nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., Rol Único Tributario N° 76.240.079-0, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en la decisión de rechazar su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero, adoptada mediante comunicación electrónica de 16 de septiembre de 2025.

El acto recurrido, a su juicio, vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

En cuanto a los antecedentes, expone que la recurrente solicitó de manera presencial ante la AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales, estimando dar cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156. Invoca su calidad de profesional extranjero afiliado a un sistema de seguridad social en su país de origen, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y manifiesta su voluntad de mantener dicha afiliación, acompañando al efecto el contrato de trabajo y anexo, una declaración jurada notarial debidamente apostillada manifestando su afiliación y voluntad de mantenerla, un certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado, y su título profesional también apostillado. Señala que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos legales.

Indica que la recurrida justificó su negativa mediante comunicación electrónica de fecha 16 de septiembre de 2025, argumentando lo siguiente: "Incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156: No se acompañó documentación que acredite que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte".

Específicamente, la AFP señaló que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" otorgada por el IVSS no indica que, en caso de enfermedad, la recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. Adicionalmente, la recurrida arguyó que la referida Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile.

A juicio de la recurrente, esto constituye un actuar arbitrario e ilegal, en cuanto la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida impone requisitos adicionales y formalistas que la ley no contempla, desconociendo que la constancia electrónica puede ser validada digitalmente mediante un código alfanumérico en el portal oficial del IVSS, así como con la cédula de identidad venezolana. Argumenta igualmente que la exigencia de apostilla es de imposible cumplimiento dada la actual ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso de fuerza mayor, citando jurisprudencia que avalaría su postura en casos similares y destacando que otras AFP han acogido solicitudes bajo las mismas condiciones.

Concluye afirmando que el actuar de la recurrida infringe la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad al impedirle disponer de sus ahorros previsionales, por lo que pide se acoja el recurso en los términos planteados.

SEGUNDO: Que, evacuando informe la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas. Sostiene que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario, por cuanto su proceder se ha ajustado estrictamente a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la solicitud fue rechazada por cuanto la recurrente no acreditó el cumplimiento del requisito esencial de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Específicamente, señala que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del IVSS no indica expresamente que, en caso de enfermedad, el afiliado cuente con cobertura de prestaciones médicas y pecuniarias, conforme a las directrices de la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, advierte que, conforme a los dictámenes de la Superintendencia de Pensiones y al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos legales en el país. Agrega que un recurso de protección no es la vía idónea para debatir el cumplimiento de requisitos legales sujetos a ponderación administrativa y que el acto impugnado carece de la ilegalidad o arbitrariedad denunciada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Así, son presupuestos esenciales de esta acción: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ello se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y c) que dicho derecho esté señalado expresamente en la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros. Su artículo 1° dispone que estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan condiciones copulativas: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley habilita la devolución de los fondos previsionales a quienes cumplan con las exigencias del referido artículo 1°.

QUINTO: Que, de acuerdo a las directrices de la Superintendencia de Pensiones, cuyo cumplimiento es obligatorio para las Administradoras, la acreditación de la cobertura previsional en el extranjero exige que el trabajador demuestre haber contado con dicha protección durante toda la vigencia de su prestación de servicios en Chile. Asimismo, es exigencia expresa de la autoridad fiscalizadora que, tratándose de la contingencia de enfermedad, la certificación precise que ésta incluye prestaciones médicas y pecuniarias, debiendo presentarse dichos documentos con las formalidades legales de legalización o apostilla.

SEXTO: Que, al examinar el mérito de los antecedentes aportados, si bien se reconoce la alegada imposibilidad material de obtener el apostillado del documento debido a la situación diplomática actual entre Chile y Venezuela, y la verificabilidad electrónica de la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esta no cumple con una de las exigencias sustantivas prescritas por la normativa. En efecto, el contenido mismo de la constancia resulta insuficiente al no detallar expresamente que la cobertura de enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, como lo instruye de manera imperativa el órgano regulador y como requisito implícito de la Ley N° 18.156 para acreditar la equivalencia de prestaciones. La sola acreditación de afiliación no sustituye la necesidad de especificar la amplitud de las prestaciones cubiertas, particularmente en lo que respecta a la doble naturaleza, médica y pecuniaria, de la cobertura por enfermedad.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. no obedece a un mero capricho, desproporción o falta de fundamento, ni constituye una vulneración de la normativa vigente. Por el contrario, la AFP se ha limitado a dar estricta aplicación a los requisitos que la ley, los reglamentos y la Superintendencia del ramo imponen para acceder a un régimen de excepción que implica, ni más ni menos, que la restitución anticipada de fondos que, por regla general, son inembargables y de destinación exclusiva para pensiones.

OCTAVO: Que, al existir dudas razonables y justificadas sobre la concurrencia de los presupuestos sustantivos previstos en la Ley N° 18.156, específicamente en cuanto a la acreditación de la extensión y alcance de las prestaciones de enfermedad, la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente que pueda ser tutelado mediante la presente vía de urgencia. La existencia de controversia acerca de si la certificación foránea satisface o no el umbral legal de cobertura, así como la interpretación de las exigencias de la Superintendencia de Pensiones, transforma la pretensión de la actora en un asunto que debe ser ventilado en un procedimiento de lato conocimiento o ante la autoridad administrativa competente, y no a través del recurso de protección. Por consiguiente, al no advertirse ilegalidad ni arbitrariedad, la acción intentada deberá ser necesariamente desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 21798-2025.