Protección contra Administradora de Crédito y Cobranza Gesticom S

Santiago, dieciséis de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que en estos autos Rol N° 21.883 – 2017 mediante presentación de fecha 31 de marzo de 2017 recurre de protección doña Jocelyn Tamara Labra Barrales, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en contra de Administradora de Crédito y Cobranza Gesticom S.A., persona jurídica del giro cobranza de terceros, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, requiriendo este amparo de garantías constitucionales en favor de don nombre reservado, chileno, empleado, domiciliado en domicilio reservado, y solicitando de ésta Corte que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas efectuadas por sus empleados a su cliente y familia, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la deuda, que el señor nombre reservado tiene para con Promotora CMR Falabella, situación que data del mes de marzo del 2015 hasta la fecha. Requiere que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada, concretamente, disponiendo que la recurrida se abstenga de efectuar llamadas telefónicas al afectado y a su grupo familiar, tanto al hogar que comparten, a sus teléfonos personales o a su lugar trabajo, por cuanto el pago de la deuda que se intenta cobrar extrajudicialmente está siendo tramitado ante un tribunal de justicia; en subsidio, solicita se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar llamadas telefónicas al lugar de trabajo del afectado y de sus hijos, con objeto de cobrar esta deuda, todo ello con costas.

Funda su recurso de protección, señalando que nombre reservado, es deudor de Promotora CMR Falabella, conforme con un crédito ascendente a la suma de $1.614.526.- (un millón seiscientos catorce mil quinientos veintiséis pesos) y que consta de pagaré a la orden del acreedor N° 1314239. Agrega que, en la actualidad el acreedor intenta el pago compulsivo de dicha suma, más intereses y costas, según consta de los autos ejecutivos Rol N° 3490 – 2015 del Primer Juzgado de Puente Alto, pleito que se encuentra aún en tramitación.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, sostiene que, Gesticom S.A. se encarga del cobro de créditos a terceros deudores de Promotora CMR Falabella, extrajudicialmente. Así, desde marzo del año 2015 hasta la actualidad empleados de la recurrida, que se identifican señalando que actúan por Gesticom S.A., llaman al afectado a su teléfono personal, a su domicilio particular, a su domicilio laboral y a familiares – ajenos al crédito – que lo liga para con Promotora CMR Falabella, muchas veces en términos reclamantes y ofensivos, con el objeto de obtener el pago extrajudicial de la deuda. Dado lo expuesto, todo su grupo familiar y entorno laboral, están al tanto de la deuda, siendo que por mandato legal de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial las actuaciones deben proteger los datos de carácter personal, estándole vedado a las empresas correspondientes entregar datos y/o información referente a los créditos a terceros.

Afirma que, la empresa recurrida se ha valido de diversas técnicas ilegales con el fin antes mencionado, llamando a la familia directa del recurrente. Las llamadas, por regla general, se efectúan 6 o 7 veces al día, con intervalos de inactividad de uno o dos días, en que el afectado dice no ser contactado por la aludida firma.

Continúa, indicando que las llamadas antes indicadas se mantienen constantes durante el tiempo a partir de marzo de 2015 y hasta la fecha de interposición del recurso, vulnerando lo dispuesto en el artículo 37 incisos tercero y quinto de la Ley N° 19.496 sobre Protección de Derechos de los Consumidores; por otra parte, también importa una arbitrariedad en la medida que con actitudes ofensivas imputables a la recurrida se magulla la sana convivencia familiar del deudor, las llamadas en determinadas ocasiones amenazan con trabas de embargo a bienes de propiedad del deudor y comentarios ofensivos sobre su supuesta intención de no pagar la deuda.

Respecto a las garantías constitucionales vulneradas, cita al efecto aquella contenida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, puesto que, repercute en la salud psíquica del afectado por las continuas e insistentes llamadas telefónicas que Gesticom S.A. efectúa con la intención de cobrar extrajudicialmente el crédito que lo liga para con Promotora CMR Falabella, lo que lo ha sumido en un estado de angustia y desasosiego permanente, sin que pueda encontrarse tranquilo ni en su hogar ni en su lugar de trabajo, sintiéndose culpable de esta situación que debiera relacionar exclusivamente a su persona y a la empresa de cobranza, siendo demás, objeto de comentarios burlescos en su lugar de trabajo por parte de sus compañeros de funciones, sin existir razón para que éstos conocieran de la existencia del crédito y del que tuvieron noticias por la conducta que se atribuye a la recurrida.

Asimismo, considera que ha sido infringido el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, referente al respecto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, dado que, se impide al recurrente y su grupo familiar desarrollar adecuadamente sus actividades personales y familiares tanto en el hogar común como en su lugar de trabajo; no teniendo la recurrida facultad alguna ni derecho, para proferir comentarios injuriosos respecto del deudor o referirse a él en términos ofensivos, lo que es aún más lesivo al tener los familiares y compañeros de trabajo conocimiento del crédito y tener que soportar los comentarios deshonrosos y actitudes hostiles, ya expuestas.

Concluye solicitando se acoja este recurso de protección, en los términos reseñados precedentemente, con costas.

Que el recurrido, por presentación de fecha 17 de abril de 2017, evacuó el informe de rigor a través de su representante don nombre reservado, sosteniendo que el señor nombre reservado fue incluido en la nómina de deudores entregada a su representada por la sociedad Promotora CMR Falabella, para ser contactado mediante llamados telefónicos con el objetivo de verificar si el señor nombre reservado cancelaría la deuda vigente que mantiene con la aludida empresa de retail.

Agrega que, con fecha 23 de marzo a las 11 horas con 43 minutos y con fecha 30 de marzo a las 12 horas con 11 minutos, ambas fechas del presente año, dependientes de su representada se comunicaron con el señor nombre reservado al teléfono que indica y que es el único número telefónico entregado por el señor nombre reservado a la sociedad Promotora CMR Falabella, mediante las cuales se le informó de la deuda vigente que mantenía con dicha firma, todo en un tono cordial y formal. El registro de las llamadas emitido por GTD Manquehue S.A. es acompañado con el informe de autos.

Concluye, solicitando tener por evacuado el informe.

Por resolución de fecha 18 de abril de 2017 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señala en la expositiva ha deducido recurso de protección doña Jocelyn Tamara Labra Barrales a favor de don nombre reservado, a propósito de las llamadas que la recurrida en forma constante y permanente ha efectuado respecto del señor nombre reservado, con la finalidad de cobrar extrajudicialmente una deuda que éste último mantiene con la firma comercial Promotora CMR Falabella y que actualmente se encuentra en cobranza judicial ante el Primer Juzgado de Puente Alto bajo el Rol N° 3409-2015.

Solicita de ésta Corte, se declare ilegal y arbitrario este acto y se ordene a la recurrida Gesticom S.A. abstenerse de realizar estas llamadas telefónicas al afectado y su grupo familiar, tanto en el hogar común, a sus teléfonos personales o a sus lugares de trabajo; en subsidio, requiere que se ordene a la recurrida que se abstenga de efectuar llamadas telefónicas al hogar y al trabajo del afectado y sus hijos.

SEGUNDO: Que informando Gesticom S.A., reconoce haber efectuado dos llamados telefónicos al único número que el recurrente informó a Promotora CMR Falabella, empresa que entregó a la recurrida una nómina de deudores entre los que se encuentra el señor nombre reservado, a fin que lo contactara para verificar si pagaría la deuda. Los llamados se produjeron, a través de la compañía telefónica GTD Manquehue S.A., los días 23 de marzo de 2017 a las 11:43 horas y el 30 de marzo de 2017 a las 12:11, todo en un tono formal y cordial.

TERCERO: Que fue allegado a estos autos únicamente por la recurrida, la documentación consistente en listado de llamados telefónicos desde un mismo número de origen y a un mismo número de destino, el primero con fecha 23 de marzo de 2017 con hora de inicio a las 11:41:00 y hora de término a las 11:43:15, con una duración de 0:02:15 y, un segundo llamado, con fecha 31 de marzo de 2017 con hora de inicio a las 15:36:07 y hora de término a las 15:36:30 con una duración de 0:00:23.

CUARTO: Que, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, de lo transcrito, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Recién en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de su redacción, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar afectadas o amagadas.

SEXTO: Que de lo expuesto por la parte recurrente en su libelo, no es posible apreciar a juicio de ésta Corte que, el hecho descrito – dos llamados telefónicos en fechas próximas realizando una cobranza por un crédito impago – tengan la entidad suficiente, para impetrar acudir a esta sede y requerir este amparo de garantías constitucionales, máxime cuando no consta de antecedente alguno allegado al recurso que los llamados telefónicos en cuestión se hayan realizado por la recurrida de manera sostenida, permanente en el tiempo y en forma deshonrosa y hostil, como alega la recurrente.

En este sentido, resulta esclarecedor acudir a la norma contenida en el artículo 37 inciso 6° de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial, cuyo texto establece lo siguiente: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.” Ninguna de las circunstancias fácticas descritas en la aludida disposición legal y que permitirían dar crédito a lo manifestado en el recurso de protección, han sido ni siquiera someramente justificadas mediante algún medio que permitiera a ésta Corte entrar a determinar la concurrencia de una afectación de las garantías constitucionales invocadas como lesionadas por la propia recurrente.

SÉPTIMO: Que, por lo mismo, dado que el recurrente no ha podido justificar la existencia de un acto que pueda ser efectivamente calificado de ilegal o arbitrario proveniente de la empresa recurrida, el presente arbitrio constitucional debe ser rechazado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Jocelyn Tamara Labra Barrales a favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Crédito y Cobranza GESTICOM S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente.

Rol Nº 21.883-2017.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.