nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal en que habría incurrido al haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero de conformidad con la Ley N° 18.156, ya que la habría exigido requisitos no contemplados expresamente en la normativa especial, específicamente la apostilla o legalización de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin verificar dicho documento por medios electrónicos disponibles, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica dicho cuerpo normativo. Consecuentemente, la recurrida informó al accionante que su trámite se encontraba detenido, razón por la cual el 17 de septiembre de 2025 se comunicó vía telefónica mediante el servicio de WhatsApp de atención al público de la AFP recurrida, siendo informado que la causa de la detención de su solicitud era la falta de apostilla o legalización de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Sostiene que la Administradora de Fondos de Pensiones desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que si bien admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen, rechaza la solicitud argumentando que el certificado no cuenta con su debida apostilla ante su país de origen o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones; sin embargo se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, permitir disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia.

Adicionalmente, hace presente que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el sitio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda empleando las palabras "validar IVSS" se arroja la página web indicada. Explica que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico que puede ser verificado en la web señalada, por consiguiente, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, toda vez que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, sin embargo, la misma emana de un organismo público y es verificable en la web oficial de esa institución.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. evacúa el informe y solicita el rechazo de la presente acción, con expresa condenación en costas, fundamentándose en dos líneas de defensa principales.

En primer término, argumenta la improcedencia formal del recurso de protección interpuesto en su contra. Sostiene que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, recordando que el recurso de protección fue ideado para situaciones urgentes que requieran inmediato amparo frente a menoscabos de derechos fundamentales por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias.

En subsidio, la Administradora alega que no ha asumido actitud alguna arbitraria o ilegal respecto de las garantías contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino que, por el contrario, ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a los hechos, reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos de don nombre reservado, conforme a la Ley N° 18.156. Explica que dicha norma, de carácter excepcionalísimo, permite el retiro de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros que trabajen en Chile siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. Precisa que el rechazo, de 15 de septiembre de 2025, se debió a la falta de adjuntar el certificado de afiliación apostillado en el país extranjero que lo otorgó o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala que la constancia de cotización sin firma y la declaración jurada aportadas por el recurrente no pueden ser consideradas, conforme al Oficio N° 5376 de la Superintendencia de AFP, que exige que la autoridad previsional competente consigne de forma específica la cobertura por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, durante todo el tiempo de servicios en Chile. Asimismo, hace presente que las certificaciones electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no legalizadas o apostilladas, y que no señalan las coberturas, no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, lo que es acorde con la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y el Convenio de la Apostilla, aplicable desde el 30 de agosto de 2016.

Respecto a las declaraciones juradas, indica que la Superintendencia de Pensiones ha instruido que no son medios idóneos, incluso si están certificadas ante notario y apostilladas, ya que las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente del país de origen para dar fe sobre una materia de seguridad social. Finalmente, en este punto, señala que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos.

En segundo lugar, expuso lo relativo a la Ley N° 18.156 que norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros. Del análisis de la normativa concluye que su actuar no es ilegal ni arbitrario, ya que sólo observa el cumplimiento copulativo de los requisitos para la devolución de fondos, invocando abundante jurisprudencia de la Corte Suprema que respalda su actuar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de A.F.P. Provida de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión formulada por el recurrente.

Pues bien, según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156, “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa prescribe que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que en este escenario normativo es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa alguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente, el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente, esto es, que el sistema de pensiones al cual se encuentre adscrito la recurrente, tenga cobertura a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, información que no se encuentra contenida en el certificado que acompaña, el cual además no cumple con los elementos de solemnidad que exige la norma, no siendo posible corroborar su autenticidad.

SEXTO: Que, en las circunstancias descritas y por no haberse comprobado la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, supuesto básico para brindar la protección que se pretende en el recurso, corresponde que la acción sea declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de AFP PROVIDA.

Regístrese y archívese.

Protección N°21.832-2025.