Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo Santiago Barceló Gómez, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por haber efectuado descuentos en su remuneración desde abril de 2023 hasta la actualidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizaron transcurridos más de tres años desde la mora y después de haberse declarado abandonado un procedimiento judicial ejecutivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene el cese de los descuentos y la devolución de los montos descontados.

Expone que el 31 de octubre de 2024 recibió vía correo electrónico la liquidación de su remuneración correspondiente a dicho mes, en la cual figuraba un descuento de $150.163 efectuado por la recurrida respecto de un pagaré que, por motivos de fuerza mayor, no pudo seguir pagando a partir de la cuota que vencía el 30 de septiembre de 2017, procediendo la Caja de Compensación a publicar la deuda en el boletín comercial.

Agrega que la recurrida, respecto al cobro de las cuotas pendientes, haciendo uso de la cláusula de aceleración, lo demandó ejecutivamente en causa Rol C-22872-2018, caratulada "CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS HÉROES/nombre reservado", tramitada ante el 20° Juzgado Civil de Santiago. En dicho procedimiento, el recurrente opuso incidente de abandono del procedimiento, el cual fue acogido mediante sentencia interlocutoria de fecha 29 de junio de 2022.

Sostiene que los descuentos efectuados en su liquidación de sueldo desde abril de 2023 hasta octubre de 2024 por la Caja de Compensación, después de haber transcurrido más de tres años sin efectuar ningún tipo de gestión en orden a obtener los pagos, constituyen actos manifiestamente ilegales y arbitrarios.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, argumenta que respecto a los cobros que realizan las Cajas de Compensación por créditos sociales, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, no ampara los descuentos o retenciones efectuados habiendo transcurrido más de tres años desde la mora y cualquier gestión para obtener el pago de la obligación.

Además, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles 5127-2016, 6115-2018 y 6322-2018) y de la Corte de Apelaciones de Antofagasta (Rol 2452-2021), que establecen que la aplicación del artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833 por parte de las Cajas de Compensación es solo aplicable para deudas exigibles, y que dicha normativa en ningún caso transforma tales obligaciones en imprescriptibles. Agrega que, según los fallos citados, efectuar un cobro mediante una herramienta administrativa, habiendo transcurrido años desde que la persona deudora se constituyó en mora, resulta arbitrario y antojadizo.

Arguye que los descuentos mensuales ilegales y arbitrarios efectuados a su liquidación de sueldo vulneran su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que importan una privación del dominio sobre el dinero que debiera recibir mensualmente en su remuneración, además de constituir una amenaza actual al legítimo ejercicio de dicho derecho por cuanto es probable que los descuentos continúen en los meses sucesivos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida incurrió en actos ilegales y arbitrarios que han tenido como consecuencia una privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, ordenando a la Caja de Compensación cesar los descuentos en sus liquidaciones de sueldo, procediendo a la devolución de los montos descontados desde abril de 2023, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes solicita el rechazo del recurso de protección, fundando su petición en primer lugar, en la extemporaneidad del recurso, sostiene que fue interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección. Fundamenta esta alegación en que los descuentos por concepto del crédito social N°102958110 comenzaron a efectuarse en abril de 2023, más de un año antes de la presentación del recurso, que data del 7 de noviembre de 2024, por lo que habría transcurrido con creces el plazo legal para su interposición.

Respecto al fondo del asunto, expone que el 30 de marzo de 2016, el recurrente solicitó un crédito social que fue cursado por un monto bruto de $10.010.562, pagadero en 60 cuotas de $301.152 cada una. Posteriormente, tras caer en mora, se siguió contra el señor nombre reservado un juicio ejecutivo, causa rol C-22872-2018 ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, que terminó por sentencia que declaró abandonado el procedimiento con fecha 29 de junio de 2022, sin que en dicho juicio se declarara la prescripción ordinaria o cambiaria. Adicionalmente, indica que el 25 de enero de 2018 se suscribió un Convenio de Pago, firmado por el recurrente, mediante el cual se extendió el plazo del crédito a 84 cuotas, reduciendo el valor cuota a $150.163.

Argumenta que el abandono del procedimiento declarado en sede civil no impide perseguir el cumplimiento de la obligación, pues conforme al artículo 156 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, "subsistirán sin embargo con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos". Además, sostiene que siguen vigentes tanto la acción ordinaria derivada del mutuo como la acción cambiaria derivada del pagaré, respaldando esta afirmación con el Dictamen 144477-2022 de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma que las Cajas de Compensación disponen de estas dos acciones distintas e independientes para cobrar lo adeudado por un crédito social.

En cuanto a la legalidad de los descuentos, indica que está actuando dentro de los márgenes legales y conforme a lo dispuesto en la Ley 18.833 y el Código del Trabajo, citando el Dictamen 42792-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social que deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, sin requerir autorización del deudor. Refuerza este argumento citando los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 58 del Código del Trabajo.

Finalmente, alega cosa juzgada, señalando que el recurrente dedujo anteriormente otro recurso de protección por este mismo crédito, tramitado bajo el Rol 101584-2022, el cual fue rechazado por sentencia de 7 de marzo de 2023, confirmada por la Corte Suprema el 6 de abril de 2023. Argumenta que concurre la triple identidad: identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso por improcedente al haberse presentado fuera de plazo; y en subsidio, para el evento que no se acoja la extemporaneidad alegada, se rechace en todas sus partes con costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación Los Héroes el 30 de marzo de 2016, por más de diez millones de pesos, cuyo pago pactó en 60 cuotas, las que dejó de pagar y que fue objeto de reprogramación posterior el 25 de enero de 2018, incurriendo sucesivamente en nuevos incumplimientos. En ese contexto, se interpuso en su contra una demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, proceso en el que con fecha 29 de junio de 2022 se acogió el incidente de abandono del procedimiento. En este escenario, y pese a que don nombre reservado no desconoce el préstamo que le otorgó la aludida recurrida, esgrime al efecto, en sustento de su impugnación, el proceso judicial de cobro de pagaré antes aludido, circunstancia que, a su juicio, tornarían en ilegales y arbitrarios los descuentos que se le efectúan de su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por el actor, conforme a lo informado por la citada Caja de Compensación, lo cierto es que no desconociendo la interposición de la demanda ejecutiva de cobro de pagaré que dio origen a la causa seguida ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, en cualquier caso, la acción cambiaria derivada del pagaré y la acción que es propia del negocio causal que consiste en el préstamo otorgado al recurrente, son actualmente exigibles, siendo precisamente ellas las que justifican los descuentos mensuales que se efectúan a su remuneración, dado que la prescripción de las respectivas acciones para cobrar la deuda contraída por el recurrente con la recurrida no ha sido declarada judicialmente.

QUINTO: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SÉPTIMO: Que por su parte el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil señala: “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos”.

OCTAVO: Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones.

En consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, ya existió un pronunciamiento judicial, en los autos de protección N° 101.584-2022 de esta Corte, por lo que no configurándose el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación, la acción de protección será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21.846-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.