nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado de nacionalidad venezolana, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la resolución de fecha 23 de septiembre de 2025, mediante la cual la recurrida rechaza verbalmente la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida proceder a devolver a su representado, dentro de tercero día, los fondos previsionales cotizados que estuvieren en el supuesto de la Ley N° 18.156, dictando para ello la resolución que en Derecho corresponda.

En cuanto a los antecedentes expone el recurrente que es profesional técnico extranjero y que solicitó se le aplicara la exención de cotización de fondos previsionales dispuesta por la Ley N° 18.156, pidiendo la devolución de los fondos cotizados. Para ello, acompañó copia apostillada de su título profesional, su contrato de trabajo con un anexo en el que declaró encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entidad que, según la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de Venezuela y la Ley de Seguro Social de Venezuela, garantiza prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Adicionalmente, acompañó un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales expedido por dicho Instituto, el cual posee un código de verificación que permite validar su autenticidad y vigencia directamente en la página web del IVSS. Señala que, dado que este documento no tiene firma electrónica avanzada, esta parte hizo que la Notario Claudia Paola Olguín Vargas certificara que se ingresó a la página "www.ivss.gov.ve", desplegándose la Constancia electrónica de cotizaciones del protegido, lo cual, a su juicio, constituye una constatación de hechos personales realizada por ministro de fe con plena validez probatoria.

Sostiene que la AFP recurrida, al rechazar la devolución, condicionó la misma a que dicho certificado de afiliación se encuentre debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que considera una exigencia arbitraria e ilegal, argumentando que introduce un requisito no contemplado en la ley y excluye una forma de verificación idónea y accesible. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en un caso similar, acogió un recurso de protección al considerar que la verificación web de un certificado del IVSS por parte del tribunal era suficiente para acreditar la afiliación, y que la insistencia en la apostilla resultaba desproporcionada y arbitraria, perturbando el derecho de propiedad.

Por lo que pide, en consecuencia, se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando sobre el recurso de protección, la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitó el rechazo total de la acción, con expresa condena en costas.

Fundamentó su petición en dos líneas argumentales principales: en primer lugar, que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio; y en segundo lugar, en subsidio, que su representada no ha incurrido en una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, actuando en estricto cumplimiento de la ley y la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la improcedencia de la acción cautelar, sostuvo que la materia reclamada excede el ámbito de un recurso de protección, diseñado como un medio pronto y eficaz para amparar derechos o garantías ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, y no para discutir la constitucionalidad de cuerpos normativos o solicitar declaraciones de derechos de lato conocimiento, citando doctrina y jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Argumentó que en autos no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido, lo cual impide su resolución por esta vía.

Respecto a la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios, expuso que Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, don nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156. Precisó que el rechazo, de fecha 23 de septiembre de 2025, se debió a la falta de constancia de afiliación vigente, la cual debe estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Aclaró que el documento aportado por el afiliado, una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, no constituyen el documento solicitado, ya que, según el Oficio N°5376 de la Superintendencia de AFP y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura en el país de origen.

Precisa que se requiere una certificación específica de la autoridad previsional competente que señale la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo de servicio en Chile.

Enfatizó que las certificaciones electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sin legalización o apostilla, sin señalar coberturas específicas o periodos determinados, y sin firma, no son válidas. Destacó que, desde el 30 de agosto de 2016, Venezuela es Estado Parte del Convenio de la Apostilla. En cuanto a las declaraciones juradas, indicó que, aun cuando estén certificadas por notario chileno y apostilladas, no son idóneas, pues la acreditación de la cobertura previsional debe emanar de la autoridad previsional competente.

En el ámbito del derecho, la recurrida invocó el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que crea el Sistema de Pensiones, señalando que la afiliación es una relación jurídica que origina derechos a prestaciones y la obligación de cotizar. Recalcó que el artículo 23 del DL 3.500 prohíbe a las Administradoras de Fondos de Pensiones ofrecer u otorgar pensiones o beneficios distintos a los expresamente reconocidos en la ley, siendo su objeto exclusivo administrar fondos y las prestaciones que la ley establece, lo que se complementa con los artículos 34 y 51 del mismo cuerpo legal y el artículo 64 de su Reglamento, que disponen que los fondos están destinados únicamente al financiamiento de las prestaciones establecidas por ley.

Agregó que el artículo 3° del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social atribuye a la Superintendencia de Pensiones la función de interpretar la legislación e impartir normas generales, y que el Compendio de Normas de dicha Superintendencia (Libro II, Título XI, artículo 1° letra b)) exige que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 se acredite mediante certificación legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Finalmente, la recurrida sostuvo que el actuar de Provida no es ilegal ni arbitrario, pues se limita a observar el cumplimiento copulativo de los requisitos de la Ley N° 18.156 para la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros.

En síntesis, la recurrida concluyó que la acción de protección no cumple con los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, vale decir, existencia de acto u omisión ilegal y arbitraria; producción de agravio; privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, por lo que solicitó su total rechazo con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

QUINTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado y la certificación notarial de la misma.

SEXTO: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SÉPTIMO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

OCTAVO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En efecto, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

NOVENO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, cuestión que determina que la acción de protección deba ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21826-2025.