Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en representación de su hija nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, y de su representante legal don nombre reservado, de la Rectora del establecimiento, nombre reservado, de la Directora de Educación Básica, nombre reservado y de su encargada de admisiones, doña nombre reservado, por la cancelación de matrícula de la niña en el establecimiento educacional, pidiendo que se ordene la reincorporación al colegio recurrido.

Señala que sus dos hijas, nombre reservado, de 10 años, y nombre reservado, de 6 años, cursaban estudios en el colegio en el año 2024, iniciándose el proceso de renovación de matrículas para el año 2025 el 20 de agosto de 2024. Se envió en su momento, un documento electrónico en el cual se debía responder si es que se renovaría la matricula, a lo que se respondió afirmativamente. Ahora bien, respecto de nombre reservado, para iniciar el proceso de renovación se debía esperar el resultado de postulación a una beca, que cerró el 31 de octubre de 2024, y el resultado se dio a conocer el 6 de enero de 2025, mediante correo electrónico en que se informa que no fue beneficiada.

En el mismo correo se señalaba que el proceso para concretar las matrículas vencía el 10 de enero de 2025, cuestión que fue objeto de reclamo, ante lo cual se invitó a la recurrente a una reunión con la Rectora del colegio.

Luego, con fecha 21 de enero de 2025, se acercó a la oficina de la encargada de admisiones, quien la señala que no es posible la matrícula, porque la niña estaba bloqueada y en lista de espera, además de que no se abriría un nuevo curso en el nivel respectivo, lo que considera constituye una cancelación realizada fuera de la normativa, que impide efectuar dichas cancelaciones en un periodo del año escolar que haga imposible la matricula en otro establecimiento.

Pide acoger el recurso de protección, manteniendo la matrícula de su hija por este año 2025.

Segundo: Que don nombre reservado, representante legal de la recurrida Sociedad Educacional nombre reservado, evacúa informe del recurso.

Señala que efectivamente se inició un proceso de postulación para una beca para el año académico 2025 de la niña de autos, beca dirigida a alumnos de rendimiento y conducta aceptable, cuyos padres acrediten necesidades económicas transitorias, que pongan en riesgo la continuidad de estudios de sus hijos. Que con fecha 6 de enero de 2025, se informó que la niña no había sido beneficiada con la beca y que la renovación de la matrícula se debía hacer hasta el 10 de enero de 2025.

La recurrente, el 12 de enero de 2035, expirado el plazo para realizar el proceso de matrícula, pide cita para conversar sobre el mismo, siendo el procedimiento para estos fines, públicamente conocido dentro de la comunidad educacional, con plazos que son informados de manera general. Sostiene que la fecha se debe a que no se puede hacer una reserva de matrícula, obligación que no existe en la Ley General de Educación. Luego, la situación no es una decisión antojadiza ni una medida disciplinaria en contra de la alumna, sino que se debe exclusivamente al hecho de que el colegio no cuenta con vacantes disponibles para el nivel correspondiente, 5° Año Básico.

Argumenta que el actuar negligente de la recurrente, en cuanto a la realización de gestiones para la matrícula de la niña, no es endosable al colegio.

Tercero: Que, asimismo, se informó por parte de la Superintendencia de Educación. Señala que los colegios particulares pagados se encuentran facultados para reglamentar sus propios procedimientos de admisión, de manera autónoma, los que deben ser objetivos y transparentes, sin disposiciones que impliquen discriminación arbitraria, y deben asegurar el respecto de la dignidad de estudiantes y su familia. De igual modo, cada colegio define libremente lo que cobra por el proceso de admisión, matrícula, escolaridad y otros, debiendo los padres informarse acerca de los derechos y obligaciones que adquieren al matricular a sus hijos, lo que se debe establecer en el contrato de prestación de servicios, que además debe incluir claramente las fecha de pagos, el arancel anual, las cuotas en que se hace el pago y otros cobros que tengan lugar, y se debe expresar que durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matricula, ni suspender o expulsar a alumnos, por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.

Expresa que se ingresó a una denuncia de oficio, con el objeto de determinar si es que los hechos de autos se ajustan a la normativa, como por ejemplo el que se haya informado a los postulantes a becas la imposibilidad de participar del proceso de admisión general.

Cuarto: Que el Departamento Normativo de la Superintendencia de Educación, informa igualmente, exponiendo las bases jurídicas del sistema Educacional chileno, tanto en lo referido a las normas nacionales como internacionales, señalando que la libertad de enseñanza es un derecho instrumental, orientado a dar cauce al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. El vínculo entre estudiantes y entidades sostenedoras se manifiesta en el contrato de servicios educacionales, que es un contrato altamente dirigido, y profusamente regulado por normas de orden público.

El proceso de admisión se debe regular de forma objetiva y transparente, mientras que la duración del servicio entregado, así como la forma de poner término al contrato, deben ser coherentes con los principios y normas del sistema, en cuanto a la prohibición de discriminación arbitraria, educación permanente y el resguardo de la trayectoria educativa.

Sin embargo, la permanencia del estudiante en el establecimiento educacional no es absoluta. Sin perjuicio de aquello, existen normas sobre la forma en como ha de ponerse término, prohibiéndose la afectación de la continuidad en el año escolar por incumplimiento de obligaciones de los padres.

En el caso, el año escolar terminó el 31 de diciembre de 2024, por lo que cualquier facultad de interrupción fundada en el incumplimiento de compromisos y obligaciones contraídas con la entidad sostenedora, debía ser ejercida con posterioridad a dicha fecha.

Señala que no hay antecedentes de denuncias ingresadas en contra del establecimiento recurrido.

Quinto: Esta Corte estimó conveniente, como medida para mejor resolver, indagar si la alumna seguía asistiendo a clases, respondiendo el establecimiento educacional recurrido que efectivamente así era.

Sexto: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Séptimo: El acto que se estima atentatorio contra los derechos de la hija de la recurrente es no haber dado la posibilidad de matricularla en el establecimiento educacional recurrido, lo que le fue comunicado el día 12 de enero del año en curso.

Octavo: No estando en discusión que la actora había iniciado los trámites pertinentes para acogerse a una beca, no iniciando en el intertanto el proceso de matrícula, lo que no fue logrado, la decisión de no matricular a su hija en ese establecimiento deviene en arbitrario, pues a la fecha en que fue a plantear esa alternativa ya había expirado el plazo para inscribirla en ese Colegio, sin que la educanda pudiera seguir cursando sus estudios.

Si bien la legislación educacional contempla plazos fatales para efectuar las matrículas de las alumnas de un establecimiento educacional para el año siguiente, la razón que tuvo la madre de la alumna para postergar por un tiempo esa diligencia se estima razonable, sobre todo si pretendía obtener un beneficio económico para su hija, por lo que la respuesta de la dirección del colegio merece calificarse como desproporcionada, ya que el rigor de la medida adoptada impide a la adolescente continuar sus estudios por este año lectivo.

Noveno: En tales circunstancias, constatada la existencia de un acto arbitrario, el recurso debe ser acogido, en la forma que se indicará en lo resolutivo, al haberse infringido -respecto de la menor antes individualizada- el derecho a la igualdad ante la ley, en la vertiente de haber sido discriminada arbitrariamente, garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Constitucional.

Por las consideraciones precedentes, más lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, contra el Colegio nombre reservado y demás recurridos, referidos al inicio de esta sentencia, debiendo el mentado establecimiento educacional mantener matriculada como alumna regular a la adolescente antes individualizada, por todo el año 2025.

Ejecutoriada la presente sentencia, déjese sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-2187-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Renée Rivero Hurtado. No firma la abogada integrante señora Rivero por encontrarse ausente.