EDIFICIO ECOFUTURO 2 con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJOI DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinticuatro.

Al folio 22: téngase presente.

Visto y considerando:

Primero: Que Pablo Molina Coña, abogado, recurre de protección en favor del Edificio Ecofuturo II Torres A y B, en contra de la Dirección del Trabajo, por el acto que estima arbitrario e ilegal consiste en dictar la Resolución Nro. 1311-4684, de 16 de febrero de 2024 que confirma aplicación de multa en su contra, alegando vulneración de la garantía constitucional del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Relata que su representada fue objeto de una multa de 60 unidades tributarias mensuales a través de la Resolución Nro.6354/23/8, de 30 de octubre de 2023, fundada en “no llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la hora de entrada y salida en registro de asistencia, respecto de cuatro trabajadores al no registrar hora ni firma entrada y salida en el periodo desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 10 de octubre de 2023.

Hace presente que se interpuso un recurso administrativo de sustitución de multa por capacitación, fundado en la incorporación de un nuevo trabajador con posterioridad a ser cursada la multa, precisando que habían sido corregidas las conductas, incorporando los registros de asistencia, lo que fue desestimado por la recurrida en cuanto sólo se podía acompañar el libro de asistencia y no permitiendo el ingreso del contrato del trabajador nombre reservado, que se desempeñaba en los términos registrados, alegando que, conforme dicho documento, no hay infracción a la ley laboral.

Agrega que mediante Resolución Nro. 1311-4684/2024 de 16 de febrero de 2024, fue rechazada la petición, en cuanto la empresa no acreditó la corrección de la infracción, precisando que, respecto del trabajador nombre reservado, registra asistencia en octubre de 2023, únicamente los días 1, 8, 15, 22 y 29, en circunstancias que la multa fue impuesta por no registrar asistencia desde el 1 de octubre de 2023 hasta el día 10 de octubre de 2023, manteniendo la multa.

Alega que la resolución referida vulnera su derecho al debido proceso y que no fue interpuesta reclamación conforme el artículo 503 del Código del Trabajo, por haber recurrido administrativamente por la vía de la sustitución.

Arguye que la negativa a permitir ingresar el contrato de trabajo obedece a la carga de trabajo que tiene actualmente la Inspección del Trabajo, y no permite una debida tramitación de las alegaciones correspondientes, precisando que el registro da cuenta del trabajo part time del conserje, quien se desempeñó los días 1, 8, 15, 22, 29 de octubre de 2023.

Conforme lo expuesto, pide se ordene a la Dirección del Trabajo revertir la resolución que rechaza el recurso administrativo, con costas.

Segundo: Que informa Carmen Bravo de la Carrera, abogado, en representación de la recurrida, Claudia Toro Roa, Inspectora Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, quien pide el rechazo del recurso, con costas.

Alega que el recurso es improcedente, por cuanto se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, estableciendo la ley procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Precisa que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo, se establece la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores, o bien solicitar la correspondiente reconsideración administrativa de las mismas, y en este último caso, reclamar judicialmente respecto de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración de la multa.

Destaca la existencia de dos procedimientos judiciales de reclamación de multa, un procedimiento general y un procedimiento monitorio atendiendo a la cuantía de la multa, y ambos procedimientos se caracterizan por ser concentrados, breves y efectivos, en los cuales la prueba rendida por las partes también se encuentra regulada en cuanto a la ponderación que de ella debe hacer el juez.

Agrega que el artículo 511 del Código del Trabajo, establece que el empleador, dentro del plazo de 30 días de notificada una multa administrativa, puede optar por solicitar reconsideración administrativa aportando todos los antecedentes necesarios que fundamenten su petición, la que será resuelta por la Inspección del Trabajo mediante resolución fundada, la que es susceptible de reclamación judicial.

En cuanto al fondo, invoca la legalidad de la actuación del fiscalizador y de la multa impuesta, relatando que el 10 de octubre de 2023 se activó fiscalización Nro. 1311-2023-2888 por Programa de Fiscalización de Trabajadores Extranjeros, constituyéndose en el domicilio de la actora, constatando que ésta no lleva correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la hora de entrada y salida de los trabajadores que individualiza.

Agrega que el 28 de noviembre de 2023, la recurrente presentó ante la Inspección Comunal del Trabajo Región Metropolitana Poniente sustitución por la asistencia a capacitación, respecto de la Resolución de Multa Nro. 6354/2023/8 la que fue resuelta mediante Resolución Exenta Nro. 1311-4684/2024 de 16 de febrero de 2024, la que no dio lugar a la sustitución por no acreditar la corrección de la infracción, toda vez que, vista la documental allegada por la peticionaria, se advierte que respecto del trabajador nombre reservado, éste registra asistencia en octubre de 2023 únicamente los días 1, 8, 15, 22 y 29, en circunstancias que la multa fue impuesta, por no registrar asistencia desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 10 de octubre de 2023, destacando que la sustitución de multa por capacitación lleva implícito el reconocimiento del hecho infraccional.

Concluye que el procedimiento administrativo se verificó conforme a derecho y de acuerdo a lo solicitado por el mismo empleador sancionado, en conformidad al recurso que el mismo interpuso, en conformidad a la legislación vigente y los procedimientos administrativos respectivos.

Alega la inexistencia de acto arbitrario e ilegal y, en consecuencia, de vulneración de garantías, en razón de que no se limitó la facultad de presentar pruebas, sino que fue el mismo empleador a través de sus representantes, quien escogió la solicitud de sustitución por capacitación, siguiéndose el procedimiento establecido al efecto.

Tercero: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. El recurrente solicita “ordenar a la Dirección el Trabajo, revertir la resolución que rechaza el recurso administrativo…”, por considerar que con el mérito de la prueba aportada su parte acreditó que no existen antecedentes de hechos que justifiquen la infracción.

En el caso de la especie, el 28 de noviembre de 2023, la recurrente presentó ante la Inspección Comunal del Trabajo Metropolitana Poniente sustitución de la multa impuesta por capacitación, lo que fue rechazado por Resolución Exenta N° 1311-4684/2024 de 16 de febrero de 2024, por considerar que no se acreditó la corrección de la infracción N° 1, es decir, por no darse el presupuesto del artículo 506 Ter N° 2 del Código del Trabajo. El acto cuestionado fue emitido en un procedimiento administrativo legalmente tramitado, y la autoridad expresa los motivos que justifican la decisión, todo ello en el ámbito de un proceso de fiscalización de la normativa laboral La naturaleza y finalidad de este arbitrio, unido a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse lleva a concluir que este recurso resulta procedente únicamente para la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela, siempre que al recurrente le asista un derecho indubitado, cuyo es el caso de autos.

Cuarto: Que la situación específica de que se trata no puede ser dirimida mediante esta acción constitucional extraordinaria, por cuanto excede el ámbito de aplicación del presente recurso. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, por no ser procedente para decidir la declaración que acá se pretende.

A lo anterior se agrega que es el recurrente quien solicitó a la Inspección del Trabajo, sustituir la multa impuesta por la medida de capación de su personal, es decir, acepta la existencia de la infracción a la legislación laboral al tiempo de la fiscalización, reclamando ahora falta de valoración de elementos de convicción, que en sede administrativa no adjuntó, sin que conste de autos la supuesta negativa de recibirlos, como reclama.

Quinto: Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda hacer valer a través de los procedimientos que la normativa le reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso el recurso de protección deducido por Pablo Molina Coña, en representación de Edificio Ecofuturo II, Torres A y B.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-2193-2024.