nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana y en contra de AFP Provida S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, refiere que el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales, siendo informada a través del portal Web de la institución, con fecha 23 de septiembre de 2025, del rechazo de dicha petición, en atención a que: “No es posible verificar la apostilla proporcionada. Se solicita aportar una apostilla con formato electrónico el que pueda ser validado en las páginas oficiales”.

Sostiene que el extranjero cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, al estar afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Suma a lo anterior que la exigencia de una apostilla en formato electrónico que pueda ser validada en páginas oficiales, impuesta por la recurrida, constituye una interpretación extralegal, ya que la Ley N°18.156 no establece expresamente tal requisito, sino que solo exige que los documentos de afiliación a la seguridad social de su país de origen y el título profesional, si son extranjeros, estén debidamente apostillados.

Argumenta que adjuntó un certificado del sistema previsional colombiano con apostilla de carácter digital y un título profesional de la Universidad Santa María de Venezuela, cuya apostilla – de 14 de marzo de 2011- es de carácter física, pues en aquella época las apostillas se entregaban con timbre, siendo actualmente imposible obtener una apostilla en formato electrónico debido a la situación que afecta a su país de origen.

Sostiene que el rechazo de su solicitud, basándose en la formalidad de la apostilla, desatiende la finalidad del legislador de facilitar la disposición de los ahorros previsionales para técnicos extranjeros, quienes cumplen con la condición de cotizar en sus países de origen. Asimismo, señala que la Superintendencia de Pensiones ha instruido tener como válidos documentos como los presentados.

Pide, en definitiva, se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, dentro de un plazo razonable o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, y en general se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo, con costas.

Observa en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues mediante ella se pretende modificar los cuerpos normativos que rigen el sistema de pensiones y discutir la constitucionalidad del DL 3.500, objetivo que excede la finalidad del recurso de protección a lo que se suma el hecho de que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Expone sobre el particular que el día 16 de septiembre de 2025 esa institución previsional rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales que el recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, indicando lo siguiente: “Te comentamos que, el trámite está detenido por lo siguiente: No es posible verificar la apostilla proporcionada. Se solicita aportar una apostilla con formato electrónico el que pueda ser validado en las páginas oficiales”

Postula que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que el recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, que deben acreditarse mediante certificados emitidos por las instituciones competentes, debidamente legalizados o apostillados.

Asevera que a la luz de esa exigencia queda claro que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a comprobar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que la copia del título profesional del recurrente, otorgada por la Universidad Santa María de Venezuela, no cuenta con una apostilla verificable.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente -Ley N° 18.156, Art. 345 CPC- y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones -Art. 94 D.L. 3.500-. Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de don nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°21.833-2025.