Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Fernández Montero, abogada, e interpone recurso de protección en favor de 141 internos condenados recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, en contra de Gendarmería de Chile, a la que atribuye la adopción de una medida ilegal y arbitraria que vulneraría la integridad física y psíquica de los recurrentes, todos ellos adultos mayores, en su mayoría septuagenarios y octogenarios, varios con enfermedades crónicas, graves o terminales, consistente en dividir el patio común del recinto y eliminar el espacio que los recurrentes utilizaban para recibir visitas, socializar y resguardarse de las inclemencias del clima, pidiendo que se deje sin efecto dicha medida.

Señala que la Corte Suprema, al conocer de la causa Rol N° 249.389-2023, homologó el Pabellón Asistir de Colina 1 a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, de modo que, a su juicio, los internos de Punta Peuco deben recibir un estándar equivalente de protección.

Expone que el 6 de octubre de 2025 el alcaide del penal comunicó que, por disposición de la Jefatura Nacional de Gendarmería, a partir del día siguiente se instalaría un muro divisorio en el patio común que comparten los internos para recibir visitas, reunirse entre ellos y resguardarse del clima, espacio en el cual mantienen desde hace años sus “rucos”.

Afirma que esa división tendría por objeto separar a los actuales internos de aquellos que serían trasladados desde otros recintos penales, en el contexto del decreto presidencial que transformaría Punta Peuco en una cárcel común, y que para ejecutar la obra los internos debían desarmar tales estructuras y retirar los enseres que utilizaban para recibir a sus familiares de manera digna.

Sostiene que la medida suprime el único espacio verdaderamente común que quedaría en el establecimiento, máxime si incluso los comedores estarían siendo utilizados como dormitorios por el hacinamiento existente.

Indica que ello obligaría a recibir las visitas en pasillos o a reducir forzosamente su número, generando una afectación indirecta del derecho de visitas y agravando las condiciones materiales y emocionales del cumplimiento penitenciario, particularmente atendida la edad y estado de salud de los internos.

Añade que la decisión fue informada sin explicación suficiente sobre la forma en que se enfrentarían sus consecuencias prácticas, tales como el destino de los enseres existentes, el lugar en que se recibiría a las visitas o el espacio disponible para actividades sociales, culturales y afectivas.

Alega que el acto es inmotivado, arbitrario e ilegal, por cuanto agrava injustificadamente las condiciones de reclusión, afecta la dignidad de los internos y lesiona su integridad física y psíquica, infringiendo el artículo 19 N° 1 de la Constitución, en relación con el artículo 1 del mismo cuerpo normativo, además de contrariar el deber de garante que pesa sobre Gendarmería conforme al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la Ley Orgánica del servicio y los tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas mayores.

Refiere que hasta el 7 de octubre de 2025 los internos podían utilizar ese espacio para socializar y recibir visitas en condiciones compatibles con la dignidad humana, de modo que la decisión impugnada alteró una situación jurídica preexistente y constituye una expresión de hostigamiento carcelario.

En mérito de ello, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad del acto denunciado y se ordene a Gendarmería abstenerse de construir el muro divisorio en el patio común donde los internos mantienen sus “rucos” y reciben visitas.

Segundo: Que comparece Matías Muñoz Zamorano, abogado de la Unidad de Fiscalía de Gendarmería de Chile, e informa en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Expone, en primer término, que lo afirmado en el recurso es inexacto, puesto que al momento de evacuar el informe aún no habían comenzado las obras que involucran la instalación del muro divisorio en el sector donde se ubican las carpas o toldos denominados “rucos”.

Añade que la reestructuración del CCP de Til Til no obedece a una actuación ilegal o arbitraria de Gendarmería, sino al cumplimiento de una decisión adoptada por el Gobierno y materializada mediante el Decreto N° 80 del año 2025 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya toma de razón por la Contraloría General de la República se verificó el 29 de octubre de ese año.

Sostiene que las obras ejecutadas y por ejecutar responden a instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2025, destinadas a mejorar y ampliar la infraestructura del recinto a fin de permitir su conversión en cárcel común.

Indica que, para ello, Gendarmería elaboró una propuesta de diseño y ejecución orientada a aumentar la capacidad del penal mediante dos fases de habilitación. Agrega que es la primera la que contempla la construcción de cuatro módulos de reclusión, una sala de visitas y su circulación de acceso, una oficina de área técnica, obras eléctricas y sanitarias complementarias y equipos de seguridad, con un aumento de treinta y dos plazas distribuidas en los patios de los módulos 1 a 4, donde actualmente se desarrollan las visitas. Añade que se trata de una construcción modular, de rápida ejecución, buena resistencia estructural y eficiencia energética. Refiere que el proyecto se planificó para concluir inicialmente a fines de 2025, con miras al poblamiento a comienzos de enero de 2026, y que comprendía, además, obras complementarias de mejoramiento sanitario y eléctrico, habilitación de un galpón de visitas, un contenedor para oficina técnica de reinserción y mejoras de seguridad electrónica.

Precisa que la obra principal fue licitada bajo ID NUM000, adjudicada por Resolución N° NUM001 de 3 de octubre de 2025 del director regional Metropolitano, y que la entrega del terreno se realizó el 7 de octubre, fijándose un plazo de ejecución de ciento veinte días corridos. Explica que, por la complejidad técnica del proceso, el calendario inicial debió reformularse en aproximadamente un mes, situándose el término de las obras a fines de enero de 2026, desviación que fue formalmente comunicada y aceptada por el Ministerio respectivo. Agrega que estas obras requieren despeje completo del terreno, por involucrar remoción, excavación y fundación de nuevas estructuras, y que cualquier retraso o entrega parcial incide directamente en el plazo contractual y en los costos del proyecto.

En el plano normativo, invoca el artículo 16 del D.L. N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, Reglamento Penitenciario, para sostener que la creación, modificación o supresión de establecimientos penales, así como la determinación de sus características, corresponde al Ministerio de Justicia mediante decreto supremo, previo informe o proposición del director nacional, mientras que su administración interna corresponde al jefe superior del Servicio.

Sobre esa base, afirma que precisamente en ejercicio de esa potestad fue dictado y publicado el Decreto N° 80 de 2025, mediante el cual el entonces CCP Punta Peuco pasó a denominarse Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til, con carácter de recinto común.

Añade, que la misma recurrente había interpuesto con anterioridad el recurso de amparo Rol N° 4015-2025, fundado en idénticas alegaciones del presente arbitrio, el que fue rechazado por esta Corte el 19 de noviembre de 2025.

Concluye que no existe vulneración alguna de garantías constitucionales, pues Gendarmería no ha adoptado medida restrictiva ilegal o arbitraria, sino que ha actuado con apego a las disposiciones legales vigentes, dando cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, el acto que se denuncia por la parte recurrente como arbitrario e ilegal lo constituiría la instalación de un muro divisorio en el patio común del recinto penitenciario, eliminando el espacio que los internos utilizan para recibir visitas, socializar y resguardarse de las inclemencias del clima.

Por su parte, si bien la recurrida no desconoce que la construcción se instalará en lugar, afirma que aún no ha comenzado a implementarse, agregando que se enmarca en el proyecto de modificación del recinto para los efectos de pasar a ser uno de tipo común.

Quinto: Que, como cuestión previa, cabe referirse a las disposiciones legales que resultan concurrentes en la especie.

En efecto, el artículo 16 del D.L. 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece lo siguiente: “La creación, modificación o supresión de establecimientos penales y carcelarios, su clasificación, denominación y la determinación de sus características, se hará mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos de que se disponga”.

En el mismo sentido, el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia, Reglamento Penitenciario, establece que: “Los establecimientos penitenciarios se crearán, modificarán o suprimirán mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional de Gendarmería de Chile, y su administración interna será materia de una Resolución de dicho Jefe de Servicio”.

Precisamente, como consecuencia de dar cumplimiento a esa preceptiva, el 4 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 80 de 19 de junio del mismo año, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se modificó el Decreto N° 580 de 1995, de la misma cartera, transformando al CCP Punta Peuco, -que tenía el carácter de ser un centro penitenciario “especial”-, el cual pasó a ser un CCP de rango común, que ahora se denomina Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a Gendarmería de Chile le corresponde la administración de los establecimientos penitenciarios, en tanto el artículo 26 dispone que todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente, los de orden y disciplina, sanidad e higiene, corrección en sus relaciones y en su presentación personal, así como conservar cuidadosamente las instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que eventualmente les sean proporcionados. De lo anterior, se colige que Gendarmería de Chile puede adoptar todas las medidas que sea pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios, con la única salvedad de respetar las condiciones básicas de vida que el mismo reglamento dispone, acorde con el respeto de la dignidad de los internos, lo que además se encuentra reflejado en el artículo 2 del citado reglamento, al señalar que será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

Sexto: Que el Decreto N° 80 de 2025, que modificó el Decreto Supremo N° 580 de 1995, en virtud del cual el CCP de Punta Peuco se convirtió en una cárcel común., señaló entre sus considerandos que “7.

Que, mediante el decreto supremo Nº 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, se creó el establecimiento penal en la comuna de Tiltil con la denominación ahí indicada. Desde su creación, dicho establecimiento ha sido destinado a la privación de libertad de personas imputadas, bajo prisión preventiva, y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, u otros delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese periodo. 8. Que, mediante Oficio (R) N° 496, de 11 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, remitió informe respecto de la modificación del establecimiento penitenciario en cuestión. 9. Que, las condiciones actuales del sistema penitenciario presentan desafíos en materia de gestión penitenciaria que deben ser resueltos cautelando el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2° del decreto N° 100, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 10. Que, dado lo precedentemente señalado, no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del decreto supremo N° 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado”. Por su parte, la Contraloría General de la República, al tomar razón del referido Decreto, hizo presente, en lo pertinente, que “habida cuenta de lo informado por Gendarmería de Chile, en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento penitenciario, la eliminación del carácter "Especial" de dicha Unidad Penal, dispuesta en el punto 3, letra a), del artículo único del decreto de la suma, no puede implicar una limitación a las atribuciones de esa repartición pública, la que, en la regulación sobre la administración interna de ese recinto, debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Séptimo: Que, atendido lo relacionado, no se advierte que la medida impugnada -que aún no se ha materializado a la fecha de interposición de este recurso- conlleve un trato indigno para los recurrentes ni afecte sus derechos fundamentales, por cuanto, ella no tiene otro objetivo sino dar cumplimiento a la conversión del ex centro penitenciario de Punta Peuco, dispuesta por el Decreto N° 80 de 2025, entendido dentro del marco del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034, que en el caso del CCP de Til Til, esta destinada a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en ese recinto.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Constanza nombre reservado, en favor de 141 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til, en contra de Gendarmería de Chile.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21929-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.