nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 5 de octubre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en favor de doña nombre reservado, profesional de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado. Lo anterior, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, comunicado mediante correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2025. Según se expone, dicha actuación vulnera las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se proceda a la devolución de los fondos.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurrente expone que su representada solicitó en septiembre de 2025 ante la AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley Nº18.156, que establece una exención de cotizaciones para técnicos extranjeros que cumplan determinados requisitos. No obstante, la recurrida notificó el rechazo de dicha solicitud —ingresada con el folio Nº 545— bajo el genérico motivo de "Otro", sin proporcionar mayor fundamentación ni motivación fáctica o jurídica que sustentara la negativa. Refiere la parte recurrente que doña nombre reservado cumple íntegramente con las exigencias legales, toda vez que posee la calidad de profesional técnico, se encuentra afiliada a un régimen de seguridad social en su país de origen (Venezuela) que otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestó expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Respecto de los argumentos jurídicos, el recurso sostiene que la conducta de la AFP constituye una interpretación "excesivamente formalista" de la normativa vigente, al desatender la finalidad del legislador y exigir requisitos no contemplados expresamente en la ley. En particular, se castiga la omisión de la recurrida al no verificar la autenticidad de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual cuenta con un código de verificación alfanumérico plenamente validable a través de portales web oficiales. Asimismo, se argumenta la improcedencia de exigir que dichos documentos se encuentren apostillados o legalizados, atendida la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile y la grave crisis institucional de dicho país, situaciones que configuran un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita la obtención de tales formalidades adicionales.

A mayor abundamiento, la parte recurrente invoca diversos criterios jurisprudenciales de la Excma. Corte Suprema y de distintas Cortes de Apelaciones del país, los cuales han establecido que la Ley Nº 18.156 no debe constreñirse a interpretaciones literales que impidan el ejercicio de los derechos de los trabajadores extranjeros. Sostiene que el acto de la recurrida es caprichoso y carente de razonabilidad, pues ignora que la seguridad social de Venezuela cubre las contingencias exigidas por la ley chilena y que la autenticidad del documento puede ser corroborada por medios tecnológicos idóneos y de acceso público.

En relación con la vulneración de garantías, el recurso explica que el actuar de la AFP afecta la igualdad ante la ley al brindar un trato excluyente y discriminatorio a la recurrente en comparación con otros solicitantes en idéntica situación que han obtenido respuestas favorables. Del mismo modo, se afirma una afectación esencial al derecho de propiedad, por cuanto la negativa injustificada importa una retención arbitraria de ahorros previsionales que pertenecen exclusivamente al patrimonio de la trabajadora, privándole de las facultades esenciales del dominio sobre sus bienes incorporales sin que exista una ley que autorice tal limitación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión requeridos por el recurrente.

SEGUNDO: Que, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacúa el informe solicitado, instando por el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

En cuanto a los presupuestos fácticos que motivaron su decisión, la informante sostiene que el 9 de septiembre de 2025 la recurrente presentó, a través de su plataforma web, una solicitud de devolución de fondos previsionales basada en la Ley N°18.156, acompañando al efecto un título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una declaración jurada ante notario chileno y un contrato de trabajo con su respectivo anexo. Tras el análisis de dichos antecedentes, la Administradora otorgó a la interesada un plazo de 4 días hábiles para subsanar deficiencias, requiriéndole un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acreditara la fecha de afiliación y las coberturas exigidas por ley, requerimiento que no fue cumplido, imposibilitando así el ingreso a trámite de la solicitud.

En lo tocante a los fundamentos de derecho, la recurrida esgrime que su actuación se ajusta estrictamente al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano que ostenta la potestad obligatoria de fijar la interpretación de la legislación del sistema. Argumenta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" aportada por la recurrente resulta insuficiente, toda vez que no constituye un certificado de afiliación propiamente tal, no especifica las coberturas pecuniarias y médicas para el caso concreto —mencionándolas de forma genérica para el sistema venezolano—, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, cuestiona la validez del contrato de trabajo por no haberse podido validar la firma electrónica del empleador, y desestima el valor probatorio de la declaración jurada, señalando que la autoridad previsional extranjera es la única facultada para dar fe de tales circunstancias.

Refuerza su defensa citando diversos instructivos de la Superintendencia de Pensiones, tales como los Oficios Ordinarios N°3141, N°21.480 y N°12.954, los cuales ratifican que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla no son medios idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. En este mismo orden de ideas, la recurrida hace valer la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que han validado este criterio, sosteniendo que la Administradora, como sujeto privado encargado de una función pública, está compelida por el principio de legalidad a no admitir documentación extranjera que carezca de las solemnidades legales, bajo riesgo de incurrir en sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad fiscalizadora.

Por consiguiente, la informante afirma que no ha incurrido en acto u omisión ilegal ni arbitraria, puesto que se limitó a exigir el cumplimiento de los estándares normativos vigentes para el reconocimiento de instrumentos públicos otorgados en el exterior, sin que se advierta una vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o propiedad.

En virtud de lo expuesto, la parte recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, lo que se impugna a través de esta acción constitucional, es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo S.A., que rechazó la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no acompañar certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara la fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se RECHAZA la acción constitucional deducida en favor de Anabell nombre reservado, en contra de la A.F.P. MODELO S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-21831-2025.