Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece mediante formulario doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber confirmado el rechazo de la licencia médica N°NUM000, mediante resolución exenta de 30 de septiembre de 2025, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto carecería de justificación suficiente y desconocería su estado de salud, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1 y 9 de la Constitución Política de la República, relativas al derecho a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, solicitando se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que la licencia médica individualizada fue rechazada por la autoridad administrativa, decisión que, a su juicio, no se ajusta a derecho ni a la realidad de su condición médica, toda vez que el reposo prescrito se encontraría debidamente indicado.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo de la licencia médica, disponiendo su autorización y pago.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI DE SALUD R.M.), solicita el rechazo del recurso de protección. Indicando, en primer término, que el rechazo de la licencia médica N° NUM000 se fundó en la carencia de antecedentes clínicos idóneos que permitieran justificar el reposo prescrito, toda vez que el informe acompañado por la recurrente resultó insuficiente al no describir la evaluación efectuada, carecer de exploración física detallada y omitir las limitaciones funcionales derivadas de la patología invocada.

Asimismo, señala que no se acreditó fecha probable de alta, grado de recuperabilidad, respaldo de tratamiento kinésico ni exámenes complementarios, circunstancias que impidieron a la contraloría médica determinar el rol terapéutico del reposo indicado, razón por la cual se resolvió su rechazo conforme a criterios técnicos objetivos.

Seguidamente, expone que dicha decisión fue revisada por la Superintendencia de Seguridad Social, la cual, mediante Resolución Exenta de 30 de septiembre de 2025, confirmó lo resuelto por la COMPIN, reiterando que el reposo no se encontraba justificado en ausencia de un informe amplio y fundado de especialista traumatólogo que diera cuenta del tratamiento prescrito, evolución clínica, compromiso funcional, plan terapéutico y necesidad de kinesioterapia, así como de exámenes que respaldaran el diagnóstico. Añade que tales omisiones no permitieron formarse convicción acerca de la procedencia de extender el reposo por sobre el período previamente autorizado, reforzando así la razonabilidad y fundamentación de la actuación administrativa.

Sostiene que la COMPIN es un órgano eminentemente técnico, sujeto al marco normativo aplicable, en particular al decreto que aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas, el cual establece parámetros objetivos para evaluar la procedencia del reposo laboral.

De igual modo, invoca el reglamento de autorización de licencias médicas, que confiere competencia privativa a la unidad respectiva para aprobar o rechazar licencias, reducir o ampliar su duración o modificar su modalidad, debiendo dejar constancia fundada de las resoluciones adoptadas.

Sobre esta base, concluye que el actuar impugnado se enmarcó estrictamente en las atribuciones legales y reglamentarias vigentes, persiguiendo asegurar que el uso de licencias médicas cumpla su finalidad terapéutica y transitoria, sin que se advierta vulneración de garantías constitucionales, ni desviación de poder que habilite la procedencia del recurso de protección. Finalmente, solicita se rechace el recurso, en todas sus partes.

TERCERO: Que, al evacuar informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo de la presente acción constitucional. En primer término, alega la excepción de extemporaneidad del recurso de protección, fundada en haber sido deducido fuera del plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección; y, en subsidio de lo anterior, opone diversas defensas de fondo, consistentes en la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, la ausencia de derechos constitucionales conculcados, la improcedencia de la acción de protección respecto de materias propias de la seguridad social y la inexistencia de un derecho adquirido al subsidio por incapacidad laboral.

En cuanto a la extemporaneidad alegada, expone que la recurrente tuvo conocimiento cierto del acto que estima lesivo, a más tardar, el día 14 de agosto de 2025, fecha en que interpuso reclamación administrativa ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra del rechazo de su licencia médica por parte de la COMPIN Región Metropolitana. Sin embargo, la acción de protección fue deducida recién el 8 de octubre de 2025, esto es, una vez vencido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contado desde dicho conocimiento efectivo, plazo que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y al numeral primero del Auto Acordado referido, es objetivo, improrrogable y no puede quedar entregado a la voluntad del recurrente ni ser renovado por la interposición de recursos administrativos sucesivos. En este sentido, sostiene que la acción de protección no constituye una vía subsidiaria ni alternativa de las reclamaciones administrativas, y que admitir lo contrario desnaturalizaría su carácter cautelar.

En subsidio, informa que su actuación se limitó a ejercer las facultades legales de fiscalización y resolución que le confieren los artículos 2, 3 y 27 de la Ley N°16.395, confirmando, mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 30 de septiembre de 2025, el rechazo de la licencia médica N°NUM000, por estimar, previo estudio técnico de los antecedentes médicos, que el reposo prescrito no se encontraba justificado. Al efecto, se indica que no se acompañaron informes médicos especializados suficientes, exámenes actualizados, antecedentes de tratamientos, ni elementos clínicos que permitieran acreditar un rol terapéutico del reposo más allá del ya autorizado, lo que motivó la confirmación del rechazo dispuesto por la COMPIN.

Asimismo, sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, por cuanto la decisión impugnada fue adoptada dentro del ámbito de las competencias legales de la Superintendencia, conforme a la normativa que regula el derecho a licencia médica, particularmente el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y el D.F.L. N°1 de 2005 del mismo Ministerio. Agrega que, al no haberse autorizado la licencia médica, no nació a la vida jurídica el subsidio por incapacidad laboral, de modo que la recurrente no es titular de un derecho preexistente, indubitado y actualmente exigible que pueda ser amparado por esta acción cautelar.

Finalmente, expresa que la materia controvertida incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía consagrada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, la cual no se encuentra comprendida dentro del catálogo de derechos protegidos por el recurso de protección del artículo 20 del mismo texto constitucional, razón adicional por la cual se solicita el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, en primer lugar, cabe desestimar la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, por cuanto el recurso el recurso se presentó con fecha 7 de octubre de 2025 en contra de la resolución exenta de 30 de septiembre de 2025, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM000, habiéndose deducido así dentro del plazo de treinta días que exige el Auto Acordado de la Excma. Corte que regula su tramitación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe precisar que si bien el organismo recurrido dispone de la facultad legal para resolver acerca de la autorización de una licencia médica, tal prerrogativa debe ejercerse de manera fundada, excluyendo toda arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma el rechazo de la licencia médica, si bien sostiene que el reposo ordenado carece de justificación médica, de los antecedentes allegados al expediente, consta que a la recurrente se le autorizaron licencias médicas previas y posteriores a licencia en cuestión en este recurso, por el mismo diagnóstico y emitidas por el mismo profesional, contexto en el que correspondía a la recurrida justificar por qué este caso particular el resultado debería ser diverso, a pesar de que se colige que se trata de la misma dolencia y su evolución.

OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, se observa que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.

NOVENO: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista y en franca contradicción con la autorización de licencia médicas anteriores y posteriores.

En estas circunstancias, el actuar de la recurrida infringe la igualdad ante la ley, por cuanto se le da a la recurrente un trato discriminatorio, carente de razón suficiente, el que además amenaza el derecho de propiedad de la actora, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por la licencia médica rechazada producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad impetrada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta de 30 de septiembre de 2025 que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM000 y, en su lugar, se ordena que la recurrida efectúe las gestiones administrativas necesarias para que se proceda al pago del subsidio de incapacidad laboral por el periodo que corresponde a dicha licencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 21867-2025 Protección Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.