nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que comparece nombre reservado ALLENDES, abogado, en representación de nombre reservado, independiente, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de “nombre reservado, ALFARO MADARIAGA ABOGADOS”, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la obtención de datos personales del recurrente sin su consentimiento.

Funda su recurso en que con fecha 26 de febrero de 2019, la empresa emitió una carta dirigida al domicilio particular de su parte, la que fue recepcionada con fecha 4 de marzo del 2019.

En la referida carta, se le comunica que en los tribunales civiles existe una demanda ejecutiva en su contra, cuyos datos se transcriben, se le advierte de la posibilidad de un retiro y remate de sus bienes y se le invita a participar de una orientación y evaluación inicial gratuita para tomar su defensa, recomendándole que se declare en quiebra.

Estima el recurrente que la información contenida en esa carta constituye información personal de su parte, alegando que jamás ha contactado a la entidad referida ni menos la ha autorizado para obtener información personal de ningún sistema de almacenamiento de datos, ni para usarla para fines comerciales o profesionales.

Por lo tanto, la emisión de la carta y las gestiones que su preparación conllevan, constituirían actos arbitrarios e ilegales de parte de la recurrida, ya que han vulnerado la privacidad de sus datos personales para obtener clientela para lucrar comercialmente.

Indica que la recurrida ejecutó un tratamiento de datos personales obtenidos de la página web del Poder Judicial (http://www.pjud.cl), anticipándose a la notificación legal de la demanda. Con ello, además se vulneraría la libertad de cada mandante de escoger libremente el profesional con quien tratar su asunto.

Agrega que el artículo 2, letra o) de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal define tratamiento de datos como: “cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma”.

Dicha norma también define los datos de carácter personal en el artículo 2 letra f) de la misma normativa, señalando que son “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, tales como el nombre completo, el domicilio, el RUT, entre otros.

Adiciona que de conformidad al artículo 4 de la Ley citada, existe un principio general relativo a que el tratamiento de datos personales “(…) solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.

De lo anterior concluye que los datos solo pueden ser utilizados para el propósito por el cual fueron recolectados o usados en una determinada plataforma, por lo que cualquier acto que pretenda desviar aquello, entraría en contravención con los diversos principios que busca proteger esta normativa especial.

Expone que antes de notificada una demanda, la información contenida sobre una causa en la página del poder judicial sólo cumple una función de almacenamiento y publicidad de la información para el demandante y luego de la notificación la cumplirá para el demandado, pero nunca tiene por objetivo, el estar disponible para que terceros la utilicen con fines ajenos al procedimiento, y con la idea de captar clientela, ni de difundir una determinada clase de asesoría o servicios.

Alega que este principio fue relevante a propósito de la discusión de la Ley N° 20.886, en lo relativo a la consagración del principio de publicidad de la tramitación electrónica de los actos judiciales en el artículo segundo de la misma.

Indica que bien el artículo 2 de la Ley N° 20.886, consagra el principio de publicidad de los actos de los tribunales, este artículo también establece limitaciones a la publicidad de actuaciones realizadas en el proceso ya que las demandas, serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas”. Por tanto, cualquier software o tratamiento manual que consista en la obtención de datos personales obtenidos de la página web del Poder Judicial, de forma masiva, contraviene lo establecido en la Ley 20.886 y por lo tanto, se trata de un acto ilegal para los efectos del presente recurso de protección.

A su juicio, la conducta de la entidad recurrida es arbitraria, por cuanto puede afectar negativamente las finalidades del procedimiento, en la medida que el acceso anticipado de los antecedentes de una demanda ejecutiva, puede traer aparejado el riesgo de ocultamiento de bienes, en fraude o perjuicio de los acreedores demandantes.

Se invocan como garantías conculcadas las siguientes:

1. La integridad psíquica previsto en el numeral 1° del artículo 19 de la constitución política de la república., toda vez que la carta contiene expresiones que causan temor y angustia para cualquier persona normal en una situación similar, al indicar con letras destacadas la posibilidad de retiro y remate de bienes y señalar la naturaleza ejecutiva del procedimiento.

2. La privacidad o intimidad y a la honra previsto en el numeral 4° del artículo 19 de la constitución política de la república. Toda vez que su parte no ha consentido en que la información de carácter personal sea manipulada.

3. Derecho de propiedad: se ha provocado la conculcación de esta garantía por cuanto los mismos derechos constitucionales por los cuales se solicita protección pertenecen a su parte representado en calidad de recurrente al tratarse de cosas incorporales de aquellas expresamente contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Solicita se acoja el presente recurso y en consecuencia se ordene eliminar de sus bases de datos o cualquier otra clase de archivo en su poder, la información personal del recurrente, a contar de la fecha en que se les notifique de la sentencia, se prohíba incurrir nuevamente en la conducta recurrida, con costas.

SEGUNDO: Que en su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso.

En primer término indica la recurrida que es efectivo que su parte envió una carta invitando al recurrente a agendar una hora para recibir una orientación gratuita. Esta carta se envió en base a la información entregada por la página web del Poder Judicial, donde la recurrente figura con una demanda de Banco de Chile en su contra.

El contenido de la misma da a conocer la posibilidad de adherirse a los procedimientos comprendidos en la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación, más conocida como Ley de Quiebras.

Niega haber infringido las normas legales y constitucionales invocadas de contrario, toda vez que el artículo 9 del código Orgánico de Tribunales señala que los actos de los tribunales de justicia son públicos, consagrando así una de las bases fundamentales de la Administración de Justicia.

Además, la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, resguarda la privacidad de datos sensibles relativos a la vida privada de las persona. En este sentido, el artículo 2° Letra G, señala que son “Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.” No siendo tales, los contenidos en la carta enviada a la recurrente.

-Más aún la misma Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, en su artículo 1°, inciso segundo, dispone que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.”

Adiciona que el artículo 4°, inciso 4°, indica que “No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios”.

En base a los antecedentes aportados, concluye que los datos referidos en este proceso son de carácter público, de libre acceso y que no requieren de una autorización para ser tratados, por lo que no se configuran las supuestas acciones arbitrarias e ilegales planteadas por la recurrente.

Agrega que la Ley N°19.628, en su artículo 12° establece el derecho del titular del dato para solicitar su cancelación, rectificación o eliminación directamente con el responsable del banco de datos, derecho que no se ha ejercido.

Niega vulneración de garantías fundamentales. En particular, se explaya respecto dela integridad psíquica, indicando que no es intención de su parte causar temor o angustia, ya que lo que se plantea en la carta es algo cierto, pues se sigue un juicio ejecutivo en contra del recurrente. En éste, el ejecutante pretende el cumplimiento de una obligación de dar, lo que se obtiene, entre otras cosas, mediante el retiro y posterior remate de los bienes. No se debería considerar el envío de una carta donde se ofrecen servicios jurídicos como una privación, perturbación o amenaza al derecho a la integridad psíquica, más aún cuando la Constitución asegura a todas las personas, en su numeral 16, la Libertad de Trabajo y su protección como también el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, este consagrado en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario es la carta que le envió la recurrida por la cual luego de informarle sobre la existencia de una demanda en su contra le ofrece sus servicios de asistencia jurídica.

SEXTO: Que el envío de la misiva cuestionada, no puede considerarse ilegal ni arbitrario, pues la información que en ella se contiene fue obtenida de registros públicos como son los del Poder Judicial, que pone a disposición del público la información sobre los distintos procesos que se sustancian ante los tribunales de justicia. En efecto, y tal como se ha sostenido antes por esta Corte, por ejemplo en la causa Rol N° 15.237-2019 el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628, prescribe que “No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios”. Se trata, en la especie, de datos que están incluidos en una página web abierta al público, como la del poder judicial, y que no tiene reserva, como las de los juzgados de familia, de modo que no es efectivo que la recurrida haya realizado maniobras ilícitas tendientes a hacerse con datos del recurrente sino que le bastó revisar la mencionada página web, en donde consta que el recurrente señor nombre reservado fue demandado en causa rol C-7231-2019 del 13° Juzgado Civil de esta ciudad. Es cierto que los incisos segundo y tercero de la letra c) del artículo 2° de la ley 20.886 señalan, después de establecer como principio el de la publicidad de los actos de los tribunales, que “No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial, y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas”. “Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la Ley Nº 19.628”. Sin embargo, no hay constancia del “tratamiento masivo” a que alude la norma: sólo se verificó algo que consta para todo el público en general, la demanda que se dedujo en contra del señor nombre reservado, y se ofrecieron los servicios de la sociedad recurrida.

SEPTIMO. Que, en segundo término, no existe divulgación a terceros de los mencionados datos. En efecto, la recurrida, una empresa de asesoría jurídica, le ofreció sus servicios al propio señor nombre reservado, esto es, le dijo al recurrente que tenía una demanda dirigida en su contra y que le ofrecían sus servicios jurídicos, de modo que no existe una divulgación a terceros que haya podido afectar al señor nombre reservado.

OCTAVO: De esta forma al no existir actos arbitrarios o ilegales, no se analizarán las garantías que se denuncian vulneradas, por innecesario.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de nombre reservado, Abogados, sin costas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-21852-2019.