Protección contra Liceo nombre reservado y de la Fundación Educacional nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Compareció el abogado don Sebastián Alejandro Fernández, en representación de doña nombre reservado (por su hija nombre reservado) y de don nombre reservado (por su hija nombre reservado), e interpuso acción constitucional de protección en contra del Liceo nombre reservado y de la Fundación Educacional nombre reservado, en su calidad de sostenedora, fundado su en la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 10 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que las adolescentes, estudiantes de cuarto medio del referido establecimiento, fueron víctimas de agresiones físicas, verbales, acoso escolar (bullying) y ciberacoso por parte de un grupo de compañeras. Señala que los hechos más graves tuvieron lugar entre el 11 y el 12 de septiembre de 2025, en el marco de la preparación y ejecución de un baile institucional, donde la alumna nombre reservado fue coaccionada por un docente para entregar su vestimenta y, posteriormente, agredida físicamente por sus pares.

Añade que dicha agresión derivó en una campaña de hostigamiento sistemático a través de redes sociales con insultos de carácter xenófobo y denigrante en contra de nombre reservado y de su amiga nombre reservado.

Reprocha a las autoridades del establecimiento educativo, en particular a su director, profesor Jefe, docentes y encargado de convivencia escolar, una actitud negligente y pasiva, acusando que no aplicaron oportunamente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), no adoptaron medidas de resguardo a favor de las víctimas y no sancionaron a las agresoras. Indica que esta omisión institucional provocó graves secuelas psicológicas en las afectadas, derivando en crisis de angustia y el cese de su asistencia a clases a partir del 30 de septiembre de 2025.

Finaliza solicitando que se ordene al establecimiento la aplicación estricta de sus protocolos, la imposición de sanciones a los agresores, la instrucción de sumarios contra los funcionarios negligentes y la adopción de medidas de resguardo y reparación.

SEGUNDO: Evacuando el informe requerido, compareció don nombre reservado en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción, acompañando además el informe evacuado por el Rector del Liceo nombre reservado, señor nombre reservado.

En primer lugar, argumenta que la acción de protección no constituye una instancia idónea para dilucidar hechos controvertidos derivados de un conflicto complejo de convivencia escolar que requiere ponderación probatoria, toda vez que existen múltiples intervinientes y versiones contradictorias. Al respecto, el rector sostiene que la jurisprudencia ha establecido que esta acción cautelar y de urgencia no está destinada a revisar, sustituir o corregir procedimientos administrativos o disciplinarios legalmente tramitados por la autoridad educativa en ejercicio de sus potestades técnicas. Adicionalmente, arguye la improcedencia de este mecanismo constitucional como vía paralela, haciendo presente que la propia parte recurrente ya formalizó una denuncia ante la Superintendencia de Educación (rol CAS- NUM000), organismo legalmente competente que mantiene el proceso en actual tramitación.

La institución educativa niega categóricamente la configuración de una situación de acoso escolar, argumentando que no concurren los presupuestos normativos exigidos para ello, tales como la reiteración en el tiempo, la asimetría de poder entre las partes y una intencionalidad sistemática de dañar o excluir. Por el contrario, detalla que la investigación arrojó que el conflicto tuvo un origen circunstancial, aislado y recíproco, suscitado el 12 de septiembre por una descoordinación organizativa durante el baile de los cuartos medios, instante en el cual la alumna nombre reservado empujó a otra estudiante, desencadenando una serie de reacciones inadecuadas entre compañeras carentes de asimetría de poder. Asimismo, el establecimiento refuta la supuesta inacción institucional denunciada, acreditando que el mismo día de los acontecimientos se activó de forma inmediata el "Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso o violencia escolar" y se desarrolló una investigación objetiva, exhaustiva y protocolizada que contempló la revisión de cámaras de seguridad y múltiples entrevistas a los involucrados.

En lo relativo a las imputaciones sobre vulneración de garantías fundamentales, el informante desvirtúa detalladamente cada una de ellas. Sobre la integridad psíquica, indica que los recurrentes no acompañan antecedentes clínicos o periciales idóneos que acrediten un daño, añadiendo que el liceo sí adoptó medidas de apoyo psicosocial, como "Diálogos Formativos". Respecto a la igualdad ante la ley, expone que no existió discriminación ni arbitrariedad, puesto que se aplicaron sanciones debidamente fundadas a distintas estudiantes de manera proporcional y objetiva según el nivel de participación de cada una. En torno al derecho a la honra, argumenta que el procedimiento disciplinario fue de carácter reservado y ajeno a cualquier exposición pública o estigmatización institucional, precisando que las difusiones en redes sociales corresponden a conductas de terceros no imputables al establecimiento. Finalmente, en lo concerniente al derecho a la educación, aclara que en ningún momento se dispuso la expulsión, cancelación de matrícula o privación del servicio educativo de las alumnas, limitándose la entidad a aplicar medidas disciplinarias temporales en estricto apego a su Reglamento Interno.

A mayor abundamiento, cuestiona la procedencia de las medidas solicitadas por los actores, enfatizando que resulta jurídicamente inviable ordenar la instrucción de "sumarios administrativos". Sobre este punto, aclara que el liceo es un establecimiento particular subvencionado sujeto a derecho privado y al Código del Trabajo, por lo cual carece de la estructura sancionatoria propia de la Administración del Estado, haciendo improcedente dicha figura legal. Concluye indicando que aceptar las peticiones del recurso implicaría desnaturalizar la acción cautelar, llevando a que la Corte sustituya indebidamente al sostenedor y a la autoridad educacional en sus potestades reglamentarias.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar de naturaleza excepcional y de tramitación expedita, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha norma enumera, frente a acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza de tales prerrogativas, debiendo la Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Atendida la naturaleza de urgencia de esta acción, se ha sostenido de manera invariable que, para que el recurso de protección prospere, debe existir un agravio actual y una situación fáctica susceptible de ser modificada o remediada mediante la intervención de esta Corte.

Si durante la tramitación del proceso varían las circunstancias de hecho que motivaron la interposición de la acción, de tal manera que resulta imposible retrotraer las cosas al estado anterior o dictar medidas cautelares efectivas, se produce lo que se denomina "pérdida de oportunidad" o carencia de objeto.

QUINTO: Analizados los antecedentes de autos, fluye con claridad que la controversia se originó a raíz de conflictos de convivencia escolar ocurridos en los meses de septiembre y octubre de 2025, involucrando a alumnas que cursaban el nivel de cuarto año medio.

SEXTO: Que, tal como lo ha reconocido expresamente la propia parte recurrente en su presentación de folio 17, el año escolar 2025 concluyó y las alumnas y alumnos involucrados en los hechos denunciados han egresado definitivamente del establecimiento educacional.

La consolidación de dicha situación fáctica genera la pérdida de oportunidad de la presente acción tutelar. En efecto, las peticiones principales del recurso consistían en medidas de resguardo inmediatas consistentes en separación de salas, expulsión o reubicación de las alumnas agresoras y planes de reintegración escolar para las recurrentes. Al haber egresado los estudiantes y encontrarse finalizado el ciclo escolar, resulta física, legal y materialmente imposible para esta Corte adoptar dichas providencias.

SÉPTIMO: En cuanto a la solicitud formulada en subsidio por la parte recurrente, relativa a ordenar medidas de reparación simbólica (disculpas públicas) y la instrucción de sumarios administrativos o destitución de docentes y directivos, cabe señalar que el recurso de protección no es un juicio declarativo de responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que excede la naturaleza cautelar de esta vía.

Asimismo, consta en autos que los recurrentes ya han activado las vías institucionales correspondientes ante la Superintendencia de Educación, órgano fiscalizador competente para aplicar las sanciones que en derecho correspondan por eventuales infracciones al deber de cuidado o a los protocolos del Reglamento Interno.

OCTAVO: En consecuencia, habiendo perdido oportunidad la acción de protección por la cesación del contexto temporal y espacial en que se desenvolvían los hechos (el término del año escolar y egreso de las alumnas), esta Corte se encuentra impedida de dictar medidas de resguardo eficaces, lo que conduce ineludiblemente al rechazo del recurso deducido, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de las conductas denunciadas, quedando a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la sede administrativa u ordinaria que corresponda.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sebastián Alejandro Fernández en representación de nombre reservado y de nombre reservado, en favor de sus respectivas hijas, en contra de la Fundación Educacional nombre reservado y el Liceo nombre reservado.

Procédase a anonimizar la sentencia, en los términos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21803-2025.