nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario en que habría incurrido con motivo del rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el artículo 19 N°s 2 y 24, por lo que solicita que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Argumenta que solicitó el retiro de fondos previsionales acogiéndose a la Ley N° 18.156, petición que fue desestimada por falta de constancia de afiliación, notificado mediante correo el día 11 de septiembre de 2025, razón por la cual elevó un reclamo a la Superintendencia, sin que a la fecha de la presentación del recurso se haya pronunciado o dado respuesta alguna.

Señala que acompañó a su solicitud los contratos de trabajo y/o anexos con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente para extranjeros y constancia electrónica de cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Alega una imposibilidad material de obtener la legalización consular o apostilla de la constancia del IVSS dado que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar dicho trámite, configurándose un caso fortuito que, conforme al artículo 45 del Código Civil, debería excusar dicha formalidad, máxime cuando la constancia electrónica es verificable en la web oficial del IVSS.

Asimismo, alega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS sí especifica la cobertura en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

Reclama que la recurrida ha actuado de forma arbitraria y desigual, realizando una interpretación restrictiva y formalista de la normativa, en contravención del principio de juridicidad (artículo 6° Constitución Política de la República, artículo. 11 Ley N°19.880), el principio "In dubio pro operario" y lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Cita diversa jurisprudencia reciente de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que, a su juicio, ha acogido recursos similares.

Segundo: Que al evacuar el informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso de protección.

Expone que el recurrente presentó el 9 de septiembre de 2025, una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la exención establecida en la Ley Nº 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, acompañando a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, el título profesional, declaración jurada ante notario público, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con anexo suscritos con su empleador; y que analizado los documentos conforme a la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, su representada solicitó al recurrente presentar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, en atención a que la constancia electrónica de cotizaciones y declaraciones juradas de particulares no constituyen documentos idóneos para acreditar afiliación a sistemas de seguridad social internacional.

Al no acompañarse el certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera solicitado, la institución previsional no ingresó la solicitud de devolución de fondos.

Posteriormente, mediante consulta formulada ante la Superintendencia de Pensiones el 17 de septiembre de 2025, se comunicó que tanto la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como la declaración jurada no satisfacen los requisitos normativos vigentes.

Asimismo, adiciona que el recurrente tampoco dio cumplimiento a la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, pues la cláusula previsional de su contrato de trabajo es poco clara y contiene manifestaciones de voluntad contradictorias, al señalar que mantendrá su afiliación en el extranjero pero también que tiene derecho a retirar los fondos de su AFP, lo que ha sido interpretado por la Superintendencia de Pensiones como un incumplimiento del requisito de manifestar de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener su afiliación previsional fuera de Chile.

Precisa que la fuerza mayor o caso fortuito invocados no es aplicable para eludir los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional.

Finalmente alega que esta no es la vía idónea para resolver una controversia sobre la aplicación o interpretación de normativa previsional, la cual debe ser conocida y resuelta por la Superintendencia de Pensiones, siendo una materia de lato conocimiento que excede el marco cautelar de la acción de protección. Niega de esta manera que su actuación fuera arbitraria o ilegal, sino que se enmarcó en el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, citando para ello diversa jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema que ha respaldado su actuar en casos similares.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1° letra a), exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El artículo 7° de la misma ley permite la devolución de fondos para aquellos trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP chilena, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°. La Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales (Art. 94 D.L. 3.500, Art. 46 y 47 Ley N° 19.882), ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, indica que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, "debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

Asimismo, el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017, y el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, señalando explícitamente que "las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión".

En cuanto al requisito de la letra b) del artículo 1°, que exige que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener su afiliación referida, la Superintendencia de Pensiones ha interpretado (Oficios N° 26.288 de 15 de noviembre de 2017 y N° 12088 de 03 de julio de 2024) que no procede la devolución de fondos cuando los contratos o anexos contengan manifestaciones de voluntad contradictorias. Estas exigencias formales se encuentran en consonancia con lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que regulan la validez de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, se ha señalado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no se encuentra debidamente legalizada o apostillada en los términos que la normativa establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios de la Superintendencia de Pensiones citados. Si bien la Constancia Electrónica menciona diversas contingencias, la misma Superintendencia ha aclarado que estas certificaciones electrónicas no son idóneas si no están debidamente legalizadas o apostilladas.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular o apostilla de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección, esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como la Superintendencia de Pensiones, facultado expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980. La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador, y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio. Las citas jurisprudenciales aportadas por el recurrente, si bien versan sobre la Ley N° 18.156, no logran desvirtuar el apego de la recurrida a la normativa específica y la interpretación obligatoria de la Superintendencia de Pensiones, especialmente en lo relativo a la legalización y apostillado de los documentos de respaldo.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud del recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°21.885-2025.