nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, lo que vulneraría las garantías consagradas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada, de nacionalidad venezolana y con residencia definitiva, ingresó solicitudes de retiro de fondos (N° 380 y 407), acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, entre ella su contrato de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado y certificado electrónico de cotizaciones emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Añade que, con fecha 25 de septiembre de 2025, la recurrida le comunicó el rechazo de la solicitud argumentando que la constancia del IVSS no acredita fehacientemente la cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile, ni especifica prestaciones médicas y pecuniarias, sumado a la falta de apostilla en dicho documento.

Alega que el rechazo constituye una exigencia arbitraria y de imposible cumplimiento, en tanto el sistema electrónico venezolano no contempla la apostilla para dicho instrumento y que, ante el cierre de la representación diplomática de Venezuela en Chile, existe un caso fortuito o fuerza mayor. Añade que el documento es verificable electrónicamente y que la negativa de la AFP efectúa una interpretación formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, vulnerando su derecho a la propiedad privada sobre los fondos, así como el principio de igualdad ante la ley.

Solicita, en definitiva, tener por interpuesto el recurso de protección, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. evacúa informando, solicitando el rechazo con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir materias de lato conocimiento que exigen un análisis contradictorio sobre el cumplimiento de normativas técnicas previsionales y la valoración de documentos emitidos en el extranjero.

En cuanto al fondo, expone que su representada actuó con estricto apego a la ley, rechazando la solicitud debido a que la documentación acompañada no cumple con las exigencias del artículo 1° de la Ley N°18.156 ni con las instrucciones vinculantes impartidas por la Superintendencia de Pensiones, específicamente el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025. Señala que el certificado electrónico del IVSS aportado por la recurrente no está debidamente legalizado ni apostillado, y que es insuficiente, pues solo alude de forma genérica a las contingencias legales, sin certificar de forma específica que la trabajadora contó con la debida protección, prestaciones médicas y pecuniarias, por todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Concluye que la Administradora carece de facultades para eximir a un afiliado de los requisitos legales y regulatorios expresos, por lo que su negativa no es caprichosa ni antijurídica, sino el cabal cumplimiento del ordenamiento previsional vigente, descartando con ello toda transgresión al derecho de propiedad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales amparadas.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 exige como requisito fundamental para la exención de cotizaciones –y, por remisión de su artículo 7°, para la devolución de estas– que el trabajador técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

A su turno, el marco regulatorio sectorial que rige a la recurrida, conformado por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dictado por la Superintendencia de Pensiones, exige que el cumplimiento de esta condición se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Quinto: Que de los antecedentes y documentos aportados a la causa se desprende que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por la recurrente carece de la formalidad de la apostilla o de la respectiva legalización exigida por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien la recurrente aduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a este mandato formal debido a la actual situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, calificándolo como un evento de fuerza mayor, esta Corte ha de asentar que la Ley N°18.156 consagra un régimen excepcionalísimo. Dicha excepcionalidad exige una interpretación estricta de sus requisitos copulativos. Por consiguiente, las circunstancias coyunturales y ajenas al ente regulador y a la Administradora recurrida no les otorgan facultades para dispensar exigencias legales, ni para flexibilizar las formalidades probatorias de instrumentos emitidos en el extranjero, cuyo mérito en Chile depende inexcusablemente de su legalización o apostilla.

A mayor abundamiento, el certificado electrónico aportado por la recurrente tampoco certifica de forma específica que la trabajadora contó con la debida protección, prestaciones médicas y pecuniarias, por todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Sexto: Que, en el contexto descrito, no es posible atribuir el carácter de ilegal o arbitrario al acto impugnado, toda vez que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. ciñó estrictamente su actuar al tenor de la Ley N°18.156, a las normas del Código de Procedimiento Civil relativas al valor de los instrumentos públicos extranjeros, y a las circulares y oficios de general y obligatorio cumplimiento emitidos por la Superintendencia de Pensiones.

Séptimo: Que, al no evidenciarse ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de la recurrida, no se ha configurado la hipótesis normativa del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por añadidura, malamente puede advertirse vulneración a la garantía de igualdad ante la ley o al derecho de propiedad contemplados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Carta Fundamental, desde que los fondos permanecen integrando la cuenta de capitalización individual de la actora bajo las reglas generales del sistema previsional que ampara su destinación al fin legalmente instituido, resultando forzoso, en tales condiciones, desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21836-2025.