nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Linda Quintero Mogollón, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida, por la resolución de fecha 26 de septiembre de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, pidiendo que dicha decisión sea dejada sin efecto, y se ordene a la recurrida, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de fondos pedida.

Explica que el 10 de septiembre de 2025 ingresó una solicitud ante la recurrida, con el objeto de obtener la devolución conforme al artículo 1 de la Ley N° 18.156, acompañando su contrato de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y certificado del sistema de seguridad social de su país de origen.

Que la recurrida envió una carta, en respuesta al requerimiento de la Superintendencia de Pensiones, en que rechazaba lo pedido, indicando que se debía acompañar certificado de afiliación, apostillado o legalizado. Ante esto se ingresó reclamo ante la Superintendencia, que motivó respuesta, en donde se informa que el documento acompañado no acredita que durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile, hubiese podido acceder a la cobertura para contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte.

Sostiene que el hecho de que el documento no estuviese legalizado ni apostillado se debe a una imposibilidad material, toda vez que no existe representación consular de Venezuela en Chile, por lo que se configura un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, siendo la exigencia que hace la recurrida arbitraria e ilegal. Además, la vigencia del documento puede ser verificada en la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tanto por el código de verificación como con el número de cédula de identidad venezolana.

En consecuencia, en el caso se vulnera el derecho de propiedad de la actora a sus fondos previsionales.

Segundo: Que evacuando el informe, comparece el abogado don Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, fundado principalmente en la improcedencia de la acción cautelar para resolver materias de lato conocimiento, y la inexistencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para debatir cuestiones técnicas, controversiales y de interpretación legal, como las que se vinculan al sistema previsional y sus normas específicas. Precisa que la acción de protección es una herramienta cautelar, destinada a otorgar amparo inmediato frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren derechos constitucionales en forma clara e indubitada, lo que no ocurre en la especie.

Afirma que Provida actuó dentro del marco de la legalidad, observando estrictamente la normativa aplicable, en particular la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia del ramo. Indica que dicha ley, de carácter excepcional, permite a los técnicos extranjeros solicitar la devolución de sus cotizaciones sólo si cumplen copulativamente con los requisitos previstos en su artículo 1°, esto es: (a) ser técnico acreditado con título debidamente legalizado; (b) estar afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (c) haber manifestado en su contrato laboral su voluntad de mantener dicha afiliación.

Explica que la solicitud de la recurrente fue rechazada porque no cumplió íntegramente con el segundo de dichos requisitos, al no haber acompañado certificado de afiliación a sistema de seguridad social extranjero, que estuviese apostillado o legalizado.

Estima que no concurre ninguno de los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política para la procedencia del recurso: ni la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ni la producción de un agravio, ni menos la vulneración de una garantía constitucional. Destaca que su representada ha actuado conforme a derecho, sin desconocer ni perturbar el derecho de propiedad de la recurrente, pues su actuación se limita a exigir el cumplimiento de los requisitos legales para el retiro de fondos.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto, fijando los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida pide un documento que dé cuenta de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, que cubra las contingencias que se indica en la norma, no habiéndose cumplido este último requisito por parte de la protegida mediante la aportación del certificado respectivo, que se encuentre apostillado o legalizado, de modo de acreditar fehacientemente dicha circunstancia, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición de la actora.

Séptimo: Que examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21824-2025.