nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de AFP Capital S.A., fundado en que dicha entidad habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de retiro de fondos previsionales, vulnerando con ello diversas garantías constitucionales.

Señala que en el año 2018 efectuó un primer retiro de fondos previsionales ante AFP Provida, el cual fue aprobado sin reparos, habiendo acompañado en esa oportunidad la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano emitida por la Embajada de Venezuela en Chile antes de su cierre, lo que a su juicio acredita que los antecedentes presentados eran válidos y suficientes conforme a la normativa vigente.

Señala que, posteriormente, en mayo de 2025 presentó una nueva solicitud de retiro de fondos previsionales ante AFP Capital, acompañando diversa documentación: contrato de trabajo, anexo contractual relativo a su régimen previsional, certificado electrónico del IVSS que daría cuenta de 958 semanas cotizadas desde 1996, declaración jurada notarial manifestando su afiliación al sistema previsional venezolano, título profesional apostillado, solicitud de retiro y la constancia de afiliación emitida por la embajada en el año 2018, aun cuando reconoce que esta última se encontraría vencida.

Sin embargo, mediante carta de 29 de septiembre de 2025, AFP Capital rechazó su solicitud, exigiendo la presentación de una constancia de afiliación apostillada por la Embajada de Venezuela en Chile, requisito que afirma imposible de cumplir atendido el cierre de dicha representación diplomática en el país, estimando que dicha exigencia resulta desproporcionada, irrazonable y contraria a derecho, al impedirle acceder a sus fondos previsionales pese a haber acompañado toda la documentación disponible en su situación particular.

En cuanto al derecho, sostiene que la actuación de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N°2, 3 y 18 de la Constitución, al impedirle acceder a sus fondos previsionales; imponerle una exigencia imposible de cumplir que generaría un trato desigual respecto de otros afiliados; y verse privado de una tutela efectiva al no obtener una respuesta razonable a su solicitud.

Añade infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la necesidad de interpretar la normativa aplicable —en particular la Ley N°21.251— en favor del afiliado en situaciones en que el cumplimiento de exigencias formales resulta imposible por causas ajenas a su voluntad.

Por ello, solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida aceptar la documentación acompañada y proceder al retiro de sus fondos previsionales, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que comparece Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de AFP Capital S.A., en los autos Rol Protección N° 21.877-2025, caratulados “nombre reservado/AFP Capital S.A.”, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido por nombre reservado, con costas.

Funda su oposición en que la actuación impugnada no sería ilegal ni arbitraria, sino el resultado de aplicar estrictamente la Ley N°18.156 y las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que el recurrente presentó una primera solicitud de devolución de fondos previsionales el 2 de junio de 2025, la que fue rechazada el 6 de junio de 2025, entre otros motivos, por acompañar una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS sin apostillar y vencida; posteriormente, formuló una segunda solicitud el 21 de agosto de 2025, la que también fue rechazada, persistiendo el mismo defecto.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, toda vez que el recurso fue interpuesto el 6 de octubre de 2025, pese a que el recurrente habría tomado conocimiento cierto del motivo de rechazo desde junio de 2025, cuando se le comunicó el rechazo de su primera solicitud, superando el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección.

En cuanto al fondo, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para discutir si el recurrente cumple o no los requisitos de la Ley N°18.156, pues ello exigiría una declaración de derechos y no la tutela de un derecho preexistente e indubitado.

Luego, controvierte que exista ilegalidad o arbitrariedad, explicando que los documentos públicos otorgados en el extranjero deben cumplir las formalidades de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, legalización o apostilla, y que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS presentada por el recurrente carece de vigencia, firma, legalización y apostilla, por lo que no permitiría acreditar válidamente la afiliación previsional extranjera exigida por el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156.

Añade que Venezuela es Estado parte del Convenio de la Apostilla, por lo que el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile no impediría obtener la apostilla por la autoridad competente venezolana.

Finalmente, invoca el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, dirigido a todas las AFP, que instruyó que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, y que tampoco resultan idóneas las declaraciones juradas del propio afiliado.

En consecuencia, concluye que actuó conforme a la normativa legal, previsional y administrativa vigente, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, cabe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece que esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contado desde la ejecución del acto recurrido o desde que se haya tenido conocimiento cierto del mismo.

En la especie, del propio mérito de la carta de rechazo de 29 de septiembre de 2025, acompañada por el recurrente, consta que éste presentó una primera solicitud de devolución de fondos previsionales el 2 de junio de 2025, la que fue rechazada el 6 de junio del mismo año, entre otros motivos, por acompañar una constancia electrónica de cotizaciones sin apostillar y vencida, esto es, por el mismo fundamento que sustenta el rechazo posteriormente impugnado; de modo que, de su tenor aparece de modo meridianamente claro, que el actor tuvo conocimiento cierto del acto que estima ilegal y arbitrario, a lo menos, desde el 6 de junio de 2025.

En consecuencia, al haberse deducido el recurso el 6 de octubre de 2025, la acción fue interpuesta fuera del plazo de treinta días, sin que la presentación de una nueva solicitud y su posterior rechazo tengan la virtud de renovar o hacer revivir dicho término fatal, razón por la cual se acogerá la defensa de extemporaneidad y se rechazará el recurso.

QUINTO: Que, sin perjuicio que lo razonado precedentemente es suficiente para rechazar la acción de protección deducida, del mérito de los antecedentes y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por don nombre reservado fue rechazada por AFP Capital S.A. por no haber acompañado un certificado vigente de afiliación al régimen previsional extranjero con las formalidades de legalización o apostilla exigidas para que dicho antecedente tenga valor probatorio en Chile, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025.

SEXTO: Que, específicamente, la denominada Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el recurrente en su solicitud de 21 de agosto de 2025, carece de vigencia, de firma de quien la emite y no se encuentra legalizada ni apostillada, de modo que no satisface los requisitos de autenticidad y validez exigidos por la normativa nacional para acreditar el cumplimiento del presupuesto previsto en el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156. El hecho de tratarse de un documento electrónico, o de contener mecanismos de verificación en línea, no suple las formalidades que el ordenamiento chileno exige respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero.

SÉPTIMO: Que, en tales condiciones, no puede calificarse de ilegal ni arbitrario el actuar de AFP Capital S.A., desde que la administradora, al rechazar la solicitud del actor, se limitó a aplicar la regulación legal y administrativa vigente, sin exceder el ámbito de sus atribuciones ni incurrir en una diferenciación caprichosa o discriminatoria respecto de otros afiliados que se encuentren en igual situación.

OCTAVO: Que, si bien la Ley N°18.156 no contiene una referencia expresa a la exigencia de apostilla o legalización de los documentos emitidos en el extranjero, ello no importa prescindir de las normas generales que regulan la eficacia probatoria de tales instrumentos en Chile. Por el contrario, tratándose de antecedentes destinados a acreditar un requisito sustantivo para acceder a un beneficio previsional excepcional, resulta exigible que la afiliación al régimen previsional extranjero conste mediante documentación auténtica, vigente y revestida de las formalidades legalmente previstas.

NOVENO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada aparece fundada en la aplicación razonada de la normativa legal y administrativa que rige la materia, sin que se advierta en la recurrida un proceder contrario a derecho o desprovisto de fundamento racional, por lo que no se configura el acto ilegal o arbitrario que presupone la acción cautelar intentada, debiendo el recurso ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de AFP Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-21.877-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.