nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana (actualmente nacionalizado chileno), empleado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. (AFP Habitat), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, comunicado mediante correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2025.

El recurrente expone que su representado cumple con los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 para eximirse de cotizar y retirar sus fondos, a saber: ser técnico o profesional, tener contrato de trabajo y estar afiliado a un régimen de seguridad social en el extranjero. Señala haber acompañado su título profesional, contrato de trabajo, anexo de contrato y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sostiene que la recurrida rechazó la solicitud exigiendo que dicha constancia se encuentre apostillada y cuestionando la falta de firma en el anexo de contrato, así como la imposibilidad de verificar el título profesional en línea.

Argumenta el actor que la exigencia de apostilla o legalización resulta de imposible cumplimiento debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que califica como un caso fortuito o fuerza mayor. Añade que la constancia electrónica posee un código de verificación QR validable en línea y que, subsidiariamente, acompañó una declaración jurada notarial para suplir la formalidad. Estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República), solicitando se ordene a la recurrida cursar la devolución de fondos.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, doña nombre reservado, en representación de AFP Habitat S.A., solicita el rechazo de la acción constitucional con costas.

Sostiene que la Administradora ha actuado en estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Explica que la solicitud fue rechazada fundadamente porque:

1) El afiliado presentó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS sin firma de autoridad responsable y sin apostillar. Señala que, conforme al ordenamiento jurídico chileno (artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y las instrucciones del ente regulador (Oficio N° 12.954 de julio de 2025), los documentos extranjeros deben estar legalizados o apostillados para tener validez en Chile, y que una impresión simple con código QR o una declaración jurada del propio interesado no satisfacen este requisito legal de orden público.

2) Respecto al anexo de contrato, en la oportunidad de la solicitud no constaba la firma del trabajador manifestando su voluntad, requisito esencial de la ley.

3) En cuanto al título profesional, si bien en su momento la página de verificación no estaba disponible, este punto podría ser subsanable, pero no así la falta de acreditación fehaciente de la cobertura previsional extranjera.

Concluye señalando que no existe acto arbitrario ni ilegal, pues la AFP no puede dispensar el cumplimiento de requisitos legales ni validar documentos que no cumplen con las formalidades exigidas por la ley y el regulador.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen. Es condición sine qua non para su procedencia que el derecho reclamado no sea discutido y que el acto impugnado carezca de fundamento legal o racional.

CUARTO: Que la controversia se centra en determinar si la negativa de AFP Habitat S.A. a devolver los fondos previsionales al recurrente constituye un acto ilegal o arbitrario, específicamente al exigir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado, desestimando la validez de una constancia electrónica simple y de una declaración jurada notarial, en el contexto de la situación diplomática actual entre Chile y Venezuela.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que exime a los técnicos extranjeros de la obligación de cotizar en Chile y permite la devolución de sus fondos, siempre que se cumplan copulativamente ciertos requisitos, entre ellos, acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados a la seguridad social (cuyo fin constitucional es la pensión), su interpretación debe ser restrictiva y el cumplimiento de sus requisitos, riguroso.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Haya sobre la Apostilla. Para que un instrumento público o privado emanado del extranjero tenga valor probatorio y produzca efectos en Chile, debe cumplir con las formalidades de legalización o apostilla.

En la especie, es un hecho no controvertido que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS presentada por el recurrente carece de apostilla o legalización consular. El actor pretende que la AFP, una entidad privada fiscalizada, valide un documento extranjero basándose únicamente en una verificación web o en una declaración jurada otorgada en Chile. Sin embargo, la legislación vigente no otorga a las Administradoras de Fondos de Pensiones la potestad para eximir a los afiliados de las formalidades legales de autenticación de documentos internacionales, ni para validar instrumentos que no se ajusten a los canales oficiales de legalización.

SÉPTIMO: Que el recurrente alega la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor derivado de la ruptura de relaciones diplomáticas, que impediría la legalización. No obstante, tal circunstancia fáctica, por lamentable que sea, no tiene la virtud jurídica de derogar las normas de orden público sobre validez de instrumentos extranjeros ni faculta a la recurrida para actuar al margen de las instrucciones de su ente fiscalizador.

Al respecto, la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 —acompañado al expediente—, ha instruido expresamente a las AFP que, aun en el contexto actual con Venezuela, la acreditación de la cobertura previsional debe efectuarse mediante documentos oficiales debidamente apostillados, señalando que las impresiones de constancias electrónicas simples no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito legal y que las declaraciones juradas de los interesados no suplen la certificación oficial.

En consecuencia, al rechazar la solicitud por falta de documento idóneo, la AFP Habitat S.A. no ha actuado por capricho (arbitrariedad) ni contra la ley (ilegalidad), sino en estricto acatamiento de la normativa vigente y las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente (artículo 94 D.L. 3.500).

OCTAVO: Que, respecto a la alegación de igualdad ante la ley por supuestos criterios distintos aplicados por otras AFP (como se menciona respecto a AFP Cuprum en el recurso), cabe señalar que la legalidad del acto administrativo o privado se juzga en relación con la norma jurídica y no por comparación con conductas de terceros que podrían, eventualmente, no ajustarse a la misma instrucción regulatoria. El hecho de que otra entidad haya podido acceder a una solicitud similar —cuyos antecedentes de detalle no constan fehacientemente en estos autos para un cotejo exacto— no genera un derecho adquirido para el recurrente de exigir que la recurrida incumpla la normativa que la rige.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, el recurrente pretendió subsanar la falta de certificación oficial mediante una declaración jurada ante notario en Chile. Este Tribunal comparte el criterio de que una declaración unilateral del propio interesado (o "self-serving affidavit") carece de mérito probatorio suficiente para acreditar una situación jurídica de derecho público extranjero, como es la afiliación y cobertura vigente de un sistema de seguridad social estatal. Aceptar tal medio de prueba desnaturalizaría la exigencia de certeza jurídica que requiere el sistema de pensiones para autorizar el retiro excepcional de fondos.

DÉCIMO: Que, por lo razonado, no existiendo un derecho indubitado del recurrente a retirar los fondos sin cumplir las formalidades legales de acreditación documental, y no habiéndose configurado ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida —quien se limitó a aplicar la ley y la normativa sectorial vigente—, la presente acción constitucional no puede prosperar. Esto, sin perjuicio del derecho del actor de volver a presentar su solicitud ante la entidad administrativa una vez que logre obtener la documentación con las formalidades que el ordenamiento jurídico chileno exige, o de reclamar ante la justicia ordinaria si estima que existe un conflicto contractual o de interpretación legal de fondo que excede el marco de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. No se condena en costas al recurrente por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-21828-2025.