocación de los 13 cursos y ordenó la restitución de los fondos pagados, durante el proceso de matrícula y antes de que transcurrieran los 30 días hábiles de publicación requeridos según el manual de procesos transversales.

Argumenta que, según los plazos del manual, desde creada la sección, el ejecutor tiene 30 días hábiles para matricular, plazo que se cumplía el 25 de octubre de 2024, y luego 15 días hábiles más para iniciar el curso, venciendo el 19 de noviembre de 2024. Por tanto, considera irrisoria la exigencia de SENCE de que su inicio fuera a más tardar el 29 de septiembre de 2024.

Invoca, en cuanto a los fundamentos jurídicos, el artículo 13 de la Ley 19.886 sobre contratos administrativos, sosteniendo que no se cumple ninguno de los requisitos para que SENCE deje sin efecto unilateralmente los contratos. Asimismo, cita el artículo 61 de la Ley 19.880, argumentando que la revocación no procede por tratarse de actos declarativos de derechos adquiridos legítimamente.

Alega que los actos impugnados vulneran el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al establecer diferencias arbitrarias y permitir a SENCE resolver unilateralmente los contratos mediante correo electrónico; el debido proceso, al obligar la restitución de fondos sin mediar juicio; el derecho de propiedad sobre los dineros legítimamente ganados; y la libertad de trabajo, al amenazar con incluir a la empresa en el registro de deudores, impidiéndole participar en futuras licitaciones.

Solicita que se dejen sin efecto los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la orden contenida en el correo de fecha 10 de octubre de 2024 que revoca los 13 contratos adjudicados y ordena restituir los fondos pagados como anticipo, así como la orden N° 335 del SENCE, y se ordene prevenir que la recurrente ingrese al registro nacional de deudores para poder seguir postulando a otras licitaciones, con costas.

SEGUNDO: Que, al informar el recurso, la recurrida expone que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es un organismo técnico del Estado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo objeto es promover el desarrollo de competencias laborales de los trabajadores, conforme lo establece la Ley 19.518.

Señala, en cuanto a los antecedentes de hecho, que mediante Resolución Exenta N° 1502 de 23 de abril de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación Pública ID 739791-1-LP24 denominada "Capacitación en Oficios Línea Sectorial Emergencia Hídrica Región de Coquimbo", adjudicándose la recurrente 13 cursos de capacitación mediante Resolución Exenta N°2331. Los contratos respectivos fueron suscritos el 23 de agosto de 2024, estableciéndose en su cláusula sexta una vigencia hasta el 31 de marzo de 2025.

Indica que según el numeral 8.2 de las Bases, el plazo de inicio de los cursos no podía exceder del 29 de septiembre de 2024. Debido a que dicho plazo se venció sin que la recurrente iniciara los cursos ni solicitara prórroga, mediante correo electrónico de 10 de octubre de 2024 se comunicó la imposibilidad de generar matrículas y mediante Oficio N°335 de 18 de octubre se reiteró la decisión de deshabilitar los cursos adjudicados.

Alega, como fundamentos de derecho para solicitar el rechazo del recurso, la incompetencia de esta Corte, por cuanto los hechos y comunicaciones ocurrieron en la Región de Coquimbo, siendo competente la Corte de Apelaciones de dicha jurisdicción conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Sostiene que el recurso debe rechazarse por no cumplir con los presupuestos de procedencia, atendido a que se trata de una materia propia de un procedimiento judicial ordinario y no de la acción cautelar de protección.

Argumenta, respecto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, que no existe discriminación ni diferencia arbitraria que afecte la igualdad ante la ley, por cuanto el SENCE se ha apegado estrictamente a la normativa vigente y a las atribuciones conferidas por el contrato y las bases. En cuanto al debido proceso, sostiene que la decisión adoptada respetó las bases del concurso y fue conocida desde el inicio por el recurrente. Sobre el derecho a desarrollar actividades económicas, argumenta que fue el propio recurrente quien no cumplió con la ejecución de los cursos en la fecha acordada. Finalmente, respecto al derecho de propiedad, señala que sobre las acciones de capacitación existiría únicamente una mera expectativa supeditada al cumplimiento de etapas y fases de desarrollo.

Solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas, por estimar que el SENCE ha actuado dentro de sus facultades y en conformidad a lo consagrado en las Bases del Concurso y lo pactado en los contratos, no existiendo actos arbitrarios o ilegales que vulneren garantías constitucionales de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, con los elementos de convicción allegados a estos autos apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Que la recurrente se adjudicó la ejecución de trece cursos de capacitación Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos, código SEC- EH-24-01-04- 0002.

b.- Que con fecha 10 de octubre de 2024, la Dirección Regional de Coquimbo de la recurrida envía un correo electrónico a la actora mediante el cual comunicó que se revocaban los trece cursos adjudicados y solicitó la restitución de los fondos entregados por concepto de anticipos.

c.- Que mediante Oficio N ° 335 de fecha 18 e octubre de 2024, se informó a la recurrente el incumplimiento del plazo establecido en las Bases del Concurso, para la iniciación de las acciones de capacitación adjudicadas.

d.- Que en virtud de lo indicado precedentemente la Dirección Regional de la recurrida informó la decisión de deshabilitar los cursos de capacitación y exigir los reintegros.

e.- Que según el marco de los casos de contratos suscritos entre el SENCE y la recurrente, aquel se obligó al pago de los cursos de capacitación y demás componentes del Programa.

f.- Que por su parte el Organismo Técnico de Capacitación se obligó a entregar a la recurrida, las pólizas de garantía con el objeto de asegurar la ejecución pactada.

g.- Que según la cláusula sexta: “El contrato comenzará a regir a partir de su total tramitación y se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2025. Con todo, antes de su vencimiento, en caso de existir acciones pendientes, las partes podrán prorrogar la vigencia del mismo por una sola vez, de acuerdo con lo indicado en el punto “Ampliación de los contratos”, lo que será aprobado por acto administrativo”.

QUINTO: Que cabe destacar, en relación con los plazos pactados para la ejecución de las acciones de capacitación, que la Resolución Exenta N° 1502 de 23 de abril de 2024, aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación Pública adjudicación múltiple ID 739791-1LP24, en cuyo numeral 1.2 se detalla que los cursos de capacitación adjudicados se componen de la Fase Lectiva, que se especifica en el numeral 8.2 (Fase Lectiva), que señala: “Corresponde al plazo de inicio de curso que solicite el ejecutor en el Acuerdo Operativo el cual no podrá exceder el 29 de septiembre de 2024. Una vez matriculado el número mínimo de postulantes, el ejecutor deberá dar inicio al curso en el plazo indicado en el punto numeral 2 fila 28 “Plazos Generales establecidos para el proceso de ejecución” del Manual de Procesos Transversales para el año 2024, salvo previa autorización de la Dirección Regional; para ello el ejecutor deberá solicitarlo formalmente señalando razones fundadas. En este último caso la Dirección Regional podrá autorizar una prórroga de la fecha de inciso, por el plazo establecido en la fila 30 del numeral 2 del Manual de Procesos Transversales para 2024 antes individualizado”.

SEXTO: Que como ha quedado demostrado, esta controversia no es de aquellas que puedan solucionarse por medio de esta acción constitucional, cautelar y de emergencia, desde que claramente se trata de una cuestión contractual que deberá dilucidarse en la instancia correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

La interpretación de las bases de licitación no puede resolverse por esta vía, pues no existe un derecho indubitado de la recurrente, muy por el contrario, ambas partes tienen distintas posturas e interpretaciones de los plazos y de las cláusulas de las bases, por las cuales debe regularse la relación entre las partes.

SÉPTIMO: Que en estas circunstancias, y siendo esta acción constitucional cautelar y de protección de aquellos derechos preexistentes e indubitados, que se encuentran afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria, aquella hipótesis que no se verifica en la especie, motivo por el cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Oro Verde Capacitación Limitada en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol N ° 21.949 – 2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.