nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales, notificado mediante correo electrónico de fecha 17 de septiembre de 2025, lo que, a su juicio, vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos. 2, 24 y 26 del artículo 19.

Señala que con fecha 15 de septiembre de 2025 la recurrente presentó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. una solicitud formal de retiro de fondos, de acuerdo con la Ley N°18.156, acompañando, entre otros documentos, contrato de trabajo, anexo contractual, título profesional debidamente apostillado, certificado de no nacionalizado, Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de fechas 1 de septiembre y 2 de octubre de 2025, y una Declaración Jurada suscrita ante Notario Público chileno con fecha 12 de septiembre de 2025, la cual fue apostillada el 15 de septiembre del mismo año.

Añade que la AFP recurrida comunicó el rechazo de su solicitud, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no cumplía con los requisitos de la normativa vigente, ya que no era un certificado de afiliación, no señalaba las prestaciones en detalle y mencionaba de forma genérica las coberturas, indicándose, además, que la Declaración Jurada notarial no era un documento válido para el trámite.

Alega que dicho fundamento constituye una interpretación supralegal y formalista de la Ley N°18.156, desatendiendo la finalidad del legislador. Sostiene que la Constancia Electrónica del IVSS es verificable en línea y no requiere legalización ni apostilla, y que la declaración jurada notarial apostillada debería tener el mismo valor probatorio. Refiere la imposibilidad material y jurídica de obtener legalizaciones consulares de documentos venezolanos debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configuraría un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Agrega que otra administradora de fondos de pensiones, AFP Cuprum, ha aprobado solicitudes idénticas bajo iguales condiciones documentales, lo que evidenciaría un trato desigual y discriminatorio entre afiliados, infringiendo el principio de igualdad ante la ley, y que el rechazo de la recurrida implica una privación injustificada del derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

SEGUNDO: Que informó la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando que la acción sea rechazada en todas sus partes, con costas.

En primer término, alega que el actuar de su representada ha sido estrictamente conforme a derecho y a la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en arbitrariedad ni ilegalidad alguna. Expone que la solicitud de la recurrente fue rechazada porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada, no cumple con las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, al no ser un certificado de afiliación, no mencionar las coberturas específicas del afiliado y no encontrarse debidamente legalizada o apostillada. Respecto a la Declaración Jurada ante notario, reitera que no es un medio idóneo al no emanar de la autoridad previsional competente.

Indica que la administradora está legalmente obligada a verificar rigurosamente cada requisito formal y material antes de aprobar la devolución de fondos previsionales, debiendo ajustar su actuación a las directrices regulatorias. Acompaña al efecto, y cita, los Oficios Ordinarios N°3141, de fecha 20 de febrero de 2024, N°21.480 de 26 de septiembre de 2017 y N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitidos por la Superintendencia de Pensiones, los cuales instruyen sobre la necesidad de certificación específica, legalizada o apostillada, y la de descartar la validez de certificaciones electrónicas no firmadas/legalizadas/apostilladas y declaraciones juradas de los propios afiliados.

Afirma que la recurrente no acreditó válidamente la afiliación extranjera conforme al estándar exigido, que demanda legalización o apostilla de origen, y que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que exige el cumplimiento copulativo de sus requisitos. Finalmente, invoca el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de documentos públicos otorgados en el extranjero, citando jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que ha rechazado recursos de protección en casos análogos por falta de cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla. Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir cuestiones técnicas sobre la aplicación de la normativa previsional.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a), exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley establece que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales si dan cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Luego, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, N°2, letra b), dispone que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y que en caso contrario la Administradora no podrá dar curso a la solicitud.

Asimismo, mediante los Oficios Ordinarios N°3141, de 20 de febrero de 2024, N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, y específicamente el Oficio N°12954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia ha instruido que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento, ni se encuentren apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. Dicho Oficio también aclara que las declaraciones juradas certificadas ante notario público chileno y apostilladas, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, ya que las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente, única facultada para dar fe sobre la materia.

Finalmente, es importante tener en consideración que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil establecen las exigencias de legalización o apostilla para que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile surtan plenos efectos en el territorio nacional.

QUINTO: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por la recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. En efecto, consta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra firmada ni debidamente legalizada o apostillada en los términos que la normativa establece de conformidad con lo exigido por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N°21.480, N°3141 y N°12954 de la Superintendencia de Pensiones.

A continuación, respecto a la Declaración Jurada notarial y apostillada, esta Corte concuerda con la posición de la autoridad reguladora en el Oficio N°12.954, en cuanto a que, pese a la apostilla que certifica la firma del notario chileno, dicho documento no emana de la autoridad previsional competente del país de origen y, por tanto, no constituye un medio idóneo para acreditar la afiliación y cobertura previsional requerida por la ley.

En relación a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora. Esta conclusión se encuentra en línea con la jurisprudencia invocada por la recurrida, que ha sido consistente en rechazar la validez de documentos que no cumplen con los requisitos formales de legalización o apostilla, o que no emanan de la autoridad competente, en casos idénticos o análogos.

SEXTO: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, específicamente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como lo es la Superintendencia de Pensiones, facultada expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes permite concluir que los documentos acompañados no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento y validez, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la Ley N°18.156 y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones, pues no se encuentran debidamente autorizados ni apostillados, y, respecto de la declaración jurada acompañada, ésta carece de idoneidad para los fones que se persigue.

OCTAVO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP Modelo, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

NOVENO: Que, por lo demás, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección en favor de doña nombre reservado, interpuesto en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

Protección – N°21.827-2025.